Hoy 22 de abril cuando conmemoramos el Día de la Tierra, es propicio señalar que para lograr establecer transformaciones reales en el modelo de desarrollo “extractivista” que ha imperado durante las últimas décadas, es necesario modificar el marco regulatorio que nos rige, asimismo incorporar en el debate público temas de gran relevancia, como es el respeto a los derechos de las personas, el fomento de las economías locales y el resguardo a los ecosistemas
Las proyecciones de inversión del sector minero presentan un cuadro bastante complejo que propende a establecer una crisis de gobernabilidad en el desarrollo de la actividad extractiva. Esto debido a varias causas, pues el desarrollo de la principal actividad económica nacional se basa en la extracción de recursos minerales –principalmente cobre–, hecho que genera importantes impactos (externalidades negativas) económicos, sociales y ambientales a nuestro territorio. Si bien para el año 2012 el 62% de las exportaciones de Chile pertenecen al sector minero –hecho que reporta grandes beneficios económicos al país–, gran parte de las regiones de la zona centro-norte del país, principalmente en la región de Antofagasta y Atacama, no sólo reciben una pequeña parte de la torta de beneficios, sino que además reciben todos los males que genera el desarrollo de la actividad.
Es en este contexto en donde hay que poner especial atención, ya que éstas presentan una disponibilidad hídrica bastante escasa, a lo que se suma la existencia de una cantidad considerable de centrales termoeléctricas. Se configura un cuadro bastante complejo: numerosos proyectos mineros, gran cantidad de termoeléctricas y poca disponibilidad de agua, todo esto parece ser desfavorable para el desarrollo de la minería nacional, considerando que estas regiones concentran 70% de la producción minera y el 66% de la inversión proyectada del sector, según la información que reporta Sernageomin y Cochilco.
Otro punto importante a considerar en esta problemática, es que estas “regiones mineras”, no son sólo aquello, sino que allí también existen valiosos ecosistemas y se desarrollan actividades económicas locales, además de poseer ciudades y poblados que viven y sobreviven a los impactos de los enclaves industriales.
Según la información que entrega Cochilco, para el año 2020 se desarrollarán e implementarán 49 iniciativas de inversión que reflejarán una inversión total de MMUS$112.556. Asimismo, estas proyecciones sostendrán una demanda de agua fresca del orden de 540,6 millones de m3 equivalentes a 17,1 m3/seg y un consumo eléctrico esperado de 39,4 TWh, considerando que el mayor consumo lo realizarían las compañías cupríferas que se abastecen de electricidad proveniente del SING al demandar un consumo de 25,7 TWh.
Los impactos de la minería nacional están a la vista y tienen directa relación con la disponibilidad del recurso hídrico y el emplazamiento de centrales eléctricas –principalmente centrales termoeléctricas–, situación adversa que contribuye a que se generen diversas zonas de sacrificio socio-ambiental, como es el caso de las emblemáticas comunas de Chañaral y Huasco. Es por ello, que no es raro que asociada a la actividad minera o termoeléctrica se levanten conflictos, pues al no existir planificación territorial ni una evaluación ambiental estratégica de las actividades productivas, el reguardo a los ecosistemas, personas y economías locales, es bastante débil. Sin embargo, poco a poco el daño socioambiental es percibido por las personas, ya que éste se refleja en la pérdida de su calidad de vida. En efecto, los conflictos están a la vista: el proyecto minero Pascua Lama; la expansión minera de la estatal Codelco, con el proyecto Andina 244; la iniciativa minera Cerro Casale; el proyecto termoeléctrico Punta Alcalde; y la central Castilla, entre otros.
Estos hechos nos permiten reflexionar qué tipo de desarrollo queremos y si la relaciones productivas –principalmente extractivas– son sostenible en el largo plazo, considerando que este tipo de “desarrollo” establecerá una potencial crisis de gobernabilidad asociada a la concreción de las proyecciones de inversión minera, que, como ya se señaló, nos plantean un complejo escenario político y social que se debe discutir de manera pública e inclusiva, considerando las visiones de la ciudadanía, las empresas y el gobierno. Es este último debe garantizar que se cumplan los derechos ciudadanos y no ser un aliado de las grandes empresas, como lo ha sido hasta la fecha.
Como se puede apreciar, la planificación del sector minero establece una problemática de organización aún mayor y que se amplía a otros sectores, como es el caso del sector energético e hídrico del país. Además, ésta se agudiza si consideramos que las decisiones de las materias expuestas se encuentran en manos privadas y la participación del gobierno sólo se reduce a aspectos de carácter indicativo y en ningún caso vinculante.
En síntesis, gran parte de la potencial crisis de gobernabilidad expuesta tiene relación con el modelo económico-político que impera en Chile, el cual fue instaurado en dictadura y el que, por su lógica neoliberal, deja en manos del mercado todos los sectores estratégicos del país, considerando en éstos a los recursos minerales, hídricos y energéticos. Por ello, hoy 22 de abril cuando conmemoramos el Día de la Tierra, es propicio señalar que para lograr establecer transformaciones reales en el modelo de desarrollo “extractivista” que ha imperado durante las últimas décadas, es necesario modificar el marco regulatorio que nos rige, asimismo incorporar en el debate público temas de gran relevancia, como es el respeto a los derechos de las personas, el fomento de las economías locales y el resguardo a los ecosistemas, comprometiendo la garantía constitucional que nos provee el artículo 19 N°8, que tiene relación con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
* Entrada escrita por Telye Yurisch, Economista Colaborador de Fundación Terram
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Foto: Wikimedia Commons
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