Fallo HidroAysén: crónica de una aprobación anunciada

Parafraseando a García Márquez, al reciente fallo de la Corte Suprema rechazando un conjunto de recursos de protección ambientales, se le puede aplicar el conocido título de la obra del célebre escritor. ¿Se podía esperar una sentencia de última instancia diferente de la pronunciada por tres votos a favor y dos en contra?  Muy difícil, ya que la larga historia de este proyecto demuestra que desde el inicio de su trámite ante la ex Corema de la Región de Aysén el año 2005 contó con la aprobación del entonces ministro de Interior de la presidenta Bachelet, Edmundo Pérez Yoma y, luego, asumido el nuevo gobierno, se manifestaron públicamente a favor el ex ministro Tokman, y autoridades en ejercicio como Claudio Rainieri y Rodrigo Hinzpeter, mientras el proyecto continuaba su trámite legal.

Estas nocivas intervenciones de autoridades no son novedad. Lo hizo el entonces presidente Frei Ruiz-Tagle al inaugurar la central Ralco notificando al país que en adelante ningún proyecto de inversión se obstaculizará con el “temita” (sic) ambiental. Por su parte, también el presidente Lagos incurrió en censurable intervención durante su mandato, cuando aún ni se presentaba el proyecto Alumysa, en Puerto Chacabuco y él manifestaba públicamente que dicho proyecto “debía aprobarse”.

La nueva institucionalidad ambiental, creada por Ley Nº20.417 de 2010, tampoco asegura plena independencia a sus miembros a la hora de votar las resoluciones de calificación ambiental mediante las cuales se pronuncian respecto de un proyecto ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Las nuevas Comisiones Regionales de Evaluación mantienen, en lo básico, la misma fuerte dependencia del poder ejecutivo, ya que al igual que las ex Coremas (de la Ley Nº19.300/de 1994), las integran los intendentes regionales (directa dependencia del presidente de la República) y los seremis que indica la Ley (dependientes de los respectivos ministros).

Esta situación genera desconfianza en la ciudadanía y lesiona el sistema. Los porfiados hechos nos han demostrado en varios trámites sobre aprobación de proyectos, que algunas autoridades de servicios públicos llamados a informar en temas de sus competencias han cambiado de opinión  respecto de lo informado inicialmente o incluso se han dado experiencias de seremis que han votado en contra de la “orden ministerial” y se les ha pedido la renuncia.

En el caso concreto de HidroAysén, el fallo, de acuerdo con un antiguo aforismo jurídico, se debe acatar, pero…puede criticarse. Y para ello, podemos estar de acuerdo con lo sostenido por la ministra Sonia Araneda y el ministro Haroldo Brito, quienes fueron los votos de minoría, declarando que el proyecto no se hace cargo de efectivas medidas de mitigación, reparación y previsión de situaciones de emergencia.

Por otra parte, además, en el trámite de evaluación de impacto ambiental, se tomó conocimiento de las 3.640 observaciones que plantearon servicios públicos con competencia ambiental llamados a informar y de parte de la ciudadanía. Sin querer revivir la polémica jurídica que se planteó en su oportunidad, se continúa en la duda sobre si la autoridad ambiental regional de la época debió rechazar este proyecto por “información insuficiente o errónea”. Más extraño resulta que varios de dichos organismos cambiaron curiosamente de opinión poco tiempo después. Sobre esta situación existen acciones civiles y penales pendientes para sancionar posibles conductas ilegales.

De todo este análisis fluye una contradicción: se nos ha predicado, casi como dogma de fe, que “hay que dejar que las instituciones funcionen”. Pero si estas no funcionan o lo hacen mal, ¿qué se puede hacer?  ¿Y si de los tribunales de justicia no se obtiene una justicia “ambiental”?

La empresa, por su parte, ha contribuido eficazmente a crear este escenario auspicioso para la aprobación del proyecto en cuestión. Si no, ¿qué efecto ha tenido la verdadera “campaña del terror”
alentada en todos los medios audiovisuales anunciando el “gran apagón” o que “las tinieblas se apoderarán de los barrios” si HidroAysén no se aprueba?

Se nos ha predicado, casi como dogma de fe, que “hay que dejar que las instituciones funcionen”. Pero si estas no funcionan o lo hacen mal, ¿qué se puede hacer? ¿Y si de los tribunales de justicia no se obtiene una justicia “ambiental”?

A la luz de este fallo, en mi opinión, nada o casi nada se puede hacer, por lo menos judicialmente. Salvo esperar, ilusoriamente, un nuevo “piñerazo”, como lo fue en Barrancones. Todo puede esperarse, en vísperas de elecciones municipales, luego parlamentarias y finalmente la presidencial.

Quienes sostienen que pueden oponerse al otro proyecto que da salida a los 2.500 MW que generará HidroAysén, consistente en el tendido de la línea de transmisión, hasta la Región Metropolitana, están fuera de la realidad: la constitución de cerca de 2.000 servidumbres legales pueden imponerse aún contra la voluntad de sus dueños. Basta consignar un 30% del valor fijado por el procedimiento establecido en la antigua Ley de Servicios Eléctricos (1931) para que la empresa ingrese al predio e inicie obras. Este proyecto será igualmente conflictivo pero, no incurriéndose en ninguna ilegalidad, será finalmente aprobado. Y si se recurre a la justicia, ya sabemos sus tendencias.

* Sergio Montenegro Arriagada es abogado y profesor de Derecho Ambiental (Facultad de Derecho, U.de Chile)

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Foto: El Ciudadano / Licencia CC