Si los dueños de las ERNC no se hacen cargos de estos conceptos, más que una visión de principios vinculada a la construcción de un país más justo y equitativo pareciera que simplemente se instalaron en el rubro por ser un muy buen nicho de mercado. Y eso no es buscar la sustentabilidad, eso es simplemente querer hacer negocios.
Menudo debate se ha generado a raíz del publicitado acuerdo “transversal” entre algunos diputados y senadores con el fin de “destrabar”, ha dicho la prensa, el proyecto que agiliza la entrega de concesiones eléctricas. Esto significó amarrarlo a la aprobación el proyecto 20-20 (20 % de energías renovables no convencionales –ERNC- al 2020, aunque modificando la meta a un 20 % al 2025) e incorporar ciertos ajustes, que dejaron la nueva legislación sobre servidumbres en un estadio intermedio entre un mal y un horroroso proyecto. A este acuerdo concurrieron los senadores Jaime Orpis (UDI), Baldo Prokurica (RN), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), Gonzalo Uriarte (UDI), Ximena Rincón (DC) e Isabel Allende (PS). Y los diputados Carlos Vilches (UDI), Mario Bertolino (RN), Manuel Rojas (UDI), Marcos Espinoza (PR), Felipe Harboe (PPD) y Juan Carlos Latorre (DC).
Esta transversalidad da cuenta de algo concreto. Hace bastante rato que la transversalidad del Congreso nacional dejó de ser correlato de la diversidad de la sociedad. Gracias al sistema binominal y a las barreras de entrada para conformar partidos políticos regionales –en la práctica es imposible fundar una colectividad estrictamente regional siendo la unidad mínima tres regiones contiguas- en el Parlamento existen grupos sobre representados, que bloquean iniciativas que la sociedad demanda con todas sus fuerzas. Es así que en un acuerdo de este tipo, la preeminencia (con honrosas excepciones desde el lado femenino) de la mirada desarrollista por sobre una realmente sustentable no da garantías de representatividad. Todo esto, sin considerar que los mayores beneficiados con la actual redacción de la legislación de concesiones eléctricas (que el gobierno espera aprobar esta semana en el Senado) son Endesa y Colbún, ya que el principal escollo de HidroAysén es precisamente la transmisión.
¿No se pudo ver la posibilidad de hacer diferenciación entre mega proyectos, tan resistidos por la ciudadanía, y proyectos sustentables? Porque desde hace bastante tiempo que en Chile y el mundo entero existen las legislaciones diferenciadas. Pero más allá de estas disgresiones, la alegría de los dueños de las renovables no convencionales por el avance del proyecto 20-20 (que ahora debiera llamarse 20-25) y, en especial, de la ley que agiliza las concesiones eléctricas muestra cuánto nos falta para entender la profundidad de lo que llamamos sustentabilidad.
Ya en 2008 discutíamos sobre la pertinencia de instalar hidroeléctricas pequeñas al interior del Parque Nacional Puyehue. Y más de alguien dijo en la ocasión “no entiendo a las organizaciones, quieren minicentrales y se oponen a ésta que es sustentable”. Tal es el problema que se percibe cuando se escucha a los empresarios de las ERNC alegres porque avanza el proyecto que agiliza las concesiones eléctricas, a pesar que ésta entrega a perpetuidad las servidumbres a las empresas eléctricas, que vulnera el Convenio 169 de la OIT al exigir consulta a las comunidades indígenas sólo previo a la construcción, que pone en riesgo el patrimonio natural al no explicitar que eléctricas deben buscar alternativas cuando sus trazados pasen por parques nacionales y otras áreas protegidas. O cuando limita el derecho a presentar reclamaciones sólo a los dueños de los terrenos y no a todos los afectados, permitiendo además el fraccionamiento de las solicitudes, lo que vulnera la actual legislación ambiental. “Es lo que necesitamos” se les ha escuchado decir.
La pregunta de fondo es: ¿es sustentable un proyecto que se construye, por muy ERNC que sea, pasando por sobre los derechos de terceros? Es algo similar a lo que ocurre cuando se asume que el uso del agua con fines de generación eléctrica es positivo en sí mismo. El problema son las variables que se consideran al tomar las decisiones. Hoy se mira casi esencialmente a la fuente, en circunstancias que es preciso incorporar la magnitud, la localización, el desarrollo económico y social local. De otra forma, cualquier alternativa que entreguemos para los desafíos energéticos del país será más de lo mismo. Podemos impulsar la energía eólica, pero ¿gigantescos parques en Reñaca, Iquique o La Serena donde las comunidades dependen del turismo de sus playas? O también geotermia, pero ¿en los géiseres del Tatio, lugar considerado sagrado por las comunidades indígenas? Incluso energía termosolar, pero ¿pavimentando el desierto de Atacama con tales infraestructuras? O una minicentral hidroeléctrica, pero ¿en un parque nacional cuya integridad el Estado se ha comprometido a resguardar?
El tema no es oponerse a cuanto proyecto existe. Es promover un diálogo previo que permita que intervenciones tan sensibles cumplan con determinadas características que lo armonicen con las comunidades y ecosistemas involucrados. Si los dueños de las ERNC no se hacen cargos de estos conceptos, más que una visión de principios vinculada a la construcción de un país más justo y equitativo pareciera que simplemente se instalaron en el rubro por ser un muy buen nicho de mercado. Y eso no es buscar la sustentabilidad, eso es simplemente querer hacer negocios.
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Foto: ras263 / Licencia CC
Comentarios
20 de junio
Patricio,
Me gustaría felicitarte por tu columna, clara y precisa. Llevo un tiempo investigando la territorialización de los proyectos ERNC, como un proceso inverso a la localización, mirando el territorio para comprender cómo impactarían en él las transformaciones asociadas al desarrollo de este tipo de proyectos. Coincido contigo en el hecho de que no importa la escala ni la tecnología que se use para diversificar la matriz energética, si los beneficios (no sólo económicos) no quedan en las localidades dónde éstos se emplazan. En las regiones de Los Ríos y Los Lagos se han instalado varias antenas para estudiar el potencial eólico de la zona, pero como tu bien dices, la idea no es montar un par de aerogeneradores para dotar de suministro eléctrico a comunidades que hoy no cuentan con este servicio, sino que más bien responde a intereses económicos de una corporación española que ha visto abrirse un nicho de negocio gracias a la Ley 20.257 aprobada en el gobierno de Ricardo Lagos, y la reforma actual 20/25.
En fin, qué bueno leerte y saber que no pelo el cable sola.
Saludos
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