Hay comunidades que sufren conflictos socio-ambientales, viviendo nuestra situación de desigualdad al extremo. El arrendador serían las empresas, la Agencia el Estado de Chile, y nosotros seríamos los grupos humanos que habitan donde se desarrollan los proyectos. El contrato: las Resoluciones de Calificación Ambiental. La única gran diferencia es que nosotros decidimos arrendar este departamento y lo hicimos con conocimiento de causa. Los grupos humanos que muchas veces son afectados por proyectos de inversión no tienen ninguna capacidad de decidir.
El poder y la falta de información son una mala mezcla. Cuando una persona, institución u organismo posee mayor poder político y económico que su ‘contraparte’, la mayoría de las veces se generan desigualdades. Ya sea en un contrato de trabajo, de arrendamiento o de lo que sea, la tendencia es prácticamente la misma. Hay unos pocos que ganan y otros muchos que pierden. Esto se sucede en prácticamente todas las esferas de la vida cotidiana y siempre se rige bajo la misma lógica: el ‘fin’ es la obtención de ganancias y dinero, el ‘medio’ es el poder y la información.
En los últimos días he vivido esto en carne propia con mi contrato de arrendamiento en el Reino Unido. La situación ha sido la siguiente: el arrendador no ha cumplido con sus obligaciones, por lo que hemos tenido problemas con ratones. La Agencia, institución encargada de mediar nuestra relación, no ha podido lograr que el arrendador haga las refacciones necesarias. Nosotros, los arrendatarios, hemos sufrido casi 6 meses las consecuencias de tener ratones y hemos decidido mudarnos de apartamento. En definitiva, somos tres actores: el que genera el conflicto, el que media el conflicto y el que lo sufre.
Acá es donde entran en juego el poder y la falta de información. Al decidir dar término al contrato, debido al incumplimiento de nuestra contraparte, la Agencia se cuadró con el arrendador, e idearon una fórmula en la que nosotros, por cierto, somos los únicos perjudicados. El tener un mejor manejo del idioma, de los conceptos legales, e infinitamente ‘más lucas’ ha transformado esta situación, en lo que diría el mítico Arturo Prat: ‘una contienda desigual’. Contienda donde se nos exigen condiciones monetarias para el término del contrato lisa y llanamente injustas, prácticamente dándonos a entender que el arrendador nos está haciendo un favor al dejarnos partir. En otras palabras, ejerciendo todo su poder y reafirmándonos constantemente que somos extranjeros, migrantes, estudiantes, es decir, que estamos en una condición de desventaja. ‘Los negocios son injustos’ me dijo el gerente de la Agencia.
Mientras despertaba hoy en la mañana pensé dos cosas. Primero, me sentí agradecido porque era un problema menor, comparándolo con otras injusticias que se viven constantemente. Segundo, pensé en las comunidades que sufren los conflictos socio-ambientales, ya que muchas veces viven esta situación al extremo. Los actores son los mismos: el arrendador serían las empresas, la Agencia el Estado de Chile, y nosotros seríamos los grupos humanos que habitan donde se desarrollan los proyectos. El contrato: las Resoluciones de Calificación Ambiental. La única gran diferencia es que nosotros decidimos arrendar este departamento y lo hicimos con conocimiento de causa. Los grupos humanos que muchas veces son afectados por proyectos de inversión no tienen ninguna capacidad de decidir. Más complicado resulta entonces el escenario para ellos, ya que su incidencia no pasa por tener o no ratones, sino en ‘negociar’ un par de trampas para poder ahuyentarlos.
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