El 10 de marzo de 2010, el Senado aprobó el ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), último paso de un proceso iniciado en marzo de 2007, momento en el cuál los 30 miembros de la OCDE invitaron a Chile, Eslovenia, Estonia, Israel y Rusia a iniciar negociaciones para integrarse a este selecto grupo.
Las exigencias medioambientales de la OCDE a nuestro país, se formalizaron en el documento “Evaluaciones del desempeño ambiental – Chile” (CEPAL – OCDE, 2005). De éste emanaron 52 recomendaciones, cuyas respuestas a su vez dieron lugar a la ley:Chile necesita una institucionalidad con leyes concretas, con “dientes” que muerdan cuando hay incumplimientos. Pertenecemos a un selecto grupo que es la OCDE, pero el factor que más frena al desarrollo son los factores medio ambientales.
- Ley 20.173, “Crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y le confiere de rango de Ministro de Estado”.
- Ley 20.417, “Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Super Intendencia del Medio Ambiente”.
En este contexto el ex Presidente Sebastián Piñera señaló y luego confirmó que la Central Termoeléctrica Barrancones, a 25 kilómetros del Santuario de la Naturaleza Punta de Choros, debería cambiar su ubicación, marcando un giro a la decisión de la CONAMA regional de Coquimbo que aprobó la instalación del megaproyecto.
Esta situación lejos de calmar las demandas ciudadanas generó una enorme sensibilidad en torno a los temas medioambientales, lo que se manifestó y agudizó en las diversas manifestaciones contra el proyecto Hidroaysen.
Ahora bien, el 2010 estrenamos una institucionalidad Medio Ambiental (Ley 20.417). Dicha institucionalidad no ha sido capaz de contrarrestar los poderes del mercado, ni ha sido representativa para los movimientos sociales ambientalistas que demandan mayor protección. Tampoco ha sido suficiente para generar un ambiente que promueva la generación de energías limpias, ni para la promoción de una transformación cultural que promueva el ahorro energético y el reciclaje, tampoco ha propiciado un ambiente de certidumbre regulatoria y económica que oriente e incentive la inversión privada hacia energías limpias y renovables.
Necesitamos avanzar hacia un empoderamiento de la institucionalidad medioambiental y la generación de una política acorde a los estándares existentes, pues la actual data de 1998 y claramente no es representativa de los nuevos desafíos que nos impone el contexto internacional, nuestra posición de miembros de la OCDE, y las demandas sociales.
A partir de la creación del Ministerio de Medio Ambiente y el ingreso a la OCDE, se han visibilizado situaciones como la de la Quebrada de la Plata, área de mucho interés ecológico y científico, que ha sufrido graves daños debido a la actividad minera, a pesar de ser una zona declarada como prioritaria para la conservación de la biodiversidad y además considerada como patrimonio natural y cultural de nuestro país (SEA, 2014). Algo similar está ocurriendo con el Bosque Panul, ultimo bosque nativo de Santiago, que alberga especies milenarias del bosque esclerófilo que está siendo amenazado por los proyectos inmobiliarios de la comuna de La Florida. Casos como estos, se han repetido en reiteradas ocasiones en nuestro país, en donde se incumplen tanto los tratados internacionales de medio ambiente, como nuestra Ley 19.300 de bases Medioambientales, e incluso pasando a llevar el articulo 19 N°8 de la Constitución Política de la Republica, que establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación . Estos casos, han sido denunciados en reiteradas veces a la Superintendencia de Medio Ambiente, se han generado agrupaciones y campañas en redes sociales, pero no ha existido una respuesta ni una demostración de interés por parte de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial.
La legislación en Chile en ámbitos medio ambientales es muy flexible, carece de un cuerpo legislativo y una organización constitucional, demostración de esto son las multas que no cubren los daños medio ambientales que generan las empresas. Somos el tercer país de Sudamérica que menos invierte en investigación, fomento y desarrollo medio ambiental (Pacha, 2010), somos un país minero que utiliza energía y contamina sin limitación legislativa alguna, somos un país que no promueve las energías limpias, pero si las contaminantes, somos un país que importa plástico reciclado desde Argentina, en vez de reciclar nuestro propio plástico.
Chile necesita una institucionalidad con leyes concretas, con “dientes” que muerdan cuando hay incumplimientos. Pertenecemos a un selecto grupo que es la OCDE, pero el factor que más frena al desarrollo son los factores medio ambientales. Es nuestro deber exigir a las autoridades, legislaciones que promuevan las buenas prácticas, que eduquen a la sociedad, que desarrollen sistemas sustentables y que sancionen a quienes no cumplan la ley.
Entonces, ¿Chile es un país amigable con el medio ambiente?
Comentarios
14 de febrero
una mierda tu columna, se nota que conoces y no sabes nada del tema medioambiental ni de la legislación actual. Por favor utiliza fuentes válidas y ni todo lo que encuentras en Google.
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