Plan Seguridad para Todos: avanzamos por buen camino

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Sin embargo, es necesario señalar que en comparación con los promedios continentales e incluso mundiales, es posible plantear que Chile es un país con bajos índices de inseguridad objetiva, situación que dista bastante de los altos índices de inseguridad subjetiva expuestos por distintas herramientas de diferentes instituciones que miden la percepción de inseguridad.

La seguridad pública es una de las principales preocupaciones de los chilenos.

En la última encuesta del CEP, el 43% de los encuestados ubicó a la “delincuencia, asaltos y robos”, como uno de los tres problemas a los que el Gobierno debería dedicar mayor esfuerzo, tras la “salud” y empatando con la “educación”. Esta misma encuesta ha arrojado resultados similares desde 1990, situando a la delincuencia dentro de las prioridades de los chilenos, lo que da cuenta de las fallidas políticas de seguridad pública en la materia.

Sin embargo, es necesario señalar que en comparación con los promedios continentales e incluso mundiales, es posible plantear que Chile es un país con bajos índices de inseguridad objetiva, situación que dista bastante de los altos índices de inseguridad subjetiva expuestos por distintas herramientas de diferentes instituciones que miden la percepción de inseguridad.

La semana pasada, el gobierno lanzó el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, más conocido como Plan Seguridad para Todos. El Plan es ambicioso, acorde a las dimensiones del problema: dieciséis prioridades para este período de gobierno, con un costo estimado de US$1.200 que contemplan diecisiete proyectos de ley, de los cuales algunos ya han sido presentados en el Congreso.

El espíritu de la estrategia es enfatizar la importancia de la ciudadanía y de los diversos organismos estatales a nivel local, pues se reconoce allí un espacio en el que los actores pueden articularse en función de enfrentar la inseguridad. Dentro de esta idea, la estrategia considera un Plan Comunal de Seguridad, que busca fortalecer el liderazgo de los municipios que, en conjunto con las comunidades, planteen sus prioridades. Es este el punto que tendrá más efectos concretos en los ciudadanos, pues se aplicará en todas las comunas, pero focalizará los recursos en las 74 que concentran el 82% de los delitos, priorizando barrios más críticos, los centros cívicos y los cascos históricos. El plan para estas comunas será integral y contemplará las necesidades de las comunidades, lo que lo vuelve un instrumento muy valioso para reducir la delincuencia.

El Plan se hace cargo también del tráfico de drogas mediante una mayor coordinación entre las distintas instituciones vinculadas al tema, la implementación del Plan Microtráfico Cero, el perfeccionamiento a la cuestionada Ley 20.000, y el fortalecimiento del Plan Frontera Norte.

Otros puntos importantes son las modificaciones que se realizarán a la Ley de Control de Armas, a fin de regular de forma más eficaz su porte y tenencia, y la modernización institucional de la ANI, dotándola de mejores herramientas para enfrentar el crimen organizado.

Por otra parte, en materia de reinserción, el gobierno propone reformar el Código Penal, en cuanto a la categorización de los delitos, la estandarización de las penas y la adaptación del cumplimiento de éstas. Con este anuncio el Gobierno da una señal en el camino correcto en cuanto descongestionará las cárceles que a 2012 tenían un 37% de sobrepoblación, haciendo infructuoso cualquier programa de reinserción intramuro.

El fortalecimiento del Programa “24 Horas” y de las distintas políticas de reinserción dependientes del Ministerio de Justicia, y la creación del Servicio Nacional de Reinserción en el Medio Libre, son señales de que el Gobierno ha comprendido que en materia de seguridad, la rehabilitación y reinserción son fundamentales a la hora de combatir la inseguridad y terminar con el círculo vicioso de la delincuencia.

Junto a lo anterior, es la anunciada Ley de Prevención de la Violencia y el Delito, la herramienta que permite creer que el Gobierno ha comprendido la complejidad de esta problemática, comprometiendo una coordinación efectiva entre distintos ministerios y servicios, ofreciendo lo que se requiere: una respuesta integral que involucre a distintos actores.

Anteriormente, los gobiernos reaccionaron enfocándose en el control. Influenciados por la opinión pública y la exposición por parte de los medios de comunicación de casos ampliamente repudiados, la respuesta se enfocó en aumentar las plazas de las policías y en endurecer las penas, teniendo como consecuencia un aumento del hacinamiento carcelario.

Si bien es necesario comprender que la complejidad del desafío del que se ha hecho cargo el gobierno es muy alta -lo que implica que los resultados no serán inmediatos-, es una muy buena noticia la presentación de esta estrategia en tanto se hace cargo del muy necesario control con medidas efectistas, pero que apuesta sus fichas a la prevención, rehabilitación y reinserción de quienes han infringido la ley. De esta manera, el Gobierno aborda la problemática desde una perspectiva progresista y de derechos humanos.

El proceso es largo y no estará exento de dificultades, pero avanzamos por buen camino.

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Foto: emol.com