Las más recientes sesiones de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, la última efectuada el pasado martes 20 de mayo, han recibido a funcionarios de los servicios Dirección General de Aguas, CONAF, Comisión Nacional de Riego, Delegación Presidencial de Recursos Hídricos y Dirección de Obras Hidráulicas, todos invitados por la comisión, según indicó la diputada Denise Pascal (PS).
Cuando hay nuevas autoridades, además de los saludos protocolares, hacen planteamientos sobre el estado de las cosas en sus instituciones y lo que se planea realizar en los cuatro años de gobierno. Esto es lo normal.
Lo que no nos parece normal es la dimensión de los problemas que en esta instancia legislativa se han planteado. ¿Cómo puede permanecer casi indiferente la población chilena, cuando se constata, que de acuerdo a lo presentado por el Delegado Presidencial de Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz, hay tres de los principales embalses del país con su capacidad de agua al mínimo?
Las cifras concretas son:
– Embalse La Paloma, con capacidad para 748 millones m3, le quedan al 2014 sólo 20 millones de m3
– Lago Laja, con capacidad 5. 582 millones de m3, le quedan al 2014, 518 millones de m3
– Laguna del Maule, con capacidad de 1.420 millones de m3, quedan al 2014, 170 millones de m3
¡Nos parece alarmante!
Bien refleja nuestra preocupación el diputado José Pérez (PRSD) en su intervención: “No queremos que siga pasando por ejemplo, lo que acontece con el Lago Laja, que ya es un cuento ese lago que existió en un momento, con siete mil quinientos millones de metros cúbicos, hoy día tiene quince veces menos que aquello, y tiene apenas el colchón bajo de quinientos millones de metros cúbicos. ¿Por qué? Porque ENDESA lo ha sobre explotado. Estuvimos en una reunión con nuestro amigo Reinaldo hace algunos días atrás, “no hablen de Endesa”, ¡¡no si hay que hablar de Endesa!!, Endesa es responsable del mal uso y del uso abusivo que se ha hecho de estas aguas y de muchas más, la energía eléctrica a mí me importa un comino, lo primero es lo primero la necesidad del ser humano, riego para los cultivos que producen alimentos, turismo y en última instancia vamos viendo si se ocupa para energía eléctrica”.
Para resumir la problemática diremos que Chile no es un país con problemas de abastecimiento de agua, ya que tenemos glaciares, cinco mil kilómetros de costa, cordillera, lagos, ríos, acuíferos subterráneos, etc.
¿Dónde está el problema entonces? En la distribución de esa agua en función a la propiedad de sus derechos. Eso es un principio a discutir, pero de fondo. El Código de Aguas fue creado por Pinochet el año 1981, por medio del decreto con fuerza de ley Nº 1122. En tanto no se cuestione este Código, no prevalecerá en el país la idea de que el agua es un derecho humano fundamental. Disponibilidad de agua bebestible para todos los chilenos y chilenas, como lo señaló la diputada Denise Pascal.
A modo de ejemplo, recordamos lo que señaló Carlos Estévez, Director de la Dirección General de Aguas: Que en este marco se dan además situaciones de compra de derechos sin ocuparse y luego se venden a mayor precio. En otras palabras, franca especulación.
¿Cómo puede permanecer casi indiferente la población chilena, cuando se constata, que de acuerdo a lo presentado por el Delegado Presidencial de Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz, hay tres de los principales embalses del país con su capacidad de agua al mínimo?
Ya se han hecho algunas modificaciones al Código, se pretenden hacer aún más, como por ejemplo, lograr que el agua sea considerada un bien de uso público cualquiera sea el estado en que se encuentre, incluidos los glaciares. La presidenta Bachelet en su discurso del 21 de Mayo de este año anunció estos cambios.
Podemos distinguir dos tendencias en el debate de esta comisión. La primera es a crear nuevas formas de capturar aguas, por medio de programas definidos por la autoridad y otra de cuestionar y criticar el actual estado de distribución del elemento según la legalidad vigente. En la primera se encontraría el gobierno y parlamentarios de la derecha, como planteó así el diputado Ramón Barros (UDI); en la segunda, parlamentarios de la Nueva Mayoría. Quizás podríamos encontrar una postura intermedia, una tercera en este orden de cosas planteado: aquella que propone actualizar la institucionalidad para que sea un cuerpo coherente con la necesidad de tomar medidas urgentes para enfrentar la escasez hídrica en el país.
Según informe del Banco Mundial, citado por Carlos Estévez, hay 108 funciones públicas y más de 40 instituciones entremezcladas por el tema. Al margen de lo extraño que nos resulte la referencia de un estudio sobre la institucionalidad chilena de aguas hecho por el Banco Mundial, en lugar de una de nuestras universidades o centros de estudios, es el punto intermedio en que habría consenso entre el gobierno y todos los parlamentarios (as) de la comisión.
Queda por verse, si al cambiar la institucionalidad en el Congreso y ocuparla será suficiente para corregir los problemas diagnosticados o mientras ese cambio se concreta nos quedamos predicando en el desierto.
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Foto: Ovallito.cl / Licencia CC
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