A casi un año desde que el gobierno del presidente Boric anunció la agenda legislativa de derechos humanos para avanzar en el reconocimiento a las víctimas de la dictadura, fortaleciendo la memoria, poco se ha concretado. En ese entonces fueron anunciadas seis medidas concretas, entre ellas, la Política Nacional de Memoria y Patrimonio. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido avances. Por el contrario, hemos observado durante este año cómo algunos sitios de memoria han sido afectados por la crisis de financiamiento, en donde incluso han tenido que cerrar temporalmente sus puertas. Así ha sido el caso de la Fundación Casa Memoria José Domingo Cañas y Centro Cultural Museo y Memoria Neltume.
¿Hasta cuándo la memoria histórica del país tendrá que seguir esperando para que se les reconozca, proteja y financie como lo exigen los estándares internacionales de derechos humanos en los que Chile ha ratificado?
Una política de memoria y patrimonio consiste en distintas intervenciones y medidas que buscan acercarse al reconocimiento estatal de los hechos y la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos, teniendo como enfoque la no repetición de estos hechos. A su vez, los sitios de memoria son aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, y que son utilizados para repensar, recuperar y educar sobre procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas.
En septiembre del 2023, el ministro de Justicia y Derechos Humanos junto al ministro de la Segpres anunciaron una serie de medidas concretas para avanzar en el reconocimiento del Estado a las víctimas que sufrieron las más grandes atrocidades en el contexto de la dictadura. A su vez, desde el gobierno sostenían que “la única manera de garantizar el cuidado de nuestra democracia es fortaleciendo la memoria, para que nunca más se vuelvan a repetir los errores y horrores del pasado”. Esas frases fueron proclamadas en varias actividades durante la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
Estas medidas se enmarcan en una agenda legislativa de derechos humanos que constaba principalmente de apoyar o crear proyectos de ley enfocados en reparación, memoria y democracia. Una de ellas destacaba sobre “memoria y patrimonio”, cuyo objeto es la de mejorar los mecanismos de financiamiento y mantención de los espacios de memoria y fortalecer la regulación de estos mismos con una perspectiva de preservación de la memoria y educación en derechos humanos, según da cuenta la misma agenda publicada por el gobierno.
Sin embargo, a casi un año de esta promesa hemos observado que algunos sitios se encuentran en peligro inminente de no poder continuar con la preservación de la memoria sobre la historia y las violaciones a los derechos humanos en Chile por la falta de financiamiento y ausencia de soluciones por las autoridades de gobierno generando la incertidumbre de continuidad de los sitios de memoria. Entonces, ¿qué ocurrió con esta agenda legislativa de derechos humanos sobre memoria y patrimonio?, ¿hasta cuándo la memoria histórica del país tendrá que seguir esperando para que se les reconozca, proteja y financie como lo exigen los estándares internacionales de derechos humanos en los que Chile ha ratificado?
Hay que destacar que en nuestro país la recuperación y protección de los sitios y memoriales ha sido liderada principalmente por las propias organizaciones, quienes además llevan años denunciando la falta de reconocimiento, protección, cuidado y financiamiento de los memoriales y sitios, dando a conocer la notoria deuda del Estado en la creación de una política integral sobre memoria y patrimonio.
Esperamos que en lo que queda del año el gobierno pueda estar a la altura y cumplir con sus compromisos, especialmente durante la tramitación de la ley de presupuesto fiscal para el año 2025 en este segundo semestre.
Por María-Belén Bravo Oyaneder, Coordinadora Jurídica de Amnistía Internacional Chile.
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