Las concesiones mineras en Aysén

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La situación es complicada, porque se entiende -y en esto estamos claros-, que existen muchas empresas transnacionales que tienen como objetivo final intervenir la región a como dé lugar para extraer los recursos naturales, sin tomar en cuenta a los pobladores y sus emprendimientos.

En Aysén, el tema de las concesiones mineras ha llegado al escenario regional y se suma a la problemática de transnacionales como HidroAysén y Energía Austral que pretenden represar los ríos más emblemáticos (Baker y Pascua en el sur, Cuervo, Blanco en el centro costero) y destruir la calidad escénica y ambiental de la región.

Estas mismas transnacionales, al solicitar las concesiones para el tendido eléctrico para transportar la energía al norte del país, solicitan a la vez como medida de defensa y como inversión con grandes dividendos económicos las concesiones mineras del subsuelo que abarca todo el tendido eléctrico que pasaría por Aysén. Esta realidad tiene muy preocupados a los habitantes que viven en la superficie, sobre cómo se podrían enfrentar de manera profesional a estas grandes empresas transnacionales, por el posible uso indiscriminado del subsuelo, que provocaría a futuro a la región un daño invaluable a su patrimonio ambiental y social, afectando tremendamente la proyección de vida de las comunidades, que se sustentan en la calidad ambiental y escénica de la superficie y de las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas.

Las explicaciones entregadas por las transnacionales a los pobladores en algunas reuniones no han sido satisfactorias. Han prometido liberar algunas concesiones al subsuelo, pero los dichos no han sido confirmados en forma oficial y sin ningún documento que avale la intención. La situación es complicada, porque se entiende -y en esto estamos claros-, que existen muchas empresas transnacionales que tienen como objetivo final intervenir la región a como dé lugar para extraer los recursos naturales, sin tomar en cuenta a los pobladores y sus emprendimientos.

Esta realidad significa en la practica, que si algún emprendedor turístico, agrícola o ganadero que está hace décadas trabajando y sustentándose en sus respectivas actividades pretendiera emprender un nuevo proyecto o aumentar el que tiene, tendría que amoldarse al pedido de las concesiones mineras del subsuelo y no a la inversa, simplemente porque la ley de concesiones mineras no se lo permitirá y pone los intereses del subsuelo antes que las de los propios pobladores y sus actividades en la superficie. De acuerdo con las prioridades actuales bajo el marco jurídico que nos rige, las comunidades y sus emprendedores tienen todas las de perder ante el poder de las mineras, una tremenda injusticia para una región que vive y se proyecta históricamente de lo que se realiza en la superficie.

La ley de concesiones mineras es muy clara y abusiva, dando prioridad a sus procesos en una fase previa de exploración de muy alto rango, para después utilizar los recursos. Amparadas en la ley, estas empresas tienen la facultad de congelar un sin numero de proyecciones que puedan tener los dueños del terreno en la superficie en cuestión y el choque de intereses es de relevancia. Debemos tener la capacidad de anticiparlo para proteger la superficie y los innumerables emprendimientos que se desarrollan y que mantienen a los habitantes de la región desde el tiempo de la colonización.

El código minero actual tiene un peso legal histórico muy fuerte en Chile con mucha prioridad y que no duda en utilizar todo su poder para aplastar a las comunidades que se interponen en sus intereses. Basta con ver el tema del agua en el norte, las nefastas implicancias para esas comunidades y lo que realizan estas empresas para asegurar determinados emprendimientos, con la capacidad real de frenar otros proyectos que no se relacionen con esos intereses.

Pero no todo esta perdido. El senador por Aysén, Antonio Horvath Kiss (RN), esta consciente del problema y del choque de intereses de las comunidades ante la llegada de las mineras. Acaba de presentar en el Congreso nacional una reforma a la ley del código minero, precisamente para proteger las zonas turísticas, ganaderas y agrícolas que caracterizan a Aysén de norte a sur, de mar a cordillera, entendiendo que las zonas mineras no solo abarcan el norte del país como lo fue en el pasado histórico de Chile. Hoy esos intereses han llegado a los territorios australes como Aysén y Magallanes, necesitándose urgentemente mejorar la ley y hacerla más armónica y sustentable con la actual realidad de las otras regiones y sus diferentes procesos de desarrollo.

Muchas son las empresas interesadas en los minerales de Aysén, especialmente del oro, especialmente a empresas canadienses que trabajan en Aysén sin las respectivas y adecuadas fiscalizaciones. Tenemos a la empresa Gold Corporation, que tiene una concesión de 21 mil hectáreas en las comunas del sur de Aysén, Chile-Chico y Cochrane. La Anglo-Canadiense Patagonia Gold, que explora desde el año 2006 20.500 hectáreas cerca de la capital regional, Coyhaique, en el sector del lago Pólux, Castor y Thompson. También tenemos a la empresa Red Hill, que explora 5 mil hectáreas en el río Ibáñez en la cuenca del Baker, sumándose a la Compañía de aceros del Pacifico (CAP), que cuenta con más de 60 mil hectáreas para explotar el hierro en sectores cercanos al litoral aysenino.

La Cerro Bayo Minning Company, que trabaja desde hace años en el sector de Fachinal a orillas del lago General Carrera en la cuenca del Baker, cuenca compartida con la Argentina, extrayendo oro. Esta empresa ha sido acusada por muchas organizaciones ambientalistas de Argentina, de contaminar el lago General Carrera y el Buenos Aires, continuación de este lago en Argentina.