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Los detenidos desaparecidos y el Servel

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El pasado 22 de mayo, y según el director del Servel, Juan Ignacio García, las razones de la inclusión de los detenidos desaparecidos de la dictadura militar de Pinochet (1973-1990) en la nueva nómina del registro electoral tienen que ver con la entrada en vigencia de la inscripción automática y el voto voluntario. El Registro Civil envió una primera nómina de personas que se encuentran en condiciones de votar; sin embargo, en el organismo no dispone de mecanismos para diferenciar en primera instancia a quienes figuran como detenidos desaparecidos.

Según palabras de Juan Ignacio García: “no hay ninguna constancia adicional a su situación. Por lo tanto, no podríamos tener ninguna posibilidad de discriminar o decir ‘a esta persona la ubicamos o no’ porque no hay ninguna señal externa en la información que el registro civil nos envía, de si esa persona es detenido desaparecido o no», explicó y, consultado si es el Registro Civil el que debió haber depurado la información, para restar a quienes figuraban como detenidos desaparecidos, García dijo que «claro, el Registro Civil es la base de la información para ubicar el domicilio electoral, no podemos improvisar ni encontrar otro». En este momento, la diferencia está entre el registro electoral, que es una base de datos de todos los chilenos y extranjeros avecindados, y el padrón, que es el registro de votantes, y debe ser un padrón depurado.

Dentro los 20 años de la Concertación el Estado dejó un manto de impunidad y la no reparación a los daños causados a las familias de las víctimas. Si el Estado nunca asumió el genocidio, no resuelve la situación jurídica de las víctimas, por lo que legalmente siguen vivos y, aunque fueron asesinados, es labor del Estado establecer un estatus de “desaparición forzada”, que los ubique en una condición especial de víctimas para que no aparezcan en el registro de Servel.

Para los familiares directos de los detenidos desaparecidos, sus familiares no están vivos ni muertos, porque nunca se han podido encontrar sus restos ni saber cómo murieron. No se pueden declarar muertos, porque no se han visto ni siquiera enterrados desde el momento de su desaparición.

Con esto, el Estado se ve en la obligación de investigar cada uno de estos casos hasta encontrar el paradero de las víctimas, para que aquella mujer, o aquel hombre que hace más 30 años que no ve a su padre, a su madre, a su hermano, a su tío, no tengan nunca más que pasar a tramitar una herencia pero, como no se cuenta con un certificado de defunción, las gestiones no sean legales. Para que cuando la próxima vez no vayan a censar a aquel familiar y no puedan dejar constancia que fueran casados con un detenido desaparecido porque no es posible especificarlo, ya que en el formulario del censo no existe ninguna casilla que se pueda marcar, y no especifiquen que estaban casados pero que no viven con su cónyuge.

El Estado debe hacerse cargo de averiguar qué pasó con cada mujer, hombre y niño hecho desaparecer por la dictadura de Pinochet; de lo contrario, sus muertes presuntas serían el broche de oro a la impunidad en Chile, algo absolutamente inaceptable.

* Felipe Henríquez Ordenes, @PipeHenriquezO

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27 de mayo

DECLARACIÓN PÚBLICA
CASO SERVEL

La aparición de los nombres de nuestros familiares detenidos desaparecidos en los listados del Servicio Electoral ahora que se ha modificado la ley accediendo a una inscripción automática y al voto voluntario, no es sino una muestra más de la carencia de voluntad política demostrada en los mas de 22 años en que formalmente se habría dado término a la dictadura.

No es menor que a estas alturas de la historia de Chile, no seamos capaces de asumir el terrorismo de estado como una práctica que hizo desaparecer a más de un millar de cuidadanos y cuidadanas. Tampoco es menor que durante todo este período solo se reconozca a nivel institucional la condición de vivos o muertos, invisibilizando a quienes fueron víctimas de la desaparición forzada.

El no asumir estos hechos, hace que una vez más en tanto familiares debamos sufrir este atentado emocional en que no solo se resiente este aspecto, sino, además pone en evidencia la falta de justicia y el imperio de la impunidad.

Aparecer en un listado de ciudadanos con derecho a voto, a pesar de encontrarse en la condición de detenido desaparecido, grafica el estado de la sociedad actual, una sociedad sin memoria, sin justicia, sin verdad y sin reparación.

La realidad nos indica que mientras no superemos la falta de políticas de estado realmente serias y comprometidas con los derechos humanos, seguiremos encontrándonos con situaciones como estas, en que la negación de esas aberrantes prácticas pongan en evidencia que de nada les ha valido, años de prescripciones, medias prescripciones, aplicación de la ley de amnistía, carencia de educación en derechos humanos, búsqueda de consensos con la derecha golpista, homologación delitos y tantas mas que podríamos mencionar.

Finalmente decir que mientras subsistan estas carencias, nuestros desaparecidos y desaparecidas nos representarán su silenciada presencia.

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Santiago, 22 de mayo de 2012

Luis C

28 de mayo

pero si se trata de Contreras Maluje, entonces si habría que tejer un gran manto del olvido ?

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