Agua como derecho humano y bien común: ¿son tod/as los que dicen ser?

Una de las primeras y emblemáticas acciones en materia ambiental del último gobierno de Michelle Bachelet fue rechazar, en junio de 2014, el proyecto HidroAysén, aprobado con condiciones por el Comité de Ministros de Sebastián Piñera en enero del mismo año.

Unos meses antes, en mayo, la Presidenta había anunciado la elaboración de una Política Energética Nacional 2050, con dos  versiones específicas para Magallanes y Aysén.  Mal que mal estas dos regiones australes habían protagonizado al comienzo de la primera administración de Piñera revueltas asociadas al gas y las represas, respectivamente.

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Cuando las ofertas de recuperación del agua, cuidado del medio ambiente y participación ciudadana campean, es bueno asimilar que los procesos muchas veces parten por la acción que desde la ciudadanía se impulsa

Aunque este trabajo fue un giro a la política inconsulta de la administración piñerista, se era consciente de que en la Nueva Mayoría convivían varias almas en términos de modelo de desarrollo, partiendo por el propio ministro de Energía Máximo Pacheco, pro generación eléctrica interviniendo territorios a gran escala.

En los más de tres años de participación, la tarea no fue fácil.  El interés del gobierno de Michelle Bachelet de mantener la puerta abierta a mega proyectos hidroeléctricos, directriz que bajaba a sus funcionarios, no simplificó la acción ciudadana.

Falta de condiciones para la participación en igualdad y la inclusión forzosa de empresas externas como HidroAysén y Energía Austral con intereses creados y específicos, tergiversaban una discusión que debía basarse en lo que los propios habitantes de Aysén planteáramos sobre el futuro energético de la región.

Aunque parte del proceso lo lideraba la Universidad de Chile, la primera propuesta de posibles escenarios energéticos insistía en transformar a Aysén en la gran Pila de Chile.   Sólo tras instalar la controversia al interior de la comisión y la interpelación pública, que incluyó un artículo en Ciper, se logró revertir lo que ya tenían prácticamente zanjado.

Superados estos escollos, la Política Energética para la Región de Aysén 2050 contó con evaluación ambiental estratégica, con 4 ejes: Energía sustentable; eficiencia y educación energética; acceso equitativo y universal, seguridad y calidad; fortalecimiento energético regional.   Su presentación formal se realizó en febrero de 2018 y fue base para la elaborada por el actual gobierno.

La visión acordada fue: “En 2050, la Región de Aysén cuenta con un sistema energético sustentable, diversificado y competitivo.  Los habitantes disponen de energía en forma equitativa y confiable, lo que promueve su calidad de vida y el desarrollo regional sustentable. Se potencia el ahorro energético y la autogeneración con ERNC, la energía se usa eficientemente y las personas respiran aire limpio”.

A fines del año pasado se inició el proceso de actualización de la Política Energética Nacional 2050, la cual se trabajó “en el mes de diciembre del 2019, en la ciudad de Coyhaique y reunió a diversos actores de la comunidad pertenecientes a instituciones públicas, municipios, organizaciones sociales de base, ONG, empresas, gremios, consultoras y academia, entre otros” informó en su momento el ministerio de Energía.

Desde la ciudadanía planteamos y argumentamos a favor de que la visión incluyera el respeto a los derechos humanos y, en particular, el acceso al agua.  La negativa desde el ministerio de Energía, funcionarios públicos regionales y las empresas eléctricas, incluidos ejecutivos de Edelaysén e HidroAysén, fue cerrado.  Con múltiples razones, como que ésta sería materia de otro sector no necesariamente del ámbito energético.

Esto lo dejamos establecido durante el lanzamiento de principios de 2018.

Todo esto recordé tras participar en un taller macrozonal de discusión de la Política Nacional Minera 2050, donde la visión que se está proponiendo desde la institucionalidad incluye “garantizar una producción limpia que respeta los derechos humanos”.  Algo no muy distinto a lo que desde Aysén planteamos hace ya un lustro y que de todas formas incluimos en la Propuesta Ciudadana de Política Energética para Aysén Reserva de Vida lanzada en paralelo a la oficial del gobierno.

Curioso, lo que no fue bueno para la energía, hoy es bueno para la minería.  Y más aún, que se plantee en un gobierno que no se ha mostrado muy proclive a incorporar participación ciudadana, cuidado ambiental y derechos humanos al modelo de desarrollo.

Hoy por hoy, cuando las ofertas de recuperación del agua, cuidado del medio ambiente y participación ciudadana campean, es bueno asimilar que los procesos muchas veces parten por la acción que desde la ciudadanía se impulsa, los que posteriormente son incorporados por empresas y funcionarios que ayer, incluso, las entorpecieron.

Pero eso no es problema.  Uno de los ejes de la transformación social involucra convencer a otros que ayer no estaban convencidos, y que en ocasiones incluso eran adversarios.  Así se construye mayoría.

El problema no es que aquellos que llegan en el anochecer del proceso se monten al carro, lo grave es que quieran llevar las riendas.  Eso lo vemos en la discusión sobre la Convención Constitucional y la nueva Carta Fundamental, los derechos sociales garantizados, el agua como bien común, la protección de la naturaleza, la profundización de la democracia.

Los cambios profundos no tienen dueños, claro está.  Es más, son colectivos e intergeneracionales.  Pero con esa misma claridad es posible afirmar que el oportunismo en las políticas públicas tampoco tiene patrón.  O sí lo tiene: impulsar sueños ajenos, sea funcionario público o ejecutivo privado, a la espera de la nueva directriz que llegará del comandante, el presidente del partido, el ministro o el dueño del capital.