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Si pudiéramos calificar el 2012, es posible afirmar que la brecha entre las aspiraciones ciudadanas y el desempeño energético y ambiental del gobierno se han hecho más distantes y que hemos asistido a un retroceso en materia ambiental; un incremento en los conflictos energéticos y ambientales; y una liquidación – ¿por cambio de giro? – del patrimonio de recursos naturalesde todos los chilenos y chilenas.
Dicho retraso se ha evidenciado, en primer lugar, en la incapacidad del gobierno para concretar procedimientos expeditos al implementar la nueva institucionalidad ambiental (que mayoritariamente quedó definida en el mandato anterior): un retraso del nuevo sistema de participación ciudadana en la evaluación ambiental, incluyendo las distorsiones que ha pretendido oficializar respecto de la consulta indígena exigida por el convenio 169 de la OIT. Hay atraso además en la instalación de la Superintendencia del Medio Ambiente, lo que ha mantenido al país en un caos en materia de fiscalización ambiental, bastante lentitud en el establecimiento del primer Tribunal Ambiental, y un verdadero fracaso en el diseño y tramitación de la Ley que crea el ServicioNacional de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.
En el ámbito de los conflictos ambientales, las movilizaciones ciudadanas iniciadas contra de Hidroaysen en 2011 se multiplicaron en 2012, especialmente en las regiones, las cuales rechazan continuar siendo las » zonas de sacrificio para el logro delprogreso».
Las protestas masivas este año en Aysen, Calama, Huasco, Freirina, Totoral, Puchuncaví, La Ligua y Caimanes son solo algunos de los cientos de conflictos entre los ciudadanos y el gobierno que muestran la incompetencia de la administración del Estado para defender el aire limpio; el acceso, la calidad y gestión eficiente de las aguas; así como para proteger los bienes públicos como borde costero, los glaciares y parques nacionales.
Al respecto, el conflicto y posterior rechazo de la Corte Suprema a la aprobación ambiental del mega-proyecto acarbón Castilla; elanuncio del cierre indefinido de la planta faenadora de cerdos en Freirina, por la presión ciudadana, son dos ejemplos de cómo en las decisiones del gobierno — y en particular enel ámbito de la aplicación de la Ley 19.300– la movilización ciudadana ha sido más eficiente en la protección ambiental que los procedimientos e institucionalidad pública creadas para tal efecto.
En el ámbito energético no ha sido diferente. Si bien el año 2012 comenzó de forma prometedora, el accionar posterior del Estado fue contradictorio con estas políticas. En enero se aprobó la Ley que permite la generación eléctrica residencial (Ley de Net Metering) y el pago que deben realizar las empresas distribuidoras a estos mini generadores. El mismo mes, el Senado respaldó de manera unánime la Ley que aumenta a 20% la cuota de energías renovables no convencionales(ERNC) para el año 2020 (Ley 20/20); y en febrero el gobierno anunció unaEstrategia Nacional de Energía (ENE), con priorización de las ERNC y la Eficiencia Energética.
En la práctica, ocurrió todo lo contrario: el gobierno atrasó el reglamento para poner en efecto la Ley para generación residencial, bloqueó la Ley 20% ERNC y no implementó la Estrategia Nacional de Energía. Y como si ello fuera poco, centró sus propuestas legislativas en facilitar los procedimientos de aprobación de proyectos eléctricos, enviando al Congreso sendas leyes para acelerar las Concesiones Eléctricas y una Ley que crea una Carretera Eléctrica para beneficiar a las grandes empresas que dominan la generación, transmisión y distribución de energía, entregándoles nuevos derechos por sobre los derechos de la mayoría de los chilenos.
No contento con ello, el gobierno de la Alianza por Chile, ante la evidencia de la impopularidad creciente del presidente Piñera y su gestión inició un proceso de venta y privatización masiva de bienes públicos. Acción que, además de inconsulta, constituye una verdadera «liquidación por cambio de giro», que realiza una coalición de gobierno que sabe no será reelegida.
Esta subasta de bienes públicos, iniciada en 2011 con la venta del saldo de propiedad pública en las empresas sanitarias, continuó con el remate de concesiones del litio (afortunadamente fallida), con las concesiones renovables a perpetuidad de los peces (Ley de Pesca) las concesiones a perpetuidad de franjas fiscales de interés nacional (Ley Carretera Eléctrica) y las concesiones del borde costero (Ley de Zonificación y Concesiones Marítimas).
Las protestas en masivas este año en Aysen, Calama, Huasco, Freirina, Totoral, Puchuncaví, La Ligua y Caimanes son solo algunos de los cientos de conflictos entre los ciudadanos y el gobierno que muestran la incompetencia de la administración del Estado para defender el aire limpio; el acceso, la calidad y gestión eficiente de las aguas; así como para proteger los bienes públicos como borde costero, los glaciares y parques nacionales.
Como corolario, el año termina con el preocupante anuncio de la venta de 98 mil hectáreas de terrenos fiscales, para serdestinados en su mayoría a proyectos inmobiliarios e industriales y la concesión de importantes parques nacionales y otros sitios protegidos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
La recaudación, estimada en 400 millones de dólares, no justifica desprenderse sin mayor discusión y aprovechando las fiestas de fin de año de un activo tan valioso, como son los terrenos fiscales y áreas protegidas que hoy son de propiedad de todos lo chilenos y que pueden seguir siéndolo, si se opta por sistemas de uso que recauden la renta para el Estado, pero sin enajenar la propiedad de todos los chilenos sobre estos bienes.
Resulta claro, entonces, que cualquier balance de la gestión energética y ambiental del presente gobierno evidencia, no sólo ausencia de visión sobre «lo que constituye lo publico» y «cómo se administra el interés publico», sino que desnuda el sesgo de interés privado, privatizador y usurpador de lo público que encarna una coalición política incapaz de entender y respetar el bien común y carente de vocación para administrar lo público.
La administración Piñera se muestra crudamente al servicio del interés empresarial, funcional al traspaso de las rentas públicas para engrosar el lucro privado y dejar un Estado y una Nación empequeñecida, despojada de bienes y con deudas sociales y ambientales más difíciles de resolver.
Así, el balance energético y ambiental del gobierno es negativo y preocupante: Chile enfrenta mayores conflictos y el gobierno, en lugar de enfrentarlos y resolverlos, inicia la liquidación de activos públicos que no harán más que intensificarlos.
Sin duda, en la próxima coyuntura electoral de 2013, donde se renuevan los compromisos de la gestión democrática, se expresará claramente esta creciente tensión en Chile entre el lucro privado y la distribución de los bienes públicos.
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