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Aylwin y medio ambiente: del espíritu de la ley a agenda pro-inversión

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Desde hace unas semanas que en Fundación Terram estamos revisando y analizando la labor en materia ambiental de los gobiernos electos pos-dictadura. Por ello, a raíz del fallecimiento del ex Presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar, es que como -Organización No Gubernamental que ha trabajado desde mediados de los años 90 en investigación y propuestas de política pública en materia ambiental- nos ha parecido importante efectuar un breve recuento de la gestión realizada por el ex mandatario y su Gobierno.


Han transcurrido 22 años desde el fin del gobierno de Patricio Aylwin, además del paso de cuatro gobiernos completos, y en la práctica, hoy todo ha decantado en la subyugación continua de las temáticas ambientales a los intereses de los sectores extractivistas-empresariales, como una política de Estado, en desmedro de las mayorías y de las comunidades del país.

De acuerdo a lo anterior, es necesario dar un contexto histórico de la realidad política que vivía el país con el retorno a la democracia tras 17 años de dictadura cívico-militar. El Gobierno de Aylwin se desarrolló en un contexto de recuperación de la institucionalidad democrática, en el que se reconoció la necesidad de generar y garantizar consensos entre los diversos actores. Es por ello que se abocó a la tarea de democratizar las instituciones del régimen político heredado, abriendo canales de participación para los diversos sectores sociales y satisfaciendo gradualmente las variadas demandas económico-sociales (Brunner, 1990). La implementación de estas políticas, “estrictamente” graduales en el campo institucional y económico, tenían como objetivo la estabilidad, la cual se basó en una política de negociaciones más conocida como “política de los consensos” (Garretón, 1992). Si bien el slogan de la campaña del ‘No’ fue “Chile, la alegra ya viene”, fue en este proceso de negociaciones en el que surgen oscuros personajes de la transición, que intercedieron y negociaron con el poder económico y militar una democracia a medias.

La administración Aylwin adoptó una estrategia experimental basada en el método “ensayo y error”, que se tradujo en modernizar, pero sin introducir grandes modificaciones, en concordancia con el tipo de “transición pactada” que privilegió la estabilidad por sobre los cambios (Lechner, 1993) y que, como consecuencia, al centrarse en recuperar la institucionalidad democrática y la implementación de una política estrictamente gradual, dejó poco espacio para la Reforma del Estado, pues no había sido considerada dentro de las prioridades ni en las bases programáticas del primer Gobierno de la Concertación.

Sin embargo, es relevante destacar que ya en su programa, Patricio Aylwin introducía la temática ambiental señalando: “Finalmente, se garantizará en forma efectiva el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Será responsabilidad del Estado velar por la protección de las riquezas nativas en materia de flora y fauna, por la calidad del aire y del agua, de los ríos, lagos, lagunas y del mar territorial, de los recursos renovables y no renovables, de tal modo que se mantenga el equilibrio ecológico necesario para la vida y que la naturaleza no sea destruida por la actividad de explotación y usos indiscriminados”.

Casi recién asumido en su mandato, el 5 de junio de 1990 -el mismo Día Mundial del Medio Ambiente- el entonces Presidente firmó el decreto ley con el que creó la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), dependiente del Ministerio de Bienes Nacionales, que aunque precaria, fue la primera institucionalidad ambiental en la historia de Chile.

Luego, en el año 1992, cuando los líderes mundiales se reunían en Río de Janeiro en la Cumbre de la Tierra, Aylwin -poniéndose a tono con la agenda ambiental internacional- envía al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, normativa que finalmente termina convirtiéndose en la Ley 19.300 en 1994, tras ser aprobada poco tiempo antes de que dejara la Presidencia. Con la entrada en vigencia de esta ley, se inició una nueva etapa en la legislación ambiental chilena, pues fue la primera ley ambiental, que por una parte, creaba por ley una nueva institución pública, como la CONAMA, ahora dependiente del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Y por otra, la propuesta legal ingresada al Congreso y la ley aprobada, se basaba en principios rectores que planteaban una forma bastante integral de realizar la gestión ambiental del país.

Siendo el instrumento de gestión más importante que contenía la ley de 1994, la creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para proyectos de inversión, pues obligaba a la mayor parte de los emprendimientos que podrían generar impacto ambiental a someterse a un proceso de calificación ambiental. No obstante, el desarrollo e implementación de este proceso debía contar con un reglamento para poder aplicar lo establecido en la ley. Normativa que recién pudo ver la luz el año 1997, ya en el Gobierno de Eduardo Frei.

Volviendo a 1992, es en este lustro cuando -en el marco de la incorporación programática del Gobierno en la agenda mundial por la sustentabilidad- se celebró en Brasil la “Cumbre de la Tierra” o “Cumbre de Río” donde la comunidad internacional adoptó una serie de instrumentos en política de protección ambiental. Momento en el cual la administración Aylwin suscribió todos los acuerdos y convenios de la cumbre -vinculantes y no vinculantes- entre ellos: la Declaración de Río; la Agenda o Programa 21; la Declaración de Principios sobre los Bosques; la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático; la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, y la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Cabe señalar también que en ese mismo año -1992- el Gobierno presentó el proyecto de ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, cuyo mensaje introductorio da una amplia visión de lo que ocurría en el mundo y en Chile. El proyecto apuntaba directamente a valorar nuestros bosques nativos, a detener la sustitución de la masa forestal autóctona por plantaciones forestales exóticas, además de paralizar la destrucción del bosque para la producción de astillas.  Esta iniciativa tuvo un largo tránsito en el Congreso y solo fue aprobado 16 años más tarde (Ley N° 20.283).

Asimismo, en su Gobierno se planteó una modificación sustancial al Código de Aguas, el que había sido elaborado en dictadura, proyecto que al igual que la Ley de Bosque Nativo, tuvo que esperar mucho tiempo y negociaciones antes de ver le luz el año 2005. Ambas iniciativas demoraron más de una década en su tramitación legislativa -16 y 12 años, respectivamente- y fueron promulgadas con cambios significativos respecto a su versión e intención original. En tanto, en un rango complementario al ambiental, en 1993, el Gobierno promulga la Ley Indígena (Nº 19.253) que también crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Con este breve recuento sobre la construcción de la institucionalidad ambiental chilena -circunscrita en los albores de la transición democrática y un escenario político distinto- reconocemos que Aylwin asumió como gobierno una temática que podría no haberse considerado. Con ello, no adjudicamos a su administración las transformaciones y deformaciones prácticas que sufrieron varias de las leyes mencionadas en los gobiernos posteriores, muy distantes al espíritu de la ley iniciales, y que luego fueron dando forma y consolidando el leitmotiv de la llamada ‘Doctrina Frei’ en materia ambiental, es decir, que “ninguna inversión se detendrá por consideraciones ambientales”, dejando en evidencia su marcada posición pro-inversión junto a un testimonial resguardo ambiental.

Han transcurrido 22 años desde el fin del gobierno de Patricio Aylwin, además del paso de cuatro gobiernos completos, y en la práctica, hoy todo ha decantado en la subyugación continua de las temáticas ambientales a los intereses de los sectores extractivistas-empresariales, como una política de Estado, en desmedro de las grandes mayorías y de desprotegidas comunidades locales del país, a las que por mandato legal, el Estado -a través de sus gobiernos- debería garantizar el vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

TAGS: Patricio Aylwin política medioambiental

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22 de abril

Hoy lo económico está por sobre el cuidado al medio ambiente, y la razón es bien clara, los grandes inversionistas quieren obtener utilidades rápidamente, y el medio ambiente las puede dar, pero a un largo plazo.
El dogma “Crecimiento Económico” lo único que esta logrando es enriquecer a unos pocos , pero es gracias a presionar y destruir los distintos ecosistemas.

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Saludos y buen artículo

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