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Sebastián Piñera y la democracia desconfiada

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Nos encontramos en una situación de sospecha permanente, en que el Estado vulnera la esfera de autonomía del ciudadano, poniéndolo contra la pared frente a cualquier actitud que produzca recelo en la autoridad, bajo la excusa de preservar tanto su seguridad como la del resto.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, recientemente ha firmado un proyecto de ley que permitiría a Carabineros realizar un “control de identidad preventivo” a personas que se encuentren en ciertos lugares públicos que, por las características que poseen y las funciones que desempeñan, son “sensibles para la ciudadanía” (por ejemplo: hospitales, fuentes de energía, etc.). A su vez, dicho control de identidad preventivo, podría ser aplicado en situaciones en que las personas “hacen prever razonablemente (a la autoridad) la posibilidad de que se cometan actos u hechos delictivos que atenten contra la seguridad ciudadana o el orden público”. En el caso de que las personas, en una de las dos situaciones, no puedan o rechacen identificarse, podrían ser privadas de libertad hasta por 8 horas, o incluso, en algunos casos, derivadas a Fiscalía. El objetivo de este proyecto, de acuerdo a lo señalado por el gobierno, es “resguardar y proteger la libertad de las personas que quieren vivir en paz”.

En este punto surge la interrogante de si este proyecto de ley efectivamente aumenta la libertad de las personas, o la transgrede y coarta. Evidentemente, estamos en presencia de un proyecto de ley absolutamente liberticida, puesto que pone al ciudadano promedio en una posición de potencial amenaza frente al Estado. En este sentido, se convertiría en un sospechoso que, a ojos de la autoridad, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Si sumamos esto a que el control de identidad preventivo puede ser realizado en condiciones sumamente arbitrarias, y que el ciudadano no tiene posibilidad de defenderse frente a la autoridad –cualquier defensa puede ser considerada como una “ofensa” incluida en la “ley anti insultos” (también propuesta en el gobierno de Piñera)– nos encontramos en una situación de sospecha permanente, en que el Estado vulnera la esfera de autonomía del ciudadano, poniéndolo contra la pared frente a cualquier actitud que produzca recelo en la autoridad, bajo la excusa de preservar tanto su seguridad como la del resto.

Lo anterior es una clara muestra de la desconfianza que impera en nuestra democracia,  cuyo principal objetivo no es la libertad de las personas, sino el orden público y la mantención del statu quo. Si esto no es cambiado de una vez por todas, seguiremos avanzando a pasos agigantados hacia un estado policial que, impulsado por la sospecha y el miedo, pasa a llevar derechos y libertades so pretexto de mantener el orden y la seguridad interior.

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