Señor
Sabas Chahuán
Fiscal Nacional
Estimado Señor Fiscal,
Le mando esta carta para solicitarle de manera pública una reunión. Pese a lo pomposo de mi nombre y apellido, no soy como el señor Eliodoro Matte integrante de una influyente familia de nuestro país, pero sé que pese a ello y gracias a su inclaudicable voluntad de transparencia y combate al tráfico de influencias, usted me recibirá.
Ocurre que tengo, desde mi humilde condición de ciudadano, ciertas dudas respecto de cómo los fiscales a su cargo están combatiendo el delito en nuestro país y creo que es usted la única persona que a estas alturas puede darme luces al respecto. En atención a que pareciera existir un patrón sostenido de negociación en ciertas materias, asumo –y espero sinceramente equivocarme- que puede ser parte de una estrategia más global de la Fiscalía Nacional y no tanto una fortuita coincidencia en el proceder de distintos fiscales.
En el último tiempo, por la prensa me he informado que personas de cierto nivel económico y/o político de nuestro país, acusados ya sea de uso de información privilegiada en la compra-venta de acciones, de haber recibido sobornos para entregar autorizaciones de organismos públicos o haber incurrido en malversación de fondos públicos, han accedido a acuerdos con los fiscales encargados de sus casos mediantes los cuales las investigaciones o los juicios se han cerrado sin mayor sanción que ciertas penas de carácter económico. En la mayor parte de estos casos, estas penas han consistido en el compromiso de donar recursos a obras de beneficencia y otras medidas de carácter menor.
Dado que usted es un hombre de apretada agenda y quizá no tenga el tiempo de listar los casos a los cuales me refiero, me permito indicarle algunos de ellos, quizá los de mayor conocimiento público:
– Acuerdo con la diputada señora Claudia Nogueira, quien pese a reconocer implícitamente el delito que cometió –fraude al Fisco-, no fue sentenciada por ello, tras aceptar reintegrar 30 millones de pesos al erario público, donar 5 millones de pesos a la fundación Un Techo para Chile y firmar durante 18 meses ante la Fiscalía.
– Acuerdo con la señora Liliana Solari, una de las dueñas de Falabella, quien pese a haber usado información privilegiada en la compra de acciones, no fue sentenciada por ello, comprometiéndose a cambio a donar 15 millones de pesos a instituciones de beneficencia, abstenerse por un año de comprar o vender acciones, y acreditar domicilio ante el Ministerio Público. En relación con este mismo caso, la señora Ana María Laguna acordó con la Fiscalía pagar 787 mil pesos a la Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano y quedó con la obligación de firmar mensualmente, mientras su marido, el señor Peter Studer, deberá donar la misma suma a la Fundación Abrazarte y firmar mensualmente. Por su parte, los señores Vicenti Aresti, Eugenio Irarrázaval y Eugenio Esben, deberán donar 43 millones de pesos en alimentos al Hogar de Cristo, María Ayuda y otras organizaciones de beneficencia.
– Potencial acuerdo con el alcalde de Colina, señor Mario Olavarría, quien se encuentra imputado por haber recibido supuestamente un soborno de parte de un ejecutivo de la cadena de supermercados Tottus para facilitar los permisos municipales para el arriendo de un terreno para instalar un local en su comuna. Mediante este acuerdo, el juicio sería cerrado a cambio de que el señor alcalde done fondos a obras de beneficencia y firme periódicamente ante el Ministerio Público.
Podrá usted argumentar que la ley en Chile permite este tipo de acuerdos compensatorios, lo que en principio parece razonable para evitar seguir siendo una democracia carcelaria, donde hasta los delitos más ridículos pueden derivar en privación de libertad. Pero pareciera existir un doble estándar en cómo se aplica la ley, ya que la voluntad de alcanzar acuerdos no se extiende a otros casos en los que la opinión pública ha conocido un particular celo de la Fiscalía por perseguir responsabilidades, tales como el caso del señor Bastián Arriagada, quien murió en el incendio de la cárcel de San Miguel y estaba recluído por vender películas piratas; el caso de los señores Pablo Morales y Vinicius Aguilera, detenidos por el denominado caso Bombas y en prisión preventiva desde agosto de 2010 sin haber recibido sentencia alguna; y el caso de los señores José Huenuche Reimán, Héctor Llaitul Carrillanca, Jonathan Huillical Méndez y Ramón Llanquileo Pilquimán, condenados a 25 años o 20 años de presidio tras un juicio en el cual se usaron medios propios de la Ley Antiterrorista, pese a que el Tribunal Oral de Cañete desestimó fueran culpables de asociación ilícita de carácter terrorista.
Espero que en la reunión que usted me conceda, me aclare el criterio de la Fiscalía. A cambio prometo no conversar sobre ningún otro tema en el cual pueda existir de parte suya o mía conflicto de intereses, para evitar sospechas de haber influido sobre su parecer. Si llegáramos a terminar de manera rápida la conversación sobre estos casos particulares, el resto de la cita solo seremos acompañados por el sonido de las cucharas revolviendo los restos del café que con gentileza su secretaria nos servirá.
Esperando su respuesta, se despide atentamente
Darío del Puente
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