#Medio Ambiente

La presión e impacto de la contaminación, recomendaciones

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Para reforzar lo dicho anteriormente, el marco de la acción jurídica debería estar precedida de un reconocimiento de los derechos de la naturaleza: de que la protección de la naturaleza es el eje de nuestro planteamiento. En segundo lugar, las evidencias demuestran que hay que modificar la institucionalidad ambiental permitiendo que las autoridades asuman sus responsabilidades en forma individual, como ocurre con todas las instituciones públicas, terminando con las secretarías regionales (ex COREMAS) y el Consejo de Ministros. Esto contribuiría a terminar con los lobbies de algunos profesionales que no aportan al medio ambiente. En tercer lugar, el sistema de evaluación ambiental debe simplificarse y reforzar la actividad de control ambiental, no solo a los proyectos que han ingresado al SEA, sino reorientarlo hacia la protección ambiental, la naturaleza y sus recursos.


«El mecanismo y forma de cobrar al ciudadano, impide utilizar la tarifa como un instrumento económico para incentivar el reciclaje, o minimizar su generación, por ejemplo.»

-En relación con la contaminación atmosférica urbana los planes de descontaminación han sido insuficientes y no incorporan avances y estímulos tecnológicos, tales como centros de generación de calor, transformaciones de motores y otros. Para el tema de las fuentes fijas domiciliarias está claro que no basta con leña seca. Hay que incorporar a los ciudadanos a la generación distribuida.

-El tema de la gestión de la utilización y contaminación del recurso hídrico no está totalmente resuelto en la perspectiva de estas notas, pues el tema de la privatización del recurso desde su origen y a través de su uso como bien de mercado, ha demostrado que no permite resolver prioridades ambientales comprometidas y en disputa, con objetivos económicos de empresas individuales. En el caso sanitario, producción de agua potable y el tratamiento de las aguas servidas, ha permitido terminar con el problema de las enfermedades entéricas y proteger el medio ambiente, pero no sabemos hasta qué punto se han recuperado los ecosistemas y la calidad de vida de la población, pues no hemos sabido utilizarlos como centros de recreación y desarrollo o recuperación de ecosistemas naturales y el desarrollo de áreas verdes, por ejemplo.

-Así también, los incendios forestales, los aluviones que enturbian el agua potable, son algunas de las manifestaciones locales más conocidas del problema que nos aqueja, en los cuales una parte importante de la responsabilidad es por el cambio climático, problema generado por el hombre y sobre lo cual se ha dicho bastante y hecho muy poco.

-Curiosamente no existe Ley General de Residuos Sólidos y no hay normativa adecuada para la gestión de los residuos orgánicos (50% del total) ni regulación para el sistema tarifario. En la actualidad los niveles de recolección de los residuos sólidos (basura) como promedio nacional alcanza altos niveles, buena cosa. El transporte hacia los centros de disposición es elevado, aunque con un alto grado de ineficiencia por volúmenes y distancias, generando mayor CO2 que el necesario. La disposición de estos residuos sólidos se realiza en un 60-70% en rellenos sanitarios que cumplen estándares sanitarios más o menos aceptables, el resto en lugares y condiciones inaceptables. Algunos residuos industriales o de la minería se envían a los mismos rellenos de residuos domésticos o hacia algunos privados, siguiendo porcentajes similares de cumplimiento de la normativa. Los residuos peligrosos en un porcentaje elevado se envían a depósitos de seguridad o se exportan, según el caso, sin cumplir necesariamente con el convenio de Basilea, cuyo movimiento transfronterizo lo debe regular. Su eliminación o neutralización aún no es elevada.

El sistema tarifario que regula la gestión de los RS no cubre los gastos en que incurren las municipalidades y fija un bajo estándar de gestión y de real importancia que le asigna la población y su autoridad. El generador no paga su gestión, el más pobre financia al más rico. Bajo estándar que puede explicar buena parte de los riesgos que se asumen con su gestión que explican, por ejemplo, los incendios en los rellenos. Las tarifas al usuario no se regulan por el principio de quien contamina paga, la tarifa se estima a un valor por hogar, independiente de cuanto genere y el 80% de la población está exenta de su cobro pues está vinculada al pago de las contribuciones. Hay otros países más avanzados en la materia, como Ecuador, donde el cobro al usuario se vincula a tarifas del agua o electricidad, pues existe una estrecha correlación en las relaciones de consumo e ingreso económico del hogar. El mecanismo y forma de cobrar al ciudadano, impide utilizar la tarifa como un instrumento económico para incentivar el reciclaje, o minimizar su generación, por ejemplo. Por otra parte, decir que las tarifas para los gestores (los que recolectan, transportan y disponen los residuos) en Chile son un décimo de las de países desarrollados, no es una exageración. Modificar esta situación es una tarea política de mayor envergadura que deben entender los alcaldes y parlamentarios con conciencia ambiental, para convertir un cobro “gratis” a uno pagado. Los montos no son de consideración y en las encuestas realizadas a los usuarios, los sectores de menores ingresos están más dispuestos a asumir el alza que los sectores de altos ingresos, posiblemente por cuanto el impacto sanitario y ambiental es más evidente en los sectores de menos ingresos.

TAGS: #Energía #RecursosNaturales #Residuos #Sustentabilidad

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