Violencia policial: en nombre del orden público

El ejercicio del derecho a reunión y de expresión en manifestaciones públicas se ha visto opacado por la insistencia de los medios de comunicación y el mundo político en los incidentes y desmanes, más que en el contenido de la protesta social.

El Gobierno y la opinión pública claman por el respeto “de todos” y requieren nuevas medidas para asegurar el orden público: más policías, menos permisos, nuevas leyes. Pero, ¿a qué se refieren con “orden público”? ¿Qué medidas son adecuadas para su resguardo? Estas preguntas, cuyas respuestas se dan por evidentes, requieren ser aclaradas.

El orden público puede ser entendido de dos maneras: como un fin en sí mismo o como un bien instrumental. Un Estado Autoritario supone que el orden público vale por sí mismo ya que el desorden (calificado por el mismo Estado) es contrario a sus posibilidades de mantener el control sobre la divergencia. En un Estado Democrático, el orden público es un bien que sirve como resguardo del espacio necesario para el ejercicio de otros derechos.

Para verificar si en Chile rige una concepción autoritaria o democrática de orden público debemos analizar las medidas tomadas por el Gobierno para su resguardo. En este caso resulta útil distinguir el uso de la fuerza, de la violencia policial. Carabineros está autorizado a utilizar la fuerza de manera proporcional según el ataque que pretende repeler: ante la realización de un delito está en la obligación de detener y puede usar la fuerza física para lograrlo. Algo distinto sucede cuando de manera indiscriminada y desproporcionada utiliza la fuerza para detener, dispersar un grupo de personas y provocar temor. Eso es violencia policial.

El ejercicio de la violencia policial y la criminalización de la protesta social suponen un concepto autoritario de orden público, que afectan gravemente el orden público democrático. Son una demostración de que una vez fracasados los intentos de diálogo político (si es que alguna vez hubo) al Estado sólo le queda responder con (más) violencia, ya que un gobierno autoritario no acepta un “no” como respuesta. Es por este resguardo de este “orden público” que Carabineros, y especialmente las FF.EE. hacen uso de la violencia policial,  y esto se relaciona directamente con una política de Estado Represivo, que obedece a la instrumentalización sistemática y estructurada de los movimientos sociales con la clara intención de criminalizar la movilización social. Por ejemplo, a través de  la denominada Ley Hinzpeter, se pretende penalizar conductas que en general son parte del ejercicio de legítimos derechos constitucionales. En otras palabras, esta ley penaliza el ejercicio de estos derechos, limitándolos a tal punto de que incurrir en alguna de estas actividades implicaría eventualmente la privación de libertad de una persona.

Además de los asistentes a las manifestaciones (existe un número creciente de denuncias por abusos policiales), son víctimas también de esta violencia policial las personas que se ven afectadas por los desmanes, porque el Estado no se preocupa del resguardo del orden público, teniendo las herramientas para hacerlo. Sólo se consigue aumentar la violencia y generar temor.

Carabineros está autorizado a utilizar la fuerza de manera proporcional según el ataque que pretende repeler: ante la realización de un delito está en la obligación de detener y puede usar la fuerza física para lograrlo. Algo distinto sucede cuando de manera indiscriminada y desproporcionada utiliza la fuerza para detener, dispersar un grupo de personas y provocar temor. Eso es violencia policial.

Un ejemplo clave: en el marco de la manifestación estudiantil del 8 de agosto de este año, se quemaron 3 buses del Transantiago, hubo 75 detenidos en los incidentes, y sólo uno fue imputado por la quema de los buses. Esto quiere decir que la policía se dedicó  a detener a quienes no cometieron delitos o sólo faltas menores, además de golpear y amedrentar a los manifestantes, a pesar de que cuenta con todas las herramientas, incluso tecnológicas, para detener a quienes efectivamente cometen delitos.

En conclusión, es en  nombre del “orden público” que Carabineros no cumple con sus funciones, agrede a las personas física y sicológicamente, con el respaldo de la política estatal y las autoridades que bajo el discurso de la “mano dura” invisibiliza el problema político de fondo: la resolución de los conflictos sociales.

Es por esto que tiene importancia la denuncia de la violencia policial, como una forma de  contribuir a frenar el círculo vicioso de impunidad del abuso de poder de las policías; los mecanismos de control existen, no son perfectos, pero deben ser utilizados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hace algunos días se dio de baja a los carabineros involucrados en abusos sexuales contra detenidas; otros han tenido sanciones por la violencia con que actuaron. Para que estas sanciones no sean la excepción, debemos organizarnos y ejercer las herramientas que el propio sistema nos da: denunciar y presentar querellas. Nos organizamos, como muchos otros grupos, para defendernos de un Estado Autoritario, que en nombre del orden público utiliza la violencia policial para infundir temor cada vez que los movimientos sociales construyen y exigen un mundo digno de vivir.

* Paloma Galaz, Defensa Secundarios