#Justicia

Se siguen atrapando mariposas y liberando elefantes

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Que el Derecho Penal tiene un sesgo de clase, es una afirmación con contundente evidencia que por momentos quedó en entredicho en marzo de 2015 cuando en la televisada audiencia de formalización que terminó con la prisión preventiva de los ejecutivos de Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el entonces Fiscal Nacional Sabás Chahuán (que personalmente había tomado el caso) señaló en un encendido y hasta épico alegato que la ley es igual para todos y nosotros queremos que este sistema de justicia criminal sea una red que deje de atrapar solamente mariposas, dejando pasar los elefantes”.


La decisión del Fiscal Nacional, Jorge Abott, de remover del caso Corpesca al fiscal Emiliano Arias y abrir un sumario administrativo por su entrevista a La Tercera, más que sancionar una posible infracción al deber de reserva de los investigadores o dar un golpe de timón o un llamado al orden en relación a las declaraciones a la prensa, parece ser una señal sobre cómo proceder en los casos en que están involucrados grupos de interés poderosos.

A un par de años de que explotaran los casos de corrupción, colusión, conflictos de interés, tráfico de influencias, cohecho y soborno que han impactado a la ciudadanía y han sumido a Chile en una crisis de confianza de dimensiones hasta institucionales, la igualdad ante la ley sigue siendo una quimera. Elefantes y mariposas no tienen el mismo peso para el sistema penal. La red de la justicia criminal a la que se refería el ex Fiscal Chahuán, sigue atrapando a los pequeños y pobres y dejando escapar a los poderosos.

Asimismo, el cambio de fiscales de casos emblemáticos no contribuye a profundizar las investigaciones que tocan a los grandes poderes. La decisión del Fiscal Nacional, Jorge Abott, de remover del caso Corpesca al fiscal Emiliano Arias y abrir un sumario administrativo por su entrevista a La Tercera, más que sancionar una posible infracción al deber de reserva de los investigadores o dar un golpe de timón o un llamado al orden en relación a las declaraciones a la prensa, parece ser una señal sobre cómo proceder en los casos en que están involucrados grupos de interés poderosos.

Cabe recordar que la elección del nuevo Fiscal Nacional se extendió más tiempo que el que la prudencia habría aconsejado tras el término del periodo de Sabas Chahuán, y que a Abbott se le atribuye haber llegado a un acuerdo con el Senado para hacerse del cargo ofreciendo garantías de dar un rápido cierre a las investigaciones por financiamiento ilegal de campañas. En entrevista con la misma Tercera al iniciar su gestión, Abbott reconoció que buscaría una fórmula para acotar las investigaciones sobre delitos tributarios y financiamiento irregular a la política, y darles un pronto término, tratando de investigar intensamente todas las aristas que se presenten, pero tomando decisiones rápidas. Abbott había transparentado su doctrina en causas que involucren a actores poderosos.

La remoción de Arias se da justo en momentos en que el Fiscal de O’Higgins indagaba similitudes entre los delitos cometidos por Corpesca y otras federaciones pesqueras de la región del Bío Bío como Asipes y Asipac, las cuales podrían estar en conocimiento de acciones de lobby a parlamentarios que podrían ser constitutivas de delito.

Las afirmaciones de Arias respecto de que podrían haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delito, no parecen representar una gran novedad ni filtraciones sobre las investigaciones, dada la existencia de indicios concretos asentados en el caso Corpesca que le valieron la prisión preventiva a Orpis.

Por su parte, la máxima autoridad de Ministerio Público desestimó un posible afán de censura de las opiniones que legítimamente puedan dar los fiscales a los medios y argumentó que el fiscal anticipó juicios que ponen en duda la imparcialidad y objetividad que tiene que tener un fiscal. Su decisión se basa en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que fue modificada recientemente por la Agenda Corta Antidelincuencia, en que se estipula que los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación. Sin embargo, en un respaldo irrestricto a Arias, la Asociación de Fiscales señaló que una mala interpretación de dicho artículo permite que en investigaciones de alto interés ciudadano, se eche mano de esta norma para privar a la ciudadanía de información relevante.

No se equivoca el fiscal Arias en su entrevista en La Tercera sobre la posibilidad de que haya más políticos involucrados en el caso Corpesca. Es tan transversal el financiamiento irregular de campañas, que incluso un dirigente pesquero cuyo liderazgo en las movilizaciones contra el alza del gas en Aysén lo encumbraran al Parlamento, como es Iván Fuentes, reconoció que había sido apoyado por pesqueras en su campaña, echando por tierra las esperanzas de que los nuevos liderazgos no estuvieran contaminados por las viejas y malas prácticas de la clase política. Antecedentes incluidos en la investigación sobre la Asociación Gremial Pesquera Fipes, arista que Abbott separó del caso Corpesca derivándola a la Fiscalía de Aysén, a pesar de la solicitud de la fiscala Ximena Chong de que estuvieran juntas para identificar si ambas se topaban en algún punto.

Nuevamente los porfiados hechos hablan de lo contaminada que está la Ley de Pesca y de cómo los intereses de Corpesca quedaron estipulados en el articulado, como muestra de “agradecimiento” de los parlamentarios financiados por la pesquera. Según una investigación de Ciper, el artículo transitorio incorporado a la legislación por los senadores Jaime Orpis (UDI) y Fulvio Rossi (PS) permitieron a Corpesca un ahorro de $4.679 millones en tres años, al beneficiarse de un techo de 40% al pago de la Patente Única Pesquera bajo el pretexto de cuidar la tasa de desempleo de la industria pesquera. Más claro, echarle agua.

Habrá que esperar a qué conclusiones llega el nuevo Fiscal nombrado por Abott para el caso, Julio Contardo, quien, paradojalmente, debió enfrentar un sumario interno por supuestas filtraciones, por lo que debió marginarse de una investigación por fraude al Fisco y lavado de activos contra el entonces alcalde de Hualpén. Por lo pronto, si el río suena, es porque peces gordos –o más bien, grandes elefantes- siguen escapando a las redes del sistema penal.-

Columna publicada originalmente en El Mostrador

TAGS: Derecho Derecho Penal Justicia Ministerio Público

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