El martes 28 de septiembre recién pasado, una funcionaria de Carabineros de la DIPOLCAR, se hizo presente en la Cárcel de Máxima Seguridad, y pidió hablar con Francisco Solar Domínguez, quien se encuentra en prisión preventiva por el proceso que se sigue en contra de un grupo de jóvenes acusados de ser miembros de una asociación ilícita de carácter terrorista (caso Anarquistas).
La funcionaria policial, una vez que se trajo a su presencia a Francisco Solar, le preguntó si aceptaba voluntariamente dar una muestra de sangre, sin explicar cuál era el objetivo de dicha diligencia.
Francisco le respondió que deseaba primero conversar el asunto con su abogado antes de tomar una decisión. La Carabinera le señaló que informaría de ello al “Fiscal”.
Posteriormente, el día 8 de octubre en curso, alrededor del mediodía, un funcionario de Gendarmería, le avisó a Francisco Solar que el Teniente del penal quería hablar con él, y lo llevó a la guardia.
Al momento de llegar allí lo rodearon alrededor de siete gendarmes y con violencia lo esposaron con sus manos atrás, sin mediar explicación alguna.
Francisco no opuso resistencia, exigiendo verbalmente explicaciones por ese proceder violento.
Acto seguido fue trasladado a una oficina dentro de la misma unidad. Allí había un oficial de Carabineros de la DIPOLCAR, de civil, al cual Francisco reconoció por haber participado en otras diligencias anteriores que le afectaron. Junto con ese oficial había otro funcionario policial que grababa lo que estaba ocurriendo. Junto a ellos, había unos 7 gendarmes que no eran de dicha unidad.
Uno de ellos exhibió un papel que no pudo leer, diciéndole que era una “Orden” del 11° Juzgado de Garantía para sacarle sangre sin su consentimiento, sin informarle para qué objeto.
Francisco le señaló que no había hablado con su abogado y que mientras no lo hiciera no se iba a sacar sangre, lo que motivó que otros gendarmes lo comenzaran a golpear con sus puños en la espalda y a propinarle patadas en sus piernas. Paralelamente, tomándolo fuertemente por detrás de su cabeza, le doblaron el cuerpo apoyando violentamente su cráneo contra la cubierta de un escritorio que allí había.
En esas condiciones, sintió un pinchazo en su dedo pulgar derecho desde donde le extrajeron una muestra de sangre. Finalizado dicho procedimiento lo llevaron al locutorio de visitas donde estaban los otros detenidos en su causa, los que también habían vivido una experiencia similar.
Hechas las consultas del caso en Gendarmería, informaron y exhibieron una orden emanada del 11° Juzgado de Garantía de Santiago, suscrita por la Magistrada Lidia Bruna, de fecha 1° de octubre, donde se disponía y autorizaba la extracción de la muestra de sangre a todos los imputados, accediendo con ello a una diligencia solicitada por la Fiscalía Sur en orden a obtener un perfil genético de los mismos a fin de acreditar participación en delitos que no se indican.
Esos son los hechos.
Varias preguntas quedan flotando en el aire: ¿Así es la nueva justicia Penal? ¿De qué sirve la presunción de inocencia? ¿Cuál es el rol de los Jueces de Garantía? ¿Quién supervisa cómo se llevan a cabo las diligencias decretadas por un Tribunal? ¿Por qué el Juez de Garantía decreta una diligencia de esta naturaleza sin oír a la defensa del imputado? ¿Por qué tanta brutalidad?
Es cierto: en el papel tenemos un nuevo procedimiento penal garantista, pero en la práctica se continúa con los viejos hábitos, donde la violencia y la brutalidad siguen vigentes.
* Abogado. Docente de la Ecuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano e integrante del Equipo Jurídico de FASIC.
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Foto: Maniatado por Kris Ursachi – Licencia CC
Comentarios
31 de mayo
Sería interesante saber que pasó después. ¿hubo algún amparo? ¿alguna queja? Comparto la perplejidad del columnista. Considero insólito que la jueza autorice el uso de la violencia.
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