De chapitas contra HidroAysén y la consecuencia parlamentaria

La consecuencia está en entredicho.  Pedir coherencia entre lo que se dice y lo que se hace pareciera ser hoy una exigencia del pasado.  En un lugar común se ha convertido decir que “la palabra empeñada ya no vale nada”, el más claro ejemplo de cómo en ciertos espacios el pragmatismo ha llegado a tal punto que ya no es necesario que el actuar rime con el hablar, con el comprometer.

Si hay un ámbito en el cual esto es más que un simple eslogan teórico, es el de la política.  Los ciudadanos tienen dificultades para confiar en quienes se desempeñan en esta necesaria área de la democracia.  Demasiados programas de gobierno y compromisos electorales engrosan la abultada deuda de presidentes, senadores y diputados con sus mandantes ciudadanos.

Ahí está el informe de la Fundación Ciudadano Inteligente, que demostró mediante el cruce de información pública que Sebastián Piñera, en tres años de gestión, sólo ha cumplido un 39% de su programa gubernamental en materias legislativas.  O la difusión del audio de una entrevista que Amaro Gómez-Pablos hiciera al actual Mandatario en plena campaña presidencial en la que comprometió su rechazo a la termoeléctrica de Punta Choros, promesa que funcionarios de su gobierno no tuvieron el tino de cumplir cuando la aprobaron en agosto de 2010.  Piñera echó pie atrás e hizo el polémico llamado a Suez Energy para que se desistiera de sus intenciones carboneras.

En ambos casos, algo que hace 10 años hubiera sido materialmente imposible, hoy es factible gracias a la tecnología.

Porque son los avances tecnológicos los que en este ámbito han tenido un papel preponderante.  La posibilidad de recurrir a archivos históricos ha superado con creces la capacidad de la memoria colectiva, conservando para la posteridad compromisos y acciones humanos, ejercicio esencial para medir la consecuencia de quienes tienen el poder de tomar decisiones que afectan al resto de sus conciudadanos.

Es así que buscando en el cajón de los registros digitales uno puede encontrar la acción que ejecutó un grupo importante de diputados y senadores durante el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 2011.  Algo sencillo: portar una chapita con la leyenda “No a HidroAysén”.  Más de alguno, incluso, extendió un gran lienzo amarillo con la leyenda “No a HidroAysén – Patagonia sin represas”.

Tal puesta en escena no fue espontánea.  Venía precedida de las mayores protestas en 20 años de gobiernos civiles, esa marea ciudadana que inundó Chile luego de la aprobación de HidroAysén el 9 de mayo previo.  Antesala de las movilizaciones estudiantiles y de la caída en el apoyo al gobierno de Sebastián Piñera.  Rechazo que al parecer sólo en parte se ha logrado revertir, arreglos metodológicos mediante, durante las últimas semanas.

Es en este viaje al pasado donde es posible ver las imágenes del actual presidente de la Cámara Alta Camilo Escalona, y de los senadores Fulvio Rossi, Isabel Allende, Ricardo Lagos Weber, Pedro Muñoz, Juan Pablo Letelier y Jaime Quintana (presidente del PPD) portando chapitas “No a HidroAysén”.  Y, como bonus track, hace lo propio el presidente del Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade.

Es época de exigir consecuencia.  En el caso de los parlamentarios, en el ámbito para el cual han sido elegidos: la votación de los proyectos de ley.

Digo esto porque el gobierno ha mandatado a sus ministros de Energía, Jorge Bunster, y de Economía, Pablo Longueira, sacar dos leyes cuyo principal objetivo es pavimentar la construcción de represas en la Patagonia. Pasando por sobre el patrimonio cultural y ambiental nacional, e incluso en contra de los derechos de propiedad de otras actividades productivas como el turismo y la agricultura.  Son las Leyes HidroAysén: de Carretera Eléctrica Pública y de fast track de Concesiones Eléctricas.

De la Carretera Eléctrica Pública corresponde en estos días al pleno de la Cámara Alta votarla idea de legislar.  De ser aprobado este paso, y con la atribución del gobierno de definir las urgencias, se abrirá una puerta más para la materialización de una iniciativa que concita un amplio rechazo ciudadano. Ciudadanía cada día más consciente del ejercicio de sus derechos; en las urnas, en los tribunales o en las calles. Así lo demostró la emisión este domingo de la serie documental “Chile se moviliza” en La Red.  Donde Patagonia sin Represas, y la necesidad de que los habitantes de los territorios podamos decidir sobre los proyectos que se pretenden instalar en los lugares que habitamos, fue protagonista.

El proyecto de fast track de Concesiones Eléctricas, en enero fue aprobada por mayoría por la Cámara de Diputados y pasó a segundo trámite constitucional en el Senado.  Para ello, los congresales firmaron un extraño acuerdo con Longueira, encabezado por el diputado Juan Carlos Latorre.  Extraño porque uno de los compromisos es sacar al mes de junio las principales leyes eléctricas del gobierno, dos delas cuales buscan esencialmente favorecer a HidroAysén y sus represas.  ¿Con quién cumplirán sus compromisos estos parlamentarios?  ¿Con la ciudadanía o con el ministro impulsor de la Ley de Pesca?

Sí, hoy tenemos una crisis de consecuencia.

Y un dato.  Lo que ocurra con las Leyes HidroAysén no afectará sólo la eventual reelección de todos los diputados y los senadores de regiones pares: comprometerá a sus abanderados con los temas importantes del país.  Uno de ellos, Michelle Bachelet, porque así se sabrá si sus aliados están dispuestos a avanzar hacia una matriz energética sustentable y en beneficio de los chilenos.  O, al contrario, prefieren seguir apoyando faraónicas iniciativas que, como dijera Hermógenes Conhache en Viña, “nadie quiere en Chile”.

Porque las inconsecuencias se pagan.  Y en este caso, aprovechando la capacidad de difusión ciudadana del actuar parlamentario que se emprenderá durante este año, la moneda de cambio podría llegar a ser eso, precisamente, La Moneda.