Un estudio realizado por ONG ENMARCHA constató que en los últimos 5 años, el 70% de las familias usuarias del Abriendo Caminos en Maipú (Programa del Ministerio de Desarrollo Social sobre niñez y familiares encarcelados), vivían en los mismos 3 km2 de la superficie total de la comuna de 135,5 kms2.
Estos 3 km2 representan sólo el 2% del territorio, los que en datos entregados por el Municipio (Atlas Municipal, 2015) se caracterizan por concentrar una alta densidad demográfica, donde predomina la pobreza, el hacinamiento, el tráfico de drogas, la violencia y la presencia de basurales clandestinos. Además el 32% de su población tiene menos de 14 años, el 24,2% entre 15 y 29 años y sólo existe 1,5 m2 de áreas verdes por persona, muy por debajo del promedio de la comuna (4,1 m2) y de lo que establece la Organización Mundial de la Salud (9 m2).
«No es sólo una familia quien vivirá las consecuencias de tener un familiar encarcelado, es también su vecino, sus compañeros de colegio, la casera de la feria, las personas con las que se comparte en la iglesia, en la plaza, entre otros.»
Estas cifras hablan de una realidad local que no resulta ajena a otras en Chile y América Latina. La pobreza y la cárcel son fenómenos sociales que se entrecruzan en territorios marcados por la exclusión.
Para ENMARCHA, organización que lleva 6 años trabajando con familiares de personas encarceladas, las consecuencias que puede tener la privación de libertad de un integrante de la familia pueden ser devastadoras; Aumento del empobrecimiento, desintegración familiar, enfermedades de salud mental (depresión, ansiedad, trastornos del sueño, entre otros), estigmatización y violencia, repercuten directamente en la vida de niños y niñas afectando su desarrollo. La cárcel daña, calando profundo en las historias de vida de todos y todas, quienes están dentro y quienes quedan afuera, viviendo una condena de exclusión.
El estudio, nos permite contar con evidencia de que la privación de libertad es un fenómeno que requiere ser abordado desde una dimensión socio territorial. No es sólo una familia quien vivirá las consecuencias de tener un familiar encarcelado, es también su vecino, sus compañeros de colegio, la casera de la feria, las personas con las que se comparte en la iglesia, en la plaza, entre otros. Constatar que las familias están distribuidas territorialmente en sectores empobrecidos, en villas y calles específicas, nos hace preguntarnos ¿Cuáles son las opciones de vida que les estamos entregando como sociedad a niños, niñas y jóvenes que viven en estos sectores?
Hace un tiempo en una jornada de diálogo con niños y niñas con familiares privados de libertad, nos hablaron de su relación con el barrio: “Siempre se escuchan peleas; pelean con palos, botellas”, “Una vez tiraron camotes y casi me llegan”, “hay balazos y a veces disparan contra mi casa”, “yo me voy a la cocina o a la pieza de mi hermana a esconder” “una vez me llegaron perdigones en el hombro” y el relato de Diego de 10 años que nos dejó perplejos por la claridad de su mensaje y la realidad que vive a diario: “Yo me estreso. Me dan ganas de gritar fuerte y grito, porque me estreso mucho. Me quiero ir, necesito desahogarme y salir de ahí. Hay varias peleas, hombres que le pagan a las mujeres, yo me siento muy mal y estresado porque siempre tengo que soportar eso”.
La vida de niños y niñas está cruzada por la violencia. En sus territorios, en la casa, en su escuela y en su aproximación a la cárcel. No saber qué ocurre con sus familiares privados de libertad, las visitas a los centros penales, el trato estigmatizador de las policías, la discriminación en el colegio, entre otros, los obliga a pagar por una condena de un delito que no cometieron.
Estos barrios muchas veces son intervenidos por las policías, si hubo allanamientos en las noches los niños y niñas al otro día igual van al colegio y ¿que están haciendo estos espacios para contener, escuchar o acoger? Los servicios de salud, ¿qué estrategias están desplegando para dar respuesta a las necesidades específicas en salud mental que demandará esta población? ¿Cómo están trabajando los programas enfocados en prevenir la delincuencia en estos barrios?
Contar con evidencia como la del estudio, permite demandar con mayor fuerza la necesidad urgente de generar intervenciones focalizadas en los territorios, que desplieguen estrategias sociocomunitarias para abordar el tan popular- en tiempos de elecciones- “problema de la delincuencia”, pero desde una dimensión que resguarde los Derechos Humanos, que no estigmatice y que abra oportunidades reales de desarrollo para niños y niñas.
El Programa Abriendo Caminos, es parte del Sistema de Seguridad y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social y desde el año 2008 se implementa a nivel nacional, entregando apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes que tienen un familiar significativo encarcelado. Entre los años 2016 y 2017, el Programa se encuentra piloteando una estrategia de intervención comunitaria que complemente el proceso de acompañamiento psicosocial en el que se enfoca hasta la fecha.
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