Durante las últimas semanas, el Socialismo del Siglo XXI ha mostrado su faceta más compleja. La ofensiva del presidente Rafael Correa en contra de la etnia shuar, ciudadanos del país y la sociedad civil para permitir el extractivismo minero chino en la provincia de Morona Santiago, visibiliza la contradicción que impera en el seno del progresismo latinoamericano cuando impulsa transformaciones en que el moderno modelo productivo industrial tradicional sigue siendo su eje principal.
No entenderlo y seguir con el paradigma que imponen tales intereses (la mercantilización y artificialización de la naturaleza, el modelo productivo de crecimiento constante e infinito… aquella gran estafa piramidal intergeneracional de escala global) será siempre más de lo mismo con otro nombre. Bonito, progresista, pero siguiendo la misma ruta al fin y al cabo.
Aunque originalmente la experiencia de Ecuador fue ejemplar, la presión trasnacional ha mermado la confianza que se tiene en su proceso en términos de principios profundos. Luego de la asamblea constituyente de la cual en 2008 emergiera una Constitución señera en términos de derechos indígenas y el reconocimiento de tales pueblos, además de responsabilidad socioambiental intergeneracional (instituyó los derechos de la naturaleza), la práctica posterior ha mostrado un gobierno que sigue derroteros contradictorios con su ímpetu inicial.
Múltiples ejemplos hay de aquello, pero lo que hoy lo ha visibilizado es el interés de la minera china ExplorCobres S.A. (Exsa) de explotar una concesión de 41.600 hectáreas dentro de territorio indígena. Es tal una de las cinco alianzas mineras estratégicas del gobierno de Correa para enfrentar la crisis petrolera, uno de los recursos naturales que han financiado el ideario progresista que tanto ha llamado la atención en el mundo y América Latina.
El 11 de agosto el Estado desalojó la zona para construir el campamento chino de Exsa, a lo cual se sumó la ocupación en noviembre de los shuar a dichas instalaciones, cuya respuesta fue la militarización del área por parte del gobierno ecuatoriano.
Las escaramuzas revivieron en los últimos días con la detención de múltiples líderes indígenas que se oponen a la actividad minera en suelo ancestral, incluido el presidente de la Federación Interprovincial de Pueblos Shuar, hecho duramente rechazado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Se agrega a ello la ofensiva gubernamental por disolver la ONG local Acción Ecológica, con más de tres décadas de trabajo en pro de los derechos indígenas y la biodiversidad ecuatoriana.
El establecimiento de joint venture entre estados y trasnacionales empresariales siempre será un tema complejo. El interés de este tipo de entidades privadas difícilmente alguna vez se enfocará prioritariamente al bien común, a la luz que su mandato principal será siempre la rentabilidad. Compatibilizar tales objetivos divergentes es tarea difícil, si no imposible, más allá de las palabras de buena crianza que cotidianamente se escucha sobre ello, incluido eso de las alianzas público privadas. Incorporar a todo evento la variable de utilidad económica mantendrá permanentemente la acción conjunta dentro de la lógica que fogonea los problemas socioambientales globales y locales hoy vigentes. Algo de aquello sabemos en Chile y, también, en la región de Aysén.
No entenderlo y seguir con el paradigma que imponen tales intereses (la mercantilización y artificialización de la naturaleza, el modelo productivo de crecimiento constante e infinito… aquella gran estafa piramidal intergeneracional de escala global) será siempre más de lo mismo con otro nombre. Bonito, progresista, pero siguiendo la misma ruta al fin y al cabo.
Por eso fue una buena noticia, que no ha sido lo suficientemente divulgada en nuestro país, el anuncio que el Tribunal Penal Internacional hiciera en septiembre de este año en el sentido de que será competente para tramitar causas sobre “destrucción del medioambiente, explotación ilegal de recursos naturales y la apropiación indebida de tierras”. Cuando los afectados consideren que sus derechos en estos ámbitos no han sido lo suficientemente cautelados por todas las instancias de determinado país, podrán recurrir criminalmente ante el TPI en contra de ejecutivos de empresas y autoridades políticas, quienes en demasiadas ocasiones son los responsables últimos de las decisiones que se adoptan.
A esta acción se suma la Campaña para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Trasnacionales y Poner fin a la Impunidad, que sigue la línea de la Resolución 26/9 de 2014 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que estableció la necesidad de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas trasnacionales y otros tipos de compañías.
Sí, ambos anuncios forman parte de acciones globales, que alguien podría homologar a una transnacionalización. Es que el problema no es la internacionalización, es fundamentalmente el objetivo que esta tiene, en muchos casos en pos de ver los ecosistemas solo como una despensa o, luego de la transformación de la naturaleza, como un depósito de basura. Donde los seres humanos que a ello se oponen son simples números descartables. Y eso corre no solo para las compañías de escala mundial, también para muchas poderosas locales.
Lo que hoy ocurre en Ecuador debe reavivar la alerta en Chile, aunque ejemplos tenemos por doquier: Pascua Lama e HidroAysén, son algunas de ellas. Y entre las nuestras Antofagasta Minerals, Alto Maipo, Mininco, Arauco.
Donde los instrumentos mencionados pueden servir de herramienta ante toda ofensiva capitalista o socialista que atente contra los ecosistemas, que son la partitura donde se compone la sinfonía de la vida, y los derechos humanos de quienes de ellos dependen.
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