Leía en la Introducción de John Mortimer a la obra Notable historical trials, que examina desde el juicio a Sócrates hasta el juicio a Oscar Wilde, sobre la distinción entre la risa adulatoria (sycophantic lauhg) cada vez que un juez hace un chiste y la risa verdadera cuando un testigo del proceso puede ser inducido a hacer el loco.
En la primera jornada de la audiencia de formalización del caso Penta, pudimos apreciar un ejemplo de lo primero, cuando el juez manifestó su temor de que ella acabase el domingo, o sea, tres días después de los dos presupuestados. Todos los presentes prorrumpieron en carcajadas. Esperemos que esto acabe en un juicio oral en el que también podamos reír en forma más espontánea.La fiscalía, la protagonista de esta primera jornada, ha optado claramente por reivindicarse en el ejercicio de su función persecutoria, después del chascarro de verano que supuso la impresentable y abortada decisión de sacar al fiscal Carlos Gajardo del caso, su reemplazo por el fiscal regional Alberto Ayala y la designación del fiscal Andrés Montes para hacerse cargo de la rama Soquimich del caso.
En cualquier caso, la fiscalía, la protagonista de esta primera jornada, ha optado claramente por reivindicarse en el ejercicio de su función persecutoria, después del chascarro de verano que supuso la impresentable y abortada decisión de sacar al fiscal Carlos Gajardo del caso, su reemplazo por el fiscal regional Alberto Ayala y la designación del fiscal Andrés Montes para hacerse cargo de la rama Soquimich del caso.
En efecto, la decisión del Ministerio Público, encabezado por el fiscal nacional Sabas Chahuán, de pedir la prisión preventiva, la medida cautelar más gravosa, para los dos principales imputados, Délano y Lavín y el concordante énfasis dado por el fiscal Gajardo a la gravedad de los hechos y a la enorme y prolongada reiteración de delitos (con sus primeros antecedentes en 1990, antes del límite marcado por la prescripción en 2008 e, incluso, por la entrada en vigencia del nuevo procedimiento procesal penal en Santiago en 2005) para afirmar la probabilidad de pena superior a cinco años y consecuente privación de libertad en su alegato para justificar la solicitada de prisión preventiva, conducen a estimar cada vez más difícil el eventual arreglín que se vislumbraba hace muy poco.
Lo anterior se ha visto reforzado por declaraciones de los principales imputados y su defensa después de la primera jornada de audiencia, mostrando sorpresa y desilusión por la presentación y solicitud de prisión preventiva por la fiscalía.
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