#Justicia

Sus Señorías no tienen derecho al anonimato

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A principios del mes de agosto de este año, en San Bernardo, un delincuente robó un automóvil a su conductor en el momento en que entraba con él al hogar (un “portonazo”, en nuestra jerga nacional); tras huir el asaltante del lugar, las víctimas -padre e hijo- lo persiguieron en otro vehículo, lo alcanzaron, lo derribaron y terminó siendo asesinado a golpes.


Pero la triste verdad es que, más que responder a criterios de verdad y razón, lo que la Asociación hace es una torpe defensa corporativa en que prácticamente en nada tiene razón, pues la lógica aplicable al caso es completamente opuesta a la que ellos sostienen.

Conocidos los hechos por nuestra opinión pública, siempre tan sedienta de sangre y enfervorizada partidaria de la “justicia ciudadana”, una gruesa parte de ella clamó porque a los homicidas se les aplicara una exención de responsabilidad penal conocida como legítima defensa, figura jurídica que beneficia a quienes dañen (o maten) a otro en defensa de su persona o derechos.

La jueza a cargo del caso, se negó a reconocer la figura legal de legítima defensa a hechos ocurridos tan alejados del lugar del asalto, generando airadas reacciones en redes sociales, donde no trepidaron en llamar “héroes” a los asesinos.

Pero aquí parte lo interesante: un usuario de Twitter consultó a la cuenta del Poder Judicial, quién es la jueza que dictó esa resolución y le responden: “Magdalena Casanova es el nombre de la jueza”, lo que es efectivo.

Entonces, la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, horrorizada, saca una declaración pública en la que señalan:

 “no puede justificarse la entrega de información sensible a personas sin identidad y en el más completo anonimato en medios masivos que lo permiten, donde la respuesta no sólo llega al interlocutor, sino a miles de personas, también anónimas. Aceptamos que nuestros nombres sean conocidos, pero un criterio mínimo impone al Poder Judicial la misma exigencia de quienes demandan tal transparencia”.

Agregan que “actuares destemplados como el aludido, no sólo no miden las consecuencias respecto de la seguridad personal de los jueces, sino que afecta también directamente la independencia de su labor jurisdiccional al exponerlos especialmente en casos de alta connotación pública”.

Pero la triste verdad es que, más que responder a criterios de verdad y razón, lo que la Asociación hace es una torpe defensa corporativa en que prácticamente en nada tiene razón, pues la lógica aplicable al caso es completamente opuesta a la que ellos sostienen.

Primero, porque el nombre de los jueces que conocen y resuelven los casos no es información sensible y no puede serlo, pues la sociedad les ha dado el rol fundamental de conocer las controversias que se les presentan, juzgarlas y hacer ejecutar lo juzgado (incluso con el auxilio de la fuerza pública); son responsables por las decisiones que adoptan, por lo que deben fundar sus resoluciones y firmarlas con sus nombres y apellidos pues, al fin y al cabo se les ha entregado el poder de decidir el destino de los hombres, de sus esperanzas y de sus bienes.

Segundo, porque no es cierto que exista un criterio que exija conocer el nombre o identidad de quien consultan sobre el nombre del juez que decidió un asunto, sino más bien todo lo contrario: los jueces, dada las amplitudes de sus poderes que les llevan a juzgar a los demás hombres, están sujetos al permanente escrutinio de sus decisiones que, además, deben ser públicas y pueden ser conocidas por todo el que tenga interés en ello. Todos tenemos derecho a conocer qué y cómo deciden los jueces, aunque seamos modestos ciudadanos anónimos.

Tercero, es falso que el conocimiento público del nombre de juez “afecta también directamente la independencia de su labor jurisdiccional”: a los jueces se les ha dotado de un régimen de garantías laborales excepcionales en nuestro ordenamiento jurídico, un sistema de privilegios que les genera muy altos ingresos y una estabilidad en el cargo a toda prueba, y está bien: queremos que sean inmunes al tráfico de influencias, a las presiones ilegítimas, a la corrupción y, si es humanamente posible, a la maldad.

Pero Sus Señorías -también tienen privilegios en el trato- postulan otra cosa más grave, de la que creo que ni siquiera son conscientes: al sostener que el conocimiento público del nombre de los jueces que resuelven un asunto afectan su independencia, están diciendo que lo que a ellos les satisfacería es un sistema de jueces sin rostro y, en consecuencia, lejanos al examen público de cómo y porqué adoptan sus decisiones, lo que está en los márgenes del Estado de Derecho. O, tan grave como eso, que las sentencias deberían ser secretas o que las personas no deberían saber quien les juzga.

No creo que en ningún otro trabajo recibas diariamente tantas presiones como en las de los magistrados y ello es lógico: como ya dije el juez es el amo y señor del destino, esperanzas y sueños de muchas personas y sus proyectos, por lo que todos quieren que falle a favor de sus pretensiones y se lo harán sentir al juzgador. Y también le representarán su molestia cuando crean que ha tomado la decisión equivocada, o ha sido injusto, o derechamente porque no ha resuelto a su favor, independientemente de las consideraciones de justicia o equidad.

El tema es, que si tomaste el camino de ser juez es porque sabes y te has preparado para resistir esas presiones, y con mayor razón todavía las de la opinión pública: para eso se te ha entregado un régimen de privilegios, un estatuto especial y amplias atribuciones que ya se las quisiera el Presidente de la República: entonces, si no eres capaz de resistir tal presión, pues desempolva tu título de abogado o dedícate a la jardinería, pero nunca vayas por la vida reivindicando tu supuesto derecho al anonimato.

TAGS: Derecho Justicia Legítima Defensa

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Comentarios

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Servallas

18 de agosto

Estimado, aún cuando estoy de acuerdo que la legítima defensa debe existir sino seríamos una montón de gallinas encerradas, y eso sería muy malo para nuestra salud, comparto la crítica que señalas, pienso que se equivocan y se equivocan porque tienen miedo, y no es un asunto extraterrestre, es el miedo normal de cualquier ser humano y aún más, si ella o él es joven como es en muchos casos. Pienso que eso no puede ser, no creo tampoco que una sociedad pueda entregarle a un individuo, a una persona, por muy preparado que sea, una suerte de autoridad suprema que no la tiene nadie, creo que lo justo sería que hubiera un grupo de jueces, al menos tres en todo evento, hombre y mujeres de edad, gente que haya vivido, gente que tenga una lectura de las sociedades y sus complejidades, personas que hayan construido criterios legales y humanistas en base a sus conocimientos pero también a sus experiencias, y que puedan deliberar y llegar a acuerdos, no puede ser que después de unos cursos alguien se titula de juez, es un absurdo.

18 de agosto

Tiendo a coincidir con usted en que los tribunales colegiados podrían dar mayores garantías que los individuales (aun cuando hay un sistema de revisión de las decisiones). Pero creo que nos enfrentaríamos a problemas de costos: rediseño físico de tribunales y triplicar jueces.

23 de agosto

Lo mas importante del en el sistema judicial es la confianza pública en él para que nadie esté por sobre ella, no olvidemos que “Las leyes mantienen su crédito no porque sean justas, sino porque son leyes”.(Michel de Montaigne).

Son los delincuentes que no pueden caer en el anonimato para que las personas podamos identificar en quien confiar, especialmente con un sistema tan permisivo que sabemos que vuelven a la calle una y otra vez. Por otro lado desconfiaremos aún mas de los jueces si sabemos que toman resoluciones temerosos de las represalias.

Dar la espalda a la confianza pública en el tiempo puede hacer que se generaralicen y empeoren distorsiones como el caso citado. Cuidado con estas cosas señores leguleyos porque podemos entrar a caminos muy inciertos y peligrosos para todos.

Saludos cordiales

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