Chile no tiene un problema energético

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El país no cuenta con una institucionalidad adecuada para la construcción de un problema energético nacional con fuerza ejecutiva, acorde a la naturaleza y complejidad que el mismo tiene hoy en día.

A raíz de recientes actos judiciales, reuniones empresariales y reflexiones políticas, vuelve a emerger el tema energético como uno de  los temas inconclusos y conflictivos del desarrollo nacional.

El ciudadano de a pie se preguntará, cómo puede ser posible que año tras año, desde hace ya quizás una década, dirigentes políticos, empresariales, sociales, expertos, y organizaciones no gubernamentales vuelvan recurrentemente a señalar la gravedad del mismo, los riesgos y peligros de todo tipo que se ciernen sobre el país de no solucionarlo adecuadamente, sin ser capaces de llegar a ningún consenso que permita dejar de hablar de lo no resuelto, para poder hablar de las medidas que se están tomado para resolverlo.

Pareciera ser que todos los caminos recorridos para consensuar una “solución”, no generan la tan espera tranquilidad energética que el país necesita. ¿Por qué?

La respuesta que arriesgamos aquí es que el país no encuentra una solución a su problema energético porque todavía no tiene ninguno. Bien es cierto que el sector productivo tiene uno, el mundo ecologista tiene otro, las entidades de gobierno especializadas tienen un tercero, los expertos tienen el suyo propio, la población probablemente tendrá un quinto resultado de la combinatoria de todos los anteriores. Ahora el país, como sistema totalizador capaz de dar cuenta de las necesidades derivadas de demanda energética a largo plazo, no logra tener uno. Y, claro, como no hay problema, no puede haber solución.

Un alto directivo del mundo privado apuntaba recientemente a este mismo síntoma al señalar: “Falta liderazgo del poder ejecutivo y del poder Legislativo en determinar cuál es el problema..(energético)”[i].

Ahora, tampoco se puede estar de acuerdo con esta afirmación, en que para resolver la ausencia de un diagnóstico operativo, sea preciso que el poder ejecutivo y legislativo lo determine.

No por un prurito democrático, sino por puro sentido común: los esfuerzos llevados a cabo por los sucesivos ejecutivos, llámense comisiones, mesas, estrategias (el último de ellos la estrategia nacional de energía 2012-2030) y similares, no han servido para terminar por definir un problema energético del país con fuerza ejecutiva, que genere confianza en los actores del sistema en que, más allá de un traspié, se está en el camino de solucionar lo que haya que solucionar.

Sería simplista argüir malas intenciones, estrategias ocultas,  falta de capacidades y argumentos similares para explicar esta situación. La explicación tiene que ser más estructural. Esa explicación estructural podría ser la siguiente; el país no cuenta con una institucionalidad adecuada para la construcción de un problema energético nacional con fuerza ejecutiva, acorde a la naturaleza y complejidad que elmismo tiene hoy en día.

Esto supone varias cosas. Uno que la dificultad para construir un problema energético nacional no radica en la ausencia de información y  argumentos. Dos, que  esa dificultad no radica en los actores y sus posibles estrategias. Y tres, que ella tampoco es el resultado de la carencia de un instrumento de política singular, llámese estrategia, o una norma ambiental. El problema radica en las capacidades del marco institucional de regulación del sistema energético nacional. Y radica en las dificultades que tiene ese marco para definir de forma duradera equilibrios complejos de funcionamiento para el desarrollo del sistema.

Es decir, es un sistema que está concebido para alcanzar equilibrios razonables y duraderos entre actores, iniciativas, e intereses, en el sistema cerrado de la gestión de energía, pero no para gestionar y generar equilibrios razonables y duraderos entre actores, iniciativas, e intereses, en un sistema abierto, en el cual el sistema de gestión de la energía, se cruza con el sistema de gestión ambiental, el del desarrollo territorial, el de los intereses socio-políticos, etcétera.

Esta pérdida progresiva de capacidades de lmarco institucional actual de gestión del sistema energético nacional se debe en parte a dos procesos convergentes. Por un lado, se trata de la maduración de nuevos sistemas y sus institucionalidades que colisionan y compiten con lo srecursos disponibles para la generación, transporte y uso de la energía. Por otro lado, se trata de la maduración de nuevos valores y sus respectivas institucionalidades que compiten con la institucionalidad energética por el poder para la construcción de problemas energéticos nacionales con fuerza ejecutiva.

En este contexto la pérdida progresiva de capacidades del marco institucional actual de gestión del sistema energético nacional se materializa en su incapacidad para construir un problema energético nacional con fuerza ejecutiva capaz de conciliar todas esas realidades.

Un efecto colateral de esta situación, pero no por ello menos importante, es la pérdida creciente de gobernabilidad, en buena medida ambiental y territorial, del sector de la energía en el país. La muy reciente decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de revertir la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental regional respecto de una central térmica en el valle del Huasco, la hace más evidente. Lo mismo que ha sucedido en los últimos tiempos, donde incluso se han generado espacios para que el poder judicial tenga la posibilidad de jugar un protagonismo inusual en el debate energético nacional y en la definición de sus derroteros estructurales.

Si esta narrativa es certera, el país puede seguir esperando largo tiempo a una “solución de su problema energético”, amén que se tome el toro por las astas, y se plantee un modelo de gestión del sistema energético nacional capaz de cruzar muchas más variables y de forma mucho más compleja y estratégica, y a la vez incierta, de lo que hoy puede hacer, para encontrar equilibrios razonables y duraderos entre actores, iniciativas, e intereses.