Se entiende la política ambiental como aquel instrumento que establece “el condicionante natural” de las actividades humanas. La política ambiental en cada ámbito específico tiene como obligación la identificación de la función ambiental de borde para las actividades humanas, y de forma agregada para el desarrollo de la sociedad.
Los límites como paradigma de la política ambiental
Históricamente la problemática ambiental, de la que debe dar cuenta la política pública ambiental, se ha construido, de forma muy obvia, como una crisis en los equilibrios naturales provocado por actividades humanas diversas. Esto ha supuesto que el norte de la política ambiental sea la identificación de un límite de intervención humana, antrópica (del tipo que sea), por sobre el cual “lo natural” pierde alguna funcionalidad considerada valiosa. Límite que se transforma en el criterio de expansión posible de la actividad humana en cuestión.
Es decir, se entiende la política ambiental como aquel instrumento que establece “el condicionante natural” de las actividades humanas. La política ambiental en cada ámbito específico tiene como obligación la identificación de la función ambiental de borde para las actividades humanas, y de forma agregada para el desarrollo de la sociedad. De ahí que se haya tendido a entender que existe un potencial conflicto entre medio ambiente y desarrollo.
Implícita en este paradigma está la idea de que el propósito de la política ambiental es justamente evitar que la sociedad se vea abocada a una crisis ambiental derivada de cruzar esos límites que suponen un riesgo inasumible.
Así, es frecuente encontrar en el lenguaje de la política ambiental términos como límites de emisión, umbrales críticos, capacidad de carga, y sobre todo el criterio de sobre pasamiento de un límite de efecto sobre “lo natural” como criterio fuerte de decisión. Este fuerte imaginario ha dado lugar también a escritos tan emblemáticos como los Límites del Crecimiento (D.H. Meadows y D. Meadows, 1972), o a teorías economías como la de una economía en estado estacionario (Herman Daly, 1992), entre otros.
Para hacer operativo este paradigma es necesario poder construir los modelos de conocimiento que hagan viable identificar tales límites. En general esto sucede a partir un relato conceptual simple: hay dos realidades ontológicamente separadas, cual dos objetos que yacen el uno al lado del otro; una “lo natural” cualquiera sea el caso, y el otro un vector antrópico que afecta al anterior introduciendo alguna alteración en su funcionamiento. Por un lado está, por ejemplo, el clima global como sistema natural, y por el otro las emisiones de CO2 como vector antrópico que altera al primero.
El ejercicio racional consiste en identificar ojalá una curva de modificación del estado del sistema natural a partir de variaciones del vector antrópico, permitiendo establecer el umbral allí donde el cambio del sistema natural parece indeseable.
De forma bastante generalizada se considera que la definición del límite es endógena a la modelización, y no derivada de una valoración social del cambio del sistema natural.
Este modelo que a primera vista parece de sentido común, presenta una serie de disfuncionalidades.
La futilidad de los límites como elemento estructurador de la “política” de la política ambiental
La primera disfuncionalidad consiste en la relatividad de aquello que se puede considerar un límite razonable en la alteración del sistema natural en cuestión. Algo que en principio pudiera parecer simple, pues se hallaba implícito en la modelación del problema y pareciera desprenderse como un resultado objetivo del mismo, ha resultado ser mucho difuso, y sobre todo relativo. Los cambios en el sistema natural provocados por la acción antrópica pueden en algunos casos modelarse, en general con un más o menos discutible nivel de incertidumbre, pero la definición de cuál es el umbral de efecto que la sociedad debe imponerse ha sido y es social y subjetiva. Y lo es no por definición, sino de facto.
Sin embargo, el paradigma cognitivo que sustenta la toma de decisión del “límite” no incorpora activamente este hecho. Es decir, en general se tiende a justificar la decisión del ¨límite” impuesto, por ejemplo, de emisiones de un contaminantes, o de impacto sobre un ecosistema, por el efecto que produce, estimado con el grado de objetividad del caso, antes que porque ese límite sea socialmente legitimo por sobre cualquier otro.
Como si el efecto en sí mismo ya fuese una justificación suficiente, en tanto barrera fuerte que no es posible traspasar. Cómo si el efecto no diera lugar a una posible elección alternativa, pues afecta a la salud, a una determinada la calidad el ecosistema o cualquiera otra condición que obliga a establecerlo cómo tal límite. Transformándose así los modelos utilizados en la herramienta que legitima el espectro de alternativas legítimas para dar cuenta del problema ambiental en cuestión.
De manera más subrepticia, no obstante, por medio de regateros y negociaciones políticas, los límites suelen ser distintos a los que se establecen en las modelaciones más o menos científicas que sustentan las decisiones. Demostrando no sólo la viabilidad fáctica de límites alternativos, y la no realización de los supuestos críticos que suponía traspasarlos, o la legitimidad social de distintos estados de afectación de “lo natural”, y en particular, la futilidad del paradigma que alimentan la toma de decisión en materia de política ambiental.
Fútil, pues, sí finalmente cualquier umbral es posible, no tiene mucho sentido poner en el centro de la racionalidad de la política la definición de umbrales límites que la sociedad demuestra reiteradamente que es posible traspasar sin las consecuencias vitales definitivas que se les suponen.
Con esto obviamente no se está sugiriendo ni que sea innecesario establecer condiciones a las actividades humanas, ni que los modelos y conocimiento objetivo o científicamente fundado no deban jugar un papel en esa tarea, sino que jueguen el que actualmente se le otorga, en el sentido de consistir en la herramienta que acota directamente el espectro de decisiones legítimas para la sociedad.
Las tortuosas negociaciones que acompañan al protocolo de Kyoto sobre el cambio climático constituyen un ejemplo palmario de esta situación. En ese caso la modelación del cambio del clima global derivado de los vectores antrópicos de emisión de CO2 parecieran señalar la imperiosa necesidad de reducir las emisiones del mencionado gas de efecto invernadero con el propósito de reducir el incremento de la temperatura global a un umbral determinado. Umbral que a su vez aseguraría mantener las modificaciones naturales subsiguientes en unos determinados límites.
No obstante, a pesar de la supuesta fiabilidad de los resultados y la evidente e imperiosa necesidad de modificar el curso de las emisiones de CO2, y de los cálculos económicos acompañados que señalan la ventaja de optar por una política preventiva, frente a una reactiva, la sociedad global no reacciona con la diligencia que los modelos cognitivos de la política de cambio climático parece exigir.
Esta primera disfuncionalidad pudiera tener una explicación en una segunda que tiene que ver con los contenidos de las modelizaciones que implica este paradigma de la política ambiental, que explicaremos en una segunda parte.
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