Lo que oculta el humo en los “incendios rurales”

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En Chile, Arauco y Mininco tienen concentrado el 90% de los monocultivos forestales, sumando 1.776.856 hectáreas de plantaciones desde la VI a la X región, con 8.139 predios de potencial combustible. Es por ello, que es de suma importancia que comiencen a poner en práctica su discurso y compromisos adquiridos, y a darle más importancia a lo social y ambiental, con medidas como no plantar hasta los bordes de camino, ni cerca de las casas de las comunidades aledañas, implementando cortafuegos con distancias considerables que cumpla con esa misión.

Durante los meses de verano, los incendios forestales toman tribuna privilegiada en los medios de comunicación y en gran medida, el análisis de sus causas y consecuencias se focalizan en el patrimonio de las empresas forestales. Sin embargo, al llamarlos “incendios rurales” la mirada cambia, ya que esta denominación permite integrar no sólo a las grandes superficies de monocultivos, sino también a las familias campesinas que bajo estos eventos, ven en riesgo su vida y sus sistemas productivos, sumado a la pérdida irreversible de ecosistemas naturales, que se han formado durante cientos de años.

Terminamos el año 2013 trágicamente, con un incendio que afectó a la provincia de Arauco y que tiene en alerta a las localidades de Llico, Rumena y Punta Lavapié, con un impacto de más de 3.000 hectáreas destruidas. Esta catástrofe, comenzó hace unas semanas en el predio Quinoguén de Forestal Arauco, empresa certificada por FSC, y afectó directamente a 143 personas, que vieron cómo se quemaron sus plantaciones, siembras, animales y otros elementos fundamentales para su diario vivir. Es decir, el sustento de su reproducción familiar.

Uno de los compromisos que tienen las empresas forestales con el sistema de certificación de buen manejo forestal FSC, es cumplir con el estándar donde se menciona (indicador 7.1.7), que el plan de ordenación forestal debe contemplar la prevención y control de incendios que considere a los menos: cartografía, vientos dominantes, cortafuegos, identificación de áreas de mayor riesgo por comunidades cercanas y de uso agrícola. Para ello, éstas deben tener sistemas eficientes de prevención, comunicación y combate de incendios.

Esto es más exigente que las leyes ambientales, forestales y de seguridad que tenemos en el país: ¿pero qué ocurre con estos sistemas de certificación, si igual se siguen quemando superficies que afectan a la seguridad de las comunidades locales? ¿Se está cumpliendo el accionar del sello FSC respecto a lo que se promete a la ciudadanía? Sin duda, estas preguntas evidencian problemas de fondos que aún no han sido resueltos.

Desde un punto de vista técnico, el combustible es uno de los elementos básicos para que exista un incendio. En este caso, tanto las plantaciones de pino y eucalipto son un combustible homogéneo, se encuentran en grandes superficies continuas, plantados a una densidad de 1.600 árboles por hectáreas, y en muchos casos encierran a pequeñas propiedades, pasando éstas a ser “parte” del combustible.

Las empresas, voluntariamente se han comprometido a cumplir el estándar de FSC que exige preocuparse de las comunidades aledañas, pero en la práctica, ellas sólo protegen su patrimonio forestal, a través de sus equipos de combate. Para salvaguardarse de las pérdidas económicas que causan estos eventos, las empresas cuentan con seguros que cubren su patrimonio, pero en ningún caso el de terceros. Vale decir, ni el seguro ni la empresa forestal reponen las pérdidas de las familias campesinas, como casas, cultivos, galpones, ganado, entre otros.

En Chile, Arauco y Mininco tienen concentrado el 90% de los monocultivos forestales, sumando 1.776.856 hectáreas de plantaciones desde la VI a la X región, con 8.139 predios de potencial combustible. Es por ello, que es de suma importancia que comiencen a poner en práctica su discurso y compromisos adquiridos, y a darle más importancia a lo social y ambiental, con medidas como no plantar hasta los bordes de camino, ni cerca de las casas de las comunidades aledañas, implementando cortafuegos con distancias considerables que cumpla con esa misión. Además, deben considerar como factor muy relevante que sus equipos de combates prioricen la vida humana antes que el patrimonio forestal, incluyendo la de los propios brigadistas.

Son varias las acciones que se deben tomar en cuenta, y sin duda los expertos deben opinar y contribuir para mejorar las políticas de prevención y combate de incendios, que hoy por hoy están siendo tan cuestionadas. Pero para lograr la prevención y protección de “incendios rurales”, bajo los estándares de sustentabilidad comprometidos, se deben considerar de igual forma el plano social y ambiental, con la misma preponderancia que lo hacen con lo económico.

* Entrada escrita por Pilar Cárcamo, presidenta de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo

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Foto: Wikimedia Commons