Quien quiera tomar contacto con su parlamentario sólo tiene que visitar las webs de la Cámara de Diputados y del Senado, donde se informan a la ciudadanía –fotografía mediante- los correos electrónicos, teléfonos y direcciones de todos los congresistas. Es la transparencia activa que facilita a los votantes el contacto con sus representantes en el Poder Legislativo.
Es eso, nada más ni nada menos, lo que el Consejo de Defensa de la Patagonia hizo al informar a la ciudadanía quiénes tendrán la responsabilidad de decidir sobre el estudio de impacto ambiental de HidroAysén (y, también, de Energía Austral). En esta tarea sólo se ha entregado información institucional relacionada con sus cargos públicos y políticos: ningún dato personal ni confidencial, sólo mails, teléfonos y direcciones postales de reparticiones públicas con el fin de que los ciudadanos puedan hacerles llegar su opinión sobre el proyecto. Nunca se ha buscado poner en riesgo su seguridad personal, toda vez que la información (reunida en un solo lugar) es pública y cualquiera la puede encontrar en un simple paseo por los portales de los servicios o a través de google.
El Mercurio faltó a la verdad. Porque los varios artículos que publicara la semana pasada sobre este tema no fueron más que una campaña orquestada sobre un hecho falso: que se habría entregado información personal de las autoridades. Y esto a pesar de aclararlo previamente a su corresponsal Verónica Moya, ex jefa de Gabinete de la intendenta Pilar Cuevas, quien firmó una crónica que indujo al error.
Más aún, en el diario asociaron una imagen con la leyenda “Se busca… Quieren vender la Patagonia” con la campaña de difusión y participación ciudadana que se lleva adelante en la web patagoniasinrepresas.cl, siendo que tal gráfica pertenece a un blog de oposición al Gobierno de Sebastián Piñera y no a la campaña oficial. Se intentó aclarar esto en dos cartas al director que nunca fueron publicadas. Pero ha sido tal la operación mercurial que incluso se linkeó en emol.com el texto “¿Terrorismo medioambiental?” con la parcial nota de prensa.
La pregunta hoy es si la función pública puede ser sometida al escrutinio de los ciudadanos y qué mecanismos tienen éstos para acceder a sus autoridades, en ajuste a la legalidad. Porque asumir funciones públicas involucra exposición pública. Si no, ¿cuál es la idea? ¿Votar sobre el EIA de HidroAysén en forma anónima? ¿Decidir sobre un proyecto tan relevante y no estar dispuesto a recibir el feedback previo de quienes se verán afectados por una u otra decisión?
Ahora, si es que hay 4 funcionarios cuya información no corresponde porque se inhabilitaron para participar en el proceso (luego de varios reportajes informando vínculos previos con HidroAysén), es sólo porque nunca han hecho pública tal medida. Alegar porque la ciudadanía no tiene antecedentes al respecto en circunstancias que desde el propio Estado no se ha actuado con la transparencia que se requiere en estos tiempos, es improcedente. Así, aprovechando el envión, sería interesante (y necesario) que se informara ya qué autoridades regionales se han inhabilitado para votar sobre HidroAysén y qué mecanismo se utilizará para suplir su cupo en la Comisión de Evaluación Ambiental.
A estas alturas, más allá de que algunos aseguren que su decisión será sólo técnica y basada en la legalidad, está claro que ésta será política.
Primero, porque si fuera por motivos técnicos, el proyecto HidroAysén debió ser rechazado en un principio aplicándosele el artículo 24 del reglamento del SEIA por carecer de información esencial y relevante para ser evaluado, e incluso por ser ilegal. Lo que vino luego sólo fueron parches construidos a través del lobby y la presión institucional.
Segundo, porque así lo ha determinado la Contraloría General de la República en el dictamen N° 9.624 de 2005, donde aclaró que la decisión de la comisión evaluadora no tiene por qué estar vinculada con los informes técnicos de los servicios. Por eso cada vez que al ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, le consultan sobre HidroAysén habla de las necesidades energéticas de Chile, en circunstancias que la supuesta demanda futura de energía no tendría por qué asociarse a una decisión puramente técnica.
Y, por último, porque cuando se habla de autonomía en la votación y todo el discurso que varios nos sabemos de memoria, tal relato choca con la patética realidad. Un ejemplo: aunque la seremi de Gobierno, Marcia Raphael, señaló que el Plan Aysén (ése de los U$ 3.000 millones anunciado -¡oh, bendita casualidad!- en Cochrane) no incluía, en los U$ 2.183 millones de inversión privada, los proyectos hidroeléctricos al analizar el desglose encontramos que es en el sector energía donde se contemplan U$ 1.505 millones para los próximos 4 años, siendo uno de los objetivos de esta planificación “acelerar grandes proyectos de inversión privados”. No es posible afirmar, si queremos hablar en serio, que ese monto no corresponde por esencia a HidroAysén y Energía Austral, proyectos en plena evaluación, a los cuales da el Gobierno ilegítimamente su espaldarazo al considerarlos desde ya en su planificación.
Este momento es importante. Pero no sólo por lo que está en juego en Aysén. También por los pasos que debemos dar para que quienes han asumido funciones públicas acepten el escrutinio de la ciudadanía. Entre quienes públicamente hemos expresado nuestra mirada por Aysén reserva de vida, en la cual la crítica a las represas es sólo una parte, hay claridad con respecto a esto, y es por ello que aceptamos los mensajes y recados que nos llegan por mail, o mediante posteos en columnas y telefonazos. E incluso el emplazamiento personal que a veces ocurre.
Si no lo creyéramos así, simplemente evitaríamos participar en el debate colectivo. Y tampoco saldríamos este martes 26 de abril a la calle, a rostro descubierto, a decir una vez más ¡Patagonia sin represas!
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