De electricidad y concesiones

Esta semana ambas cámaras del Parlamento aprobaron la ley de concesiones eléctricas, una iniciativa legal cuyo propósito es acelerar la entrega de concesiones eléctricas. La aprobación de este texto legal no estuvo exenta de polémica, debido a que el texto del proyecto en cuestión busca acortar plazos en el procedimiento de entrega de concesiones, reduciendo los tiempos para la oposición y simplificando mecanismos de notificación a favor de las empresas eléctricas, llegando éstos hasta el auxilio de la fuerza pública para el ingreso y utilización de un predio. Además, no respeta la consulta previa que establece el Convenio 169 de la OIT ni resguarda adecuadamente las áreas protegidas. Estos últimos dos puntos motivaron que el Ejecutivo se comprometiera sorpresivamente a enviar un veto a estos artículos, en un intento por disminuir el rechazo que provoca el texto legal en algunos parlamentarios, organizaciones ciudadanas, ambientales e indígenas.

Además, el texto de la ley fue negociado en un acuerdo entre el gobierno, la UDI y la DC, marco en el cual los senadores implicados se negaron a incorporar resguardos ambientales y poner plazos de duración a las concesiones, que continuarán siendo a perpetuidad. Considerando todo lo ocurrido en la tramitación de esta ley, resulta bastante impresentable los argumentos esgrimidos por algunos parlamentarios, en especial ciertos senadores, para fundamentar su voto. Esgrimir que necesitamos electricidad y que por ello es necesaria esta ley es, a lo menos, un argumento simplista que denota menosprecio hacia los ciudadanos informados o desconocimiento de cómo funciona el sistema eléctrico; en cualquiera de los dos casos, es una cuestión lamentable.

Como contexto de la tramitación de este proyecto de ley, es necesario recordar que el sistema eléctrico chileno se divide en tres segmentos: generación, transmisión y distribución. Cada uno estos segmentos es operado por privados, de acuerdo al modelo regulatorio vigente en el país y que viene desde la década de los 80, que entregó a los privados esta facultad. Es más, el Estado chileno asumió una supuesta “neutralidad” en los ámbitos económicos y tecnológicos, dejando la generación, transmisión y distribución en manos de los privados. Esto significa que es el mercado el que decide, mientras que el Estado no asume un rol activo en el resguardo de las personas o del patrimonio natural.

De acuerdo al balance nacional de energía, el consumo de electricidad se distribuye por sectores de la siguiente forma: minería 37%, industria 27%, residencial 16%, público 12%, comercial 3%, y la direrencia se reparte entre sector energía y transporte.

En cuanto a la generación eléctrica, Chile tiene en la actualidad una capacidad instalada cercana a los 16.500 MW, 63% de ella térmica y 39% hidráulica. En tanto, entre los años 2006 y 2012 se han evaluado ambientalmente proyectos por 32.000 MW, la mayoría de los cuales han sido aprobados y representan el doble de la capacidad actual instalada. Si sólo la mitad de estos proyectos se materializaran, se duplicaría la capacidad instalada. Entonces, ¿de qué crisis están hablando los senadores? Si queremos hablar en serio y no estar levantando campañas del terror, lo primero es contar con información y saber a ciencia cierta cuantos de los proyectos aprobados entre 2006 y 2012 se han materializado, cuantos se van a materializar en los próximos años y cuales están complicados por juicios. Hablar de black out, sin información clara, no conduce a nada.

Además, cabe señalar que el proyecto de ley sobre concesiones eléctricas no apunta a agilizar proyectos de generación: su propósito es agilizar la entrega de concesiones para proyectos de transmisión, es decir, básicamente concesiones para la instalación de torres de alta tensión para tendido eléctrico. Por ello, señalar que no aprobar el proyecto de ley de concesiones eléctricas significa que nos quedaremos sin luz no corresponde.

Observar a los senadores de la República defender un sistema eléctrico que no está diseñado ni funciona para beneficio de las personas sino que de las empresas del sector, resulta al menos bochornoso.

Pero tal vez lo más interesante de entender es el llamado sistema marginalista, que es la forma en que se cobra la electricidad en nuestra cuenta de luz. Para lograr generar la electricidad necesaria diariamente para el país, entran en funcionamiento distinto tipo de centrales: primero lo hacen aquellas cuya generación es de más bajo costo, esto es, las hídricas; luego las que le siguen en costo, que son las térmicas a carbón; y así sucesivamente hasta las de más alto costo, que son las centrales térmicas a diesel. Sin embargo, la tarifa se fija en base al más alto costo de generación y la diferencia entre el costo más alto y el más bajo es ganancia para las generadoras. Esto, sin duda, motiva una distorsión en el llamado mercado eléctrico ya que las empresas generadoras, que son pocas, han optado por tener centrales de bajo y alto costo, así pueden llevarse la diferencia, o sea el margen, para una misma empresa. Este es el caso de Colbún y Endesa. Todo esto no se explica a los ciudadanos y tampoco se cuestiona.

Por ello, observar a los senadores de la República defender un sistema eléctrico que no está diseñado ni funciona para beneficio de las personas sino que de las empresas del sector, resulta al menos bochornoso. Si vamos hablar de electricidad, hagámoslo en serio y revisemos cómo funciona el sistema eléctrico chileno, de manera de generar los cambios necesarios para garantizar el servicio, pero que esto no sea a costa de amenazas.

————

Imagen

0

24

Contenido enviado por

Flavia Liberona

Ver perfil completo

Otros contenidos del autor

Tompkins, una persona de convicciones Caimanes, una historia de larga data La vergüenza de la contaminación La importancia del resguardo de la biodiversidad La Industria de la Obstrucción