Sobre religiosos y abuso sexual infantil

La memoria suele ser esquiva. Pero si no falla, desde 2002 con la red de pedofilia Paidós, la lacerante cadena de denuncias sobre abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, no deja de acumular eslabones. Antes, sin duda, las acusaciones contra Paul Schaefer y sus atropellos contra menores en la ex Colonia Dignidad ya sembraban una alerta respecto a la gravedad del problema, el daño y la ineficacia del Estado de Chile en materia de protección a los derechos de niños y niñas, y de irrespeto a los compromisos internacionales suscritos en materia de Derechos Humanos.

Hace unos días Fundación Paz Ciudadana organizó el Octavo Congreso Nacional sobre Violencia y Delincuencia. Se hizo un recorrido de experiencias e investigaciones entre las que llamó la atención una: el estudio exploratorio sobre la caracterización psicocriminológica de religiosos condenados por delito sexual infantil, del Instituto Chileno de Estudio de la Violencia (ICEV). La pertinencia de lo expuesto coincidió con una nueva condena por abuso sexual en contra del sacerdote católico Orlando Rogel, de Temuco. Como responsable de guiar las inquietudes espirituales de niños y adolescentes, se aprovechó de su supuesta autoridad moral y poder para mancillar la infancia de las víctimas.

El estudio hace un análisis de 18 casos de religiosos condenados por abusos sexuales, entre 2007 y 2012, observando más detalladamente las pericias psicológicas aplicadas a tres de ellos para intentar bosquejar un perfil sicológico de los perpetradores. Numéricamente, la mayoría de los religiosos condenados son católicos (60%). Le siguen los evangélicos (35%) y un solo integrante de una “secta” (5%). Más datos dan cuenta de la relación entre el victimario y la víctima. En su mayoría, son sus guías espirituales (66%), profesores y educadores (11%) y familiares (11%). Todos muy cercanos a las víctimas, lo que no descarta que el factor religioso haya sido determinante para el abuso, dada la relación de confianza, pero también de cuidado y protección con la que se unge al religioso.

Las víctimas en su mayoría son niñas (55,5%) y los delitos ocurren en dependencias parroquiales (55,5%), en el domicilio de los religiosos (22,2%), en los colegios (11,1%) o en las casas de los niños y niñas, y en moteles (en ambos casos con un 5,5%). Al igual que el caso de Orlando Rogel y otros, las agresiones sexuales se cometen en el corazón del culto, en el altar, profanando el espacio inmaculado, tanto como los cuerpos de los propios menores vulnerados por la violencia del abuso. La intimidación fue reiterada. En la mitad de los casos, niños y niñas, de entre 4 y 17 años, sufrieron agresiones frecuentes: abusos sexuales, violaciones, estupros. Fueron víctimas de explotación sexual en los casos en que los religiosos pagaron por sus “servicios” y obligados a ser parte de la “producción de material pornográfico”.

Los ligeros prejuicios que sostienen que los abusadores sexuales padecen algún tipo de trastorno mental, sufren un revés. Los religiosos periciados tendrían un nivel intelectual sin alteraciones significativas. Distinguirían lo que es fantasía y lo que es real. Sabrían lo que hacen cuando agreden a niños y niñas.

Los ligeros prejuicios que sostienen que los abusadores sexuales padecen algún tipo de trastorno mental, sufren un revés. Los religiosos periciados tendrían un nivel intelectual sin alteraciones significativas. Distinguirían lo que es fantasía y lo que es real. Sabrían lo que hacen cuando agreden a niños y niñas. Por lo anterior, porque tienen juicio sobre la realidad, han recibido condenas de hasta 20 años. Serían personas además inmaduras emocionalmente, infantiles; poco empáticas y con habilidades sociales disminuidas, con una identidad poco integrada, desconectada de las emociones y la sexualidad. Hasta aquí, nada muy distintos a los abusadores sexuales “comunes” o “no-religiosos”. Pero es en este punto donde la institucionalidad religiosa, la congregación, jugaría un papel concluyente al brindarles el orden y la protección que necesitan para disminuir la ansiedad que les provocan tamaña desconexión, mientras que la carencia de habilidades sociales se reemplazaría por la envestidura de religioso y el estatus de superioridad que les brinda el poder y el reconocimiento. Cometerían delitos desde el prestigio social y cultural que tiene la institucionalidad religiosa.

No redunda entonces sostener lo vital que resultan estudios como estos para que se tomen acciones públicas que contrarresten el impacto individual y colectivo del abuso sexual; la relevancia que adquiere que estos perpetradores sean juzgados ante la ley común, dando señales claras de no impunidad, y reconociendo además el daño a las víctimas junto con una reparación adecuada. Se trata de adoptar medidas protectoras también en lo privado si se precisa que estos delitos sexuales se hacen en dependencias religiosas, ahí donde familias y cuidadores depositan la integridad de niños y niñas.