Agua: La necesidad del diálogo político ciudadano

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Hay una tremenda posibilidad de quela Coordinadora del Agua, las organizaciones ciudadanas y la comisión parlamentaria realmente puedan trabajar en conjunto, pero también de hacerse presente en las regiones con el objeto de que esta coordinación entre el sector político y la ciudadanía pueda hacer avanzar una agenda real que permita responder a los desafíos que presenta la política pública en el tema hídric

Los Días 23 y 24 de noviembre pasados se realizó en Santiago el IV Encuentro por el Agua, convocado por la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida. Con el lema “Recuperando el Agua para una Gestión Pública y Comunitaria”, el evento convocó a organizaciones ciudadanas, campesinas, ambientales e indígenas de todo el país.

En ella se compartieron experiencias y demandas en torno a los conflictos por el agua en distintas zonas de Chile, desde los procesos que realizan organizaciones locales, sociales, académicas y políticas y que permitan avanzar hacia una gestión pública y comunitaria de este bien común. Pero además fue un acercamiento para determinar los cambios legales necesarios para modificar la institucionalidad hídrica vigente, para así responder a las necesidades reales y locales.

Uno de los mayores logros estuvo dado por la incorporación al debate de la gestión del agua a miembros del parlamento, específicamente de diputadas pertenecientes a la recién creada Comisión de Agua, Sequía y Desertificación que, entre otras cosas, acordó sesionar al menos 3 veces en el año 2013 en regiones, para conocer de primera fuente el problema hídrico de diferentes zonas.

El origen de esto se remonta a recientes años. El aumento e intensificación de conflictos por el agua de comunidades indígenas, campesinos, y agroexportadoras contra la explotación minera que en la zona norte; la confrontación entre comunidades locales con la agroindustria, las sanitarias y las hidroeléctricas en la zona central; y el enfrentamiento de agricultores, emprendimientos turísticos, pescadores y comunidades indígenas con empresas hidroeléctricas en la zona sur, han generado organización ciudadana, coordinaciones regionales y una articulación nacional por la defensa del agua.

Todo ello dio origen a la Coordinadora de Defensa del Aguay la Vida constituida por organizaciones sociales, indígenas, sindicales, de iglesia, agricultores, consumidores, sindicatos y comunidades afectadas por sobreexplotación, escasez, o contaminación del agua.

Esta articulación ha dado un  nuevo impulso político a la Agenda de demandas por el agua en Chile, que enfrenta actualmente un tercer año de sequía y un grave proceso de desertificación que afecta a casi 70% del territorio nacional. Factores que impactan significativamente a las comunidades y economías locales, a la generación eléctrica y a las actividades productivas, especialmente en la zona centro y norte del país.

Esta difícil coyuntura ha evidenciado que los problemas históricos de acceso, conservación y gestión del agua se han agravado estructuralmente, y que el Estado no ha tenido la capacidad para prevenir impactos y ha sufrido limitaciones legales para corregir situaciones de acaparamiento, usurpación, degradación ambiental y desabastecimiento.

El Código de 1981 define el agua como “un bien nacional de uso público”, y al mismo tiempo como “un bien económico”, consumando su privatización a través de la concesión de derechos de agua en forma gratuita y a perpetuidad.

En este contexto, los conflictos de acceso al agua en Chile, muestran muy claramente como el modelo de asignación y gestión de las aguas, centrado en criterios de oferta y demanda, pone  a los recursos hídricos bajo una fuerte presión de mercado, especialmente en las zonas donde estos son más escasos y excluye a la mayoría de la población del acceso a este bien público.

Para revertir esta situación y favorecer las necesidades de la población por sobre los intereses y usos competitivos de las empresas, se requiere una reforma sustantiva en la legislación sobre el agua y una reorientación de las políticas públicas vigentes, en base a la definición constitucional del agua como un bien colectivo, fundamental para la vida de las personas y dé la naturaleza y por tanto, inalienable y no mercantilizable.

Desde el primer gobierno de transición a la democracia en 1990, numerosas propuestas de reformas constitucionales y del Código de Aguas ya expresaban la importancia y urgencia que se manifestaba hace 20 años de solucionar los problemas del Código.

Estas propuestas motivaron el envío de una primera reforma al Código de Aguas por el gobierno de Patricio Aylwin, la cual luego de13 años de tramitación, fue aprobada en el año 2005, pero fue francamente insuficiente.

Desde esa época hasta hoy, parlamentarios de todas las tendencias han presentado 9 proyectos de reforma a la Constitución en materia de aguas y más de una docena de reformas al Código de Aguas, de todos los bloques políticos, entre los años 2008y 2012, así como un “Proyecto de Ley de Protección de Glaciares” presentado en 2006.

Sin embargo, la naturaleza estructural del problema y la intensificación de los conflictos motivó durante el presente año la articulación de diversos parlamentarios en  una “Bancada Transversal del Agua”, la cual realizó un diagnostico sobre la regulación, sobre la acción del gobierno en esta área y sobre las decenas de iniciativas de reformas legales sobre la gestión de los recursos hídricos.

Este hecho constituye una nueva oportunidad política para acelerar las reformas legales sobre la gestión del Agua en Chile, y para responder a las crecientes demandas ciudadanas sobre el derecho humano al agua, la protección de los recursos hídricos y la recuperación de este patrimonio natural estratégico para todos los chilenos.

Así las cosas, hay una tremenda posibilidad de quela Coordinadora del Agua, las organizaciones ciudadanas y la comisión parlamentaria realmente puedan trabajar en conjunto, pero también de hacerse presente en las regiones con el objeto de que esta coordinación entre el sector político y la ciudadanía pueda hacer avanzar una agenda real que permita responder a los desafíos que presenta la política pública en el tema hídrico.