Lo que está en juego, en realidad, es si se continuará privilegiando a los dueños del interruptor, permitiéndoles pasar a llevar con sus grandes infraestructuras los derechos de los pequeños propietarios rurales, el espíritu del Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa a las comunidades indígenas, y la integridad de nuestras áreas silvestres protegidas. Eso, entre las principales materias en discusión.
Este martes se inicia la etapa final del proyecto que agiliza las concesiones eléctricas, que fuera diseñado por el Ejecutivo pensando en la viabilización de los grandes y controversiales proyectos energéticos, particularmente HidroAysén y Energía Austral. En esta tarea ha encontrado aliados naturales en una mayoría de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente. Y también en gran parte de los senadores de la Democracia Cristiana, quienes han dado sus votos para aprobar el articulado siguiendo las directrices del gobierno, tanto en el pleno como en las distintas comisiones en que se han involucrado.
A pesar de lo planteado por sus impulsores, en esta iniciativa legal no se juega el futuro del suministro eléctrico de Chile, que más bien pasa por cambiar el modelo eléctrico global que privilegia negocio energético de algunos por sobre el bien común de muchos. Lo que está en juego, en realidad, es si se continuará privilegiando a los dueños del interruptor, permitiéndoles pasar a llevar con sus grandes infraestructuras los derechos de los pequeños propietarios rurales, el espíritu del Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa a las comunidades indígenas, y la integridad de nuestras áreas silvestres protegidas. Eso, entre las principales materias en discusión.
A partir de la votación de esta semana veremos si Chile realmente cambió. Porque el ojo de las organizaciones y las comunidades estará puesta en cada uno de los votos de los diputados y senadores. Qué artículos apoyan, cuáles rechazan, sus abstenciones, inhabilidades, ausencias y pareos. Porque, no seamos ingenuos, a estas alturas del partido los ciudadanos entendemos algo de la técnica legislativa, que va muchos más allá de la simple redacción de las leyes. En nuestro caso, como región, veremos y difundiremos con claridad las decisiones que adopten los diputados David Sandoval y René Alinco (particularmente en la defensa de los derechos de los pobladores), y de los senadores Antonio Horvath y Patricio Walker.
Como está planteada la iniciativa legal, y a pesar de lo señalado por el gobierno y sus aliados, aumentará la judicialización de los proyectos energéticos y generará mayor oposición de las comunidades a las infraestructuras energéticas, pagando justos por pecadores. Esto último porque el aumento del rechazo será tanto a los grandes proyectos como a los de energías renovables no convencionales.
Porque, ¿alguien cree que por arte de magia legislativa terminará el rechazo a iniciativas que pasan por sobre territorios y derechos que la ciudadanía considera esenciales? ¿O que ante leyes injustas, como la mencionada, será aceptada su ejecución sin más? ¿Qué se permitirá que se vulnere así como así nuestro excepcional patrimonio natural y su biodiversidad?
Por cierto que no, y para ello no hay que ser sociólogo ni erudito. Baste recordar la historia, lo que ocurrió en plena Revolución Francesa con el Manifiesto de Brunswick, aquel ultimátum que el ejército prusiano envió al pueblo galo para que desistiera de sus anhelos de libertad. El resultado fue todo lo contrario a los esperado: la bravata acrecentó la ira de los ciudadanos, que redoblaron sus ímpetus de liberación e iniciaron definitivamente el camino hacia el fin de la monarquía.
Porque una ley injusta sólo incita a la rebelión.
Al parecer a este gobierno poco le interesa aquello. Da la impresión que sólo busca dar una señal a los dueños del enchufe. Y si hay mayor oposición en el futuro mediato, ¡eso será tarea del próximo gobierno! Al cual, todo indica, ellos no están invitados.
Una ley justa y estratégica (que prevenga conflictos futuros, no que los potencie) debe enfocarse a terminar con las barreras de entrada a otras fuentes y actores, a un sistema nacional de transmisión y de generación distribuida (para redistribuir las fuentes pero también la riqueza energética), a un Centro de Despacho Económico de Carga democrático y transparente, y no controlado por empleados de las empresas. También, a finalizar con la política del costo marginal y utilizar el costo medio, fomentar con fuerza las energías renovables no convencionales y el uso eficiente de la energía, recuperar el rol del Estado en la planificación estratégica, la regulación y el ordenamiento territorial, y definir una estrategia de transición que concilie intereses en el tránsito desde la situación vigente a una matriz sustentable.
Eso es pensar en el Chile del presente y del futuro. La Ley de Concesiones actual, la que quieren aprobar algunos parlamentarios, va precisamente en la dirección contraria.
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Comentarios
12 de agosto
Otro confundido.
La ley de concesiones se refiere a las etapas de construcción, la autorización para pasar a esta etapa viene de antes, del estudio de impacto ambiental, que es donde se discute el trazado, impactos ambientales, se efectúan las consultas a los pueblos originarios, y se aprueba o rechaza el proyecto.
La construcción de proyectos –ya aprobados en la etapa anterior- de cientos de kilómetros de extensión, ya sea carreteras, oleoductos, gasoductos o tendidos eléctricos, para centrales hidráulicas o solares, hacen necesario establecer servidumbres de paso sobre cientos de predios, los que son indemnizados. El monto lo define, finalmente, un tribunal. Obviamente la decisión de construir el proyecto no puede depender de la buena o mala voluntad de un propietario en particular, si así fuera no tendríamos ningún camino y tampoco tendríamos la línea de alta tensión hoy existente de Puerto Montt al Norte.
Los «Derechos de los pequeños propietarios rurales» ¡Cuantos crímenes se intentan cometer en tu nombre!
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