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HidroAysén y el dilema de Bachelet en su primer mes de gobierno

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La cercanía o lejanía de su frase “no apoyaré HidroAysén en mi gobierno” con la postura que adopte ante los recursos que se presenten contra la decisión del gobierno de Sebastián Piñera será esclarecedora de su compromiso real con sus planteamientos de campaña.

El 30 de enero solicité al ministerio del Medio Ambiente, vía Ley de Transparencia, copia de todos los informes que los servicios públicos que participaron en la evaluación del estudio de impacto ambiental (EIA) de HidroAysén entregaron al Comité de Ministros, como antecedente para la reunión que sostuvo durante tan crucial jornada.

Ese mismo día, el órgano integrado por los secretarios de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería resolvió gran parte de las reclamaciones interpuestas contra la aprobación regional del cuestionado proyecto, en mayo de 2011.

Sólo dejó pendientes las relacionadas con el impacto demográfico de 5 mil trabajadores en la zona sur de Aysén y con las fluctuaciones diarias de caudal y vaciamiento de lagos glaciares, condicionadas a nuevos estudios que serían financiados con recursos del Estado. Fue la forma en que Sebastián Piñera se las arregló para dejar dando bote una compleja pelota en el área chica del gobierno entrante.

El requerimiento de los informes emitidos no es oficioso. Parte de una duda relevante, ¿los ministros tuvieron a la vista los argumentos técnicos de todos los servicios públicos antes de resolver como lo hicieron?

Legítima desconfianza a la luz del incumplimiento patente de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, con la comunidad de Aysén en relación a un compromiso que asumió en agosto de 2010 en Coyhaique: “Vamos a recibir todas las reclamaciones y las vamos a estudiar en profundidad. Podemos incluso discutirlas en el momento en que se reciban, que ustedes las puedan explicar también y con ese intercambio podamos ver el detalle de cada una de las mismas”. Sin embargo, nunca se dio oportunidad para explicar el detalle de lo que se ha planteado desde la región.

Al revisar el portal electrónico del SEA se constata que con miras a la resolución del 30 de enero se solicitó informes a algunos órganos del Estado y no a la totalidad (cerca de 40) de los que participaron en la evaluación. Sólo la DGA, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Sernatur, Subpesca, Subsecretaría de Transportes, Consejo de Monumentos Nacionales, Subsecretaría de Energía, SAG y Dirección Nacional de Vialidad fueron consultados.

Se obvió incluso a Conaf, y a las municipalidades de O’Higgins y Coyhaique, que tienen relación directa con varias de las alegaciones.

La obligación de la autoridad de requerir tales antecedentes quedó establecida en el fallo de la Corte Suprema por la termoeléctrica de Punta Alcalde: “el Comité de Ministros deberá solicitar siempre ‘a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación ambiental’ un informe al respecto, esto es, a quienes emitieron los permisos ambientales sectoriales, fueron consultados o emitieron opinión en la evaluación del proyecto”.

Así lo entendieron también en HidroAysén, cuyo vicepresidente ejecutivo Daniel Fernández señaló en una carta a El Mercurio que “no deja de llamar la atención que la autoridad ambiental del actual Gobierno no haya consultado sobre los dos temas señalados (Hidrología y Campamentos) a ningún órgano técnico de evaluación ambiental antes de decidir que se requerían más estudios, mientras que sí lo hizo, y a varios servicios, respecto de muchas otras materias”. Y que la última semana las emprendió contra lo obrado por la administración anterior, calificándola de “extemporánea” y “dilatoria”.

Es lo que queremos chequear vía Ley de Transparencia.

Es este un mínimo ejemplo de lo que debe considerar el gobierno de Michelle Bachelet al recibir este presente griego de Sebastián Piñera. Y es lo sabremos este miércoles cuando se realice una nueva sesión del Comité de Ministros, esta vez con nuevas autoridades, para revisar la decisión del 30 de enero.

Hace pocos días fueron notificadas las partes sobre lo obrado a fines de enero por el gobierno de Sebastián Piñera, y donde se ahonda en pocas líneas sobre los motivos para elaborar nuevos estudios para resolver sobre el proyecto.

No está de más recordar que la carencia de investigaciones esenciales en el trabajo del joint venture compuesto por Endesa y Colbún fue consignada por la sociedad civil desde un comienzo (allá por 2008), razón legal suficiente para desechar originalmente el proyecto y exigir su reingreso cumpliendo con estos contenidos mínimos. Pero ello no se hizo.

Será esta la primera prueba de coherencia política ambiental para el gobierno de Michelle Bachelet. La cercanía o lejanía de su frase “no apoyaré HidroAysén en mi gobierno” con la postura que adopte ante los recursos que se presenten contra la decisión del gobierno de Sebastián Piñera será esclarecedora de su compromiso real con sus planteamientos de campaña.

¿Destinará recursos públicos y técnicos para defender, en tribunales por ejemplo, lo obrado por la Comisión de Evaluación Ambiental y el Comité de Ministros de la administración saliente, en circunstancias que la Cámara de Diputados, con respaldo mayoritario de su coalición, constató múltiples irregularidades e ilegalidades en la tramitación y aprobación del proyecto?

¿Lo hará a contrapelo de lo que dijo teniendo al país de testigo?

Sobre ello tendremos claridad impostergablemente dentro los primeros 30 días de su gestión, considerando que es este el plazo que imponen los tribunales para las impugnaciones.  Es más, creemos que indicios sobre esta crucial duda los tendremos a mediados de esta semana.

En el intertanto, este lunes me llegó un oficio confirmando que nunca se consultó a los otros servicios  servicios, más allá de los que aparecen en el sistema electrónico del SEA, para proceder a la resolución del Comité de Ministros.

Es ello solo parte de lo que deberá considerar el gobierno de Bachelet cuando dé su primera señal este miércoles 19 de marzo.

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