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Si algo de positivo podemos rescatar de las diversas batallas medioambientales que se han dado en los últimos años a lo largo de todo Chile, es que se ha podido demostrar fehacientemente que una gran cantidad de proyectos de desarrollo, no contaban con los estudios de impactos ambientales (EIA) adecuados y profesionales para entrar en operación, demostrando que la ley es tremendamente deficiente al permitir que los mismos interesados realicen sus propios EIA y que además por medio de la misma ley, no se cuente con un mecanismo legal con la posibilidad de realizar una auditoría externa a los estudios presentados. No tengo la más mínima duda y como lo he sostenido siempre, de que nuestros queridos parlamentarios aprobaron esa la ley, solo para allanarles el camino a las transnacionales, de un formato de evaluación que invariablemente ha venido destruyendo la proyección de la mayoría de las comunidades, que han tenido la mala suerte de estar en el camino de estos intereses y que se entienda que el problema no radica en los proyectos propiamente tal. Y no es que las comunidades sean contrarias a la industria minera, energética y salmonera por molestar y no querer desarrollo; sí están en contra en la forma como se aprueban, se construyen y luego operan. Ahí está el problema de fondo, porque lisa y llanamente con los años, a pesar de todas las promesas y los juramentos, las comunidades se ven enfrentadas a la destrucción total.
Hoy al cambiar la esencia del país y su conciencia colectiva por decirlo de alguna manera, ha quedado en evidencia el mal manejo que se le ha dado a diversos proyectos mineros, energéticos y salmoneros en el país, que sólo pudieron concretarse a través de la manipulación de los respectivos EIA, en total detrimento de las comunidades bajo el lema “si dan trabajo no importa que destruyan las comunidades y su entorno”, discurso que tan evidentemente utilizó uno de los dueños del Banco Penta, Carlos Lavín, para tratar de justificarse ante la opinión pública por su actuar indecente al manipular el Congreso y sus miembros para lograr leyes que lo beneficiarán en sus negocios.
En esto está como cabeza de turco en la actualidad el caso de la mina Pelambres en el valle del Choapa del grupo Luksic, que hace 15 años destruyó la vida de los pueblos de Caimanes y Salamanca, con un proyecto muy mal evaluado y pésimamente ejecutado, dejando de lado totalmente los intereses y la proyección de las comunidades; en esta lista tenemos también a la transnacional Barrick Gold, que no lo ha hecho mal interviniendo el glaciar Pascua Lama, interviniendo la proyección y la sobrevivencia de todo el valle del Huasco. Lo aberrante de lo sucedido en Isla Riesco en la región de Magallanes, donde se permitió con un EIA adulterado, la construcción de la mina de carbón Invierno a tajo abierto, que en la actualidad es la más grande del planeta, con un carbón de pésima calidad, que destruyó la flora y fauna y la proyección comercial de la ganadería de esa hermosa isla, que antes de la despiadada intervención, era una reserva natural de biodiversidad. Estos ejemplos y existen muchos más, se han transformado en íconos redundantes de la falta de profesionalismo en los años pasados, de la forma en como se evaluaban los EIA, pasándose a llevar la constitución y el derecho de todo hombre, mujer, niño o niña, de vivir en un medio libre de contaminación y con proyección social
Lamentablemente el gobierno de Michelle Bachelet actuando de manera muy irreverente, jugando con la fe pública, se ha dado el lujo de aprobar una supuesta ley de Glaciares, que bajo la jerga actual es lo que podríamos reconocer como una ley «ideológicamente falsa», porque protege lo que ya está protegido, abarcando solo los glaciares que están en los Parques Nacionales, que bajo el tratado de Washington del que Chile es miembro desde 1961, estos glaciares están protegidos desde ese entonces por el tratado. La ley, y de ahí el porqué es ideológicamente falsa, no abarca como debería ser los glaciares que no están en los Parques Nacionales y eso es muy preocupante, porque los estaría dejando a merced de las transnacionales.
El medio ambiente es ante todo un bien social que nos pertenece a todos por igual, su cuidado está directamente relacionado con la proyección de nuestras vidas y de acuerdo a como nos relacionamos con él, determinamos nuestra calidad de vida y la proyección de todos nuestros emprendimientos sociales, comerciales, culturales y por qué no decirlo, históricos también. Todos los procesos de producción son parte de un solo quehacer que debemos saber conceptuar y protocolizar con el adecuado respeto ambiental de nuestros recursos naturales; todos deben contar con normas y reglamentos internos mucho más adecuados que los actuales, en pro de una concepción regional del hacer certificado en todas las formas de producción, para crear una visión más empoderada del control que necesitamos fortalecer, con una concepción más fundamentada de la debida protección de nuestros recursos naturales de lo que producimos y dejamos hacer, proyectándolo en forma positiva en nuestras comunidades.
Hasta ahora el proceso de regionalización solo ha sido un discurso ideológico más, que no se ha concretado entre tantas otras promesas realizadas al mundo regional por el gobierno de la Nueva Mayoría, produciendo desorientación en la forma en cómo se administran las regiones, que por ende genera mucho descontrol e incertidumbre.
Como país debemos tener la capacidad de crear una base de sustentación que permita defendernos de las malas prácticas ambientales, sociales y productivas, vengan de donde vengan; diseñando un modelo de desarrollo que respete lo que somos y nuestra cultura, para que se transforme finalmente en un proceso definitivo, reconocido y estable, para sustentar el desarrollo regional. El verdadero valor de una visión de desarrollo, debe pasar necesariamente por tener la posibilidad cierta de erradicar el cohecho que tanto daño nos ha hecho y lograr bajo ese sustento un cambio sustancial en la formulación de los diferentes proyectos de desarrollo; con responsabilidad ante nuestro propio destino, asumiendo ese liderazgo en nuestros fundamentos.
Hasta ahora el proceso de regionalización solo ha sido un discurso ideológico más, que no se ha concretado entre tantas otras promesas realizadas al mundo regional por el gobierno de la Nueva Mayoría, produciendo desorientación en la forma en cómo se administran las regiones, que por ende genera mucho descontrol y una incertidumbre que no beneficia en nada la formulación de estrategias de desarrollo adecuadas y sustentables.
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