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Violencia policial: ¿habremos tocado fondo?

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Hemos visto con cautelosa esperanza las declaraciones recientes tanto del Presidente Piñera como del Ministro Chadwick, indicando que serán implacables en aplicar sanciones a Carabineros que hayan cometido “excesos”. Y es una esperanza cautelosa, porque este cambio parece estar llegando tarde y ser todavía insuficiente.

Recientemente nos hemos escandalizado con gravísimas denuncias de violencia policial ocurridas en el contexto de las manifestaciones estudiantiles de las últimas semanas, que han incluido denuncias de golpizas severas y abusos sexuales a niñas. Sin embargo, esto no es algo nuevo. Desde hace ya más de un año, con el inicio del movimiento estudiantil, en Amnistía Internacional venimos recibiendo denuncias de violencia policial después de cada manifestación invariablemente, las que van desde uso indiscriminado del lanzaaguas, uso indebido de bombas y gases lacrimógenos, golpes durante el proceso de detención, hasta malos tratos dentro de los carros policiales y una vez detenidos. Esto se repitió en manifestaciones fuera de Santiago, incluyendo los casos de movimientos sociales en Aysén, Pelequén y Freirina.

Es fundamental no perder de vista que esto no es un problema de los manifestantes ni un problema de seguridad ciudadana exclusivamente. En la medida que existiría violencia excesiva proveniente de agentes del Estado en contra de la ciudadanía, pasa a ser problema de derechos humanos y por tanto responsabilidad del Estado de Chile de cara a sus compromisos internacionales en esta materia. Por supuesto que el Estado tiene el deber de resguardar el orden público, pero cualquier medida que se adopte en este sentido, debe tener siempre como base el pleno respeto de los derechos humanos de todas las partes involucradas.

La violencia policial en el contexto de una manifestación ciudadana lesiona obviamente el derecho a la integridad física y psíquica de las personas afectadas. Pero además tiene consecuencias adicionales, pues atenta gravemente contra los derechos a reunión y a la libertad de expresión: al verse una violencia indiscriminada, que afectaría por igual a manifestantes pacíficos y a personas que cometen actos de violencia dentro de la misma manifestación, se está dando la señal de que lo repudiable es la manifestación misma y coartando el actuar de quienes se manifiestan pacíficamente, pese a que sea simplemente el ejercicio de derechos humanos básicos. Esta es también una de las razones por las que hemos criticado la Ley de Resguardo del Orden Público (más conocida como “ley Hinzpeter”), en cuanto estaría dando otra señal en este mismo sentido criminalizador de las manifestaciones como tales, se les estigmatiza.

Por ello hemos estado constantemente haciendo ver nuestra preocupación en diferentes instancias, incluyendo una carta que Amnistía Internacional dirigió al Presidente Sebastián Piñera en marzo de este año, a la cual la respuesta inmediata fue una declaración del Ministro Andrés Chadwick diciendo que “no compartía” nuestras apreciaciones. Más aún, en más de una ocasión en que, ciudadanos y ciudadanas, haciendo uso de la Ley de Transparencia, requirieron información al Ministerio del Interior a propósito de las medidas que adoptaría para investigar las denuncias de violencia policial, éste deslindó su responsabilidad, respondiendo que el Ministerio sólo tiene injerencia en aspectos de tipo administrativo de Carabineros, pero no en lo relativo a su actuar y protocolos, derivando la solicitud de información a Carabineros.

Hemos visto con cautelosa esperanza las declaraciones recientes tanto del Presidente Piñera como del Ministro Chadwick, indicando que serán implacables en aplicar sanciones a Carabineros que hayan cometido “excesos”. De manera similar, Carabineros ha reconocido “excesos”, sancionando – al menos provisoriamente – a algunos Carabineros por casos de violencia y declarando la necesidad de proporcionar mejor capacitación a fuerzas especiales.

Esto podría dar luces de un cambio de actitud por parte del Gobierno en el sentido de asumir la responsabilidad del Estado de Chile por lo que podrían ser violaciones de derechos humanos y tortura, reconocer la gravedad de los hechos y la necesidad de adoptar medidas al respecto.

Sin embargo, es una esperanza cautelosa, considerando que este cambio parece estar llegando tarde y ser todavía insuficiente.

Llega tarde, considerando que sucede tras más de un año de denuncias de abusos policiales a las que las autoridades no habían dado relevancia, ni aun tras la muerte de Manuel Gutiérrez. Fue necesario llegar a denuncias de actos casi extremos como un carabinero pateando en la cabeza a un joven, o pasando sus genitales por la cara a una niña, sumado tal vez a la presión proveniente de artículos en importantes medios extranjeros, para que hubiera una reacción. Pero al uso rutinario e indiscriminado del “guanaco” y las lacrimógenas pareciéramos habernos acostumbrado sin cuestionarlo, pese a que deja serias dudas en cuanto al uso proporcional y gradual de los medios disuasivos de acuerdo a las normas internacionales.

Y es insuficiente, en cuanto parece estarse limitando a estos casos “emblemáticos”, siendo que se trata de un problema recurrente, que es necesario enfrentar desde dos frentes: mejorar la formación y la capacitación del personal de Carabineros, y la investigación y sanción de todas las denuncias de violencia. Para que hechos como estos no se repitan, es fundamental que no queden impunes cuando se cometan. Es esencial que se investigue de manera independiente e imparcial todas las denuncias y se sancione a las personas responsables con penas acordes al delito cometido, con procedimientos y sanciones conocidas y transparentes. Y es fundamental que los casos de violencia cometidos por Carabineros en contra de civiles, sean llevados ante la justicia ordinaria, siendo urgente modificar la competencia de los tribunales militares en este sentido. Esto último además para cumplir las obligaciones que desde hace años tiene pendiente el país tras un fallo en contra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Quizá las recientes declaraciones de las autoridades y Carabineros a propósito de los llamados “excesos” – que en realidad son violaciones a los derechos humanos – den cuenta de que llegamos a un punto en que se tocó fondo y el tema ya no podía ser ignorado. Esperemos que esto lleve a la adopción de medidas efectivas, como las anteriormente señaladas, que nos permitan construir un sistema legal, judicial y de control del orden público que permita a la ciudadanía manifestarse libremente y en la confianza de que sus derechos humanos serán respetados y garantizados.

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04 de septiembre

El «problema recurrente», se puede enfrentar de más de dos formas y una de ellas es cambiando la metodología en la que la ciudadanía se manifiesta, protesta, o se paraliza, porque la acción del guanaco y las lacrimógenas seguirán sin tener como preocupación el resguardo de los derechos o la salud de las personas…

Pero, no pareciera que la gente tiene dirigentes que visualicen de esta forma el problema, sino que al parecer les agrada dar coces contra el aguijón, pero, de todas formas, dudo que en cada manifestación los dirigentes sufran los efectos del guanaco o de las lacrimógenas, el caso contrario serían excepciones, lo que me sugiere que tal vez usan a la gente que sufre esos daños como conejillos de indias que cumplan un rol en el que se terminan llevando los machacones y los maltratos…

Hoy en día las manifestaciones parecieran estar más al servicio de los fines políticos que los propios reclamos de la gente, según mi parecer, pero, es obvio que esto es algo personal y que seguro ha de existir una inmensa mayoría que no piensa igual que yo, la misma que se manifiesta, la misma que sufre las consecuencias de los maltratos… De todas formas, creo que actuar de forma más inteligente, nunca estaría demás…

En mi caso, lo que pido es una herramienta para ejercer la democracia, porque si existiera la institucionalidad adecuada para que la gente manifestara sus molestias y preocupaciones, sus demandas y aspiraciones, no serían necesarias las protestas en la calle y nadie sufriría lo que sufre; no habría inculpados ni detonantes…

De todas formas, todo lo que sucede y lo insistente que son algunas personas en ocupar métodos que los terminan lastimando, a cualquiera le cabría suponer que les gustan las lacrimógenas, para cambiar un poco el aire capitalino tal vez, y que les encanta que el guanaco los salude…

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