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Evaluaciones ambientales ¿para qué cambios?

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Recientemente, el ministro de Medio Ambiente entregó a la Presidenta Michelle Bachelet el informe final de la Comisión Asesora para la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), un documento de 480 páginas que incluye un diagnóstico que, entre cosas, detecta “asimetrías de información que afecta a la ciudadanía” o temas más estratégicos como “el uso del territorio”. Entre las 25 propuestas sobre diversas materias, destacan la “consideración del cambio climático en el SEIA”, la consulta indígena y el ya conocido fraccionamiento de proyectos.


En definitiva, estas investigaciones y evaluaciones ambientales debiesen servirnos, no sólo para perfeccionar parcialmente algunas normas, sino para cambiar muchos de los paradigmas que siguen rigiendo la administración del Estado en este campo y que no dan cuenta de nuestro estatus de “país OCDE”.

Pocos días antes la OCDE y la Cepal entregaron el informe “Evaluaciones del Desempeño Ambiental. Chile 2016”, que formuló 54 recomendaciones. Sin embargo lo que ha causado una inusitada sorpresa en algunos pocos es la constatación que “Chile tiene una de las economías más intensivas en el uso de recursos (naturales), lo que refleja el papel clave que desempeñan la extracción y la fundición de cobre, la agricultura, la silvicultura y la pesca”.

Pero Chile no queda sólo calificado como “extractivista” en este último informe, sino que se agrega que “la escasez de agua y la contaminación constituyen temas preocupantes en las zonas donde se concentran la minería y la agricultura. Las distorsiones en la asignación y el comercio de derechos de aprovechamiento de aguas y la falta de una gestión integral de los recursos hídricos traen aparejada la sobreexplotación de algunos acuíferos y exacerban los conflictos locales”. Más claro echarle (lo poco que queda de) agua.

Y como si todo esto ya no fuera bastante, el texto también se refiere a las presiones de la actividad económica sobre la diversidad biológica, que además de estimular los conflictos ambientales, da cuenta del grave riesgo que fertilizantes y pesticidas constituyen para el suelo y el agua. Señala la falta de evaluación de los efectos de los subsidios al riego en la recarga de las aguas subterráneas y que además permite el drenaje de humedales y la canalización de cursos naturales de agua en áreas de valor ecológico.

Por último, dicen la OCDE y la Cepal, que es posible que el subsidio forestal haya fomentado la substitución de los bosques nativos con plantaciones de especies exóticas. Y más grave, que el vertido de efluentes, pesticidas y medicamentos de las explotaciones piscícolas son una gran fuente de contaminación de las aguas interiores, los estuarios y los ecosistemas marinos, con el agravante de que el informe reconoce que “los recursos financieros y humanos son insuficientes para monitorear sistemáticamente estos efectos y la fiscalización es poco estricta”.
Volviendo al informe de la Comisión SEIA, éste recuerda que esta instancia se planteó como misión generar propuestas de modificación “ajustadas al nuevo escenario sociocultural y económico”. Esto, en un contexto que según nos recuerdan, tras más de 18 años de operación de este sistema, cuenta con el ingreso a tramitación ambiental de unos de 21.500 proyectos, de los cuales más de 14.500 (68%) obtuvieron resolución de calificación ambiental favorable, sumando una inversión total cercana a los 296 mil millones de dólares.

Como es posible apreciar a lo largo del documento, la variable “inversión” sigue prevaleciendo frente al criterio de protección del medio ambiente o el de sustentabilidad, siendo ese quizás el punto más débil de un sistema que, pese a sus actualizaciones, sigue respondiendo más al modelo de inversiones del mercado, que al de una política nacional de desarrollo construida sobre la base de la protección del patrimonio natural.

Un ejemplo de esto, es la primera propuesta de la Comisión para potenciar las facultades del Servicio de Evaluación Ambiental, que respecto de la evaluación de proyectos que pudieran ser considerados “estratégicos”, identifica criterios que parten por el “monto de inversión y magnitud del proyecto”, el que además debiera ser “del sector energía, minería, complejos industriales, obras de infraestructura o recursos hídricos y proyectos intensivos en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI)”.

Curiosamente, respecto al carácter de obligatoriedad que debiera tener la evaluación ambiental de tales proyectos estratégicos… ¡no hubo consenso entre los comisionados!, pues mientras algunos consideraron que este mecanismo debiera ser de carácter obligatorio, otros estimaron que debía ser voluntario.

Ante este escenario de evaluaciones y diagnósticos, parte importante de la sociedad civil, de los propios funcionarios de la institucionalidad ambiental, académicos y algunos parlamentarios hemos compartido otro espacio de análisis, en la Comisión Sindical Cívico Parlamentaria, donde también se han detectado problemas relevantes, entre los que están los efectos sinérgicos de los proyectos, los proyectos que no son evaluados, así como la participación vinculante de las comunidades respecto de uso del territorio.

Un dato relevante que rompe con una supuesta verdad instalada, es que la demora en la tramitación de muchos proyectos, caballito de batalla de presión de muchos inversionistas, se genera por los plazos que utiliza el titular para presentar las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones solicitadas por los organismos pertinentes. Solo a manera de ejemplo, decir que en el sector minería, el tiempo promedio de evaluación fue de 141 días, mientras que el promedio legal de suspensión de plazos, fue de 166 días.

En definitiva, estas investigaciones y evaluaciones ambientales debiesen servirnos, no sólo para perfeccionar parcialmente algunas normas, sino para cambiar muchos de los paradigmas que siguen rigiendo la administración del Estado en este campo y que no dan cuenta de nuestro estatus de “país OCDE”.

El ordenamiento territorial, una participación ciudadana efectiva, el respeto a los estándares internacionales para la consulta indígena y el respeto a las vocaciones productivas de los territorios, son algunos de los pilares que deben sustentar los cambios que Chile requiere para que la sostenibilidad de su medio ambiente siga siendo una virtud y no termine siendo solo un lindo recuerdo.

TAGS: #Sustentabilidad Medio ambiente Recursos Naturales

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