Ley Sophia: Conflicto eterno

No puedo tener una mirada ajena a la situación ocurrida en Puerto Montt, respecto de la menor de un 1 año y 11 meses llamada Sophia, la cual falleció a causa del maltrato ejercido por su padre, y el claro desdén de su madre en cuanto a su cuidado. Existe una rabia interna de parte de la ciudadanía, pues estamos hablando de un caso donde tuvo que fallecer alguien de forma cruenta para que una persona denunciada haya tenido que ser finalmente puesta a disposición de la justicia.

Es aquí donde entra el núcleo cercano a exigir la restitución de la pena de muerte, la pena capital, para estos casos extremos donde a simple mirada existe malicia, en el sentido vago de la palabra, por parte de quien realiza el actuar que debería ser punible de esta manera propuesta.

Ante todo, soy una persona humana, que pese a toda regulación laica o valor religioso, tiene sentimientos y pasa por emociones. Sé de primera fuente que una situación de esta índole genera impotencia y rabia, y nos conlleva incluso a pensar a los extremos de matar o mandar a matar a quien realiza esta acción. Nos carcome que el castigo sea simple y que a la persona se le den unos años en la cárcel o reciba una sanción ejemplar, si es que el sistema hace lo suyo, porque muchas veces suele ser un sistema ineficiente. Del mismo modo he visto mucha gente del espectáculo y de los deportes que está pidiendo pena de muerte, y no los culpo. En su posición de figuras públicas simpatizan con el clamor popular, y están tan molestos por la situación como cualquier otra persona. Ellos desconocen toda regulación pero sienten que el ordenamiento jurídico les ha fallado a ellos y al pueblo entero. Yo no puedo ser egoísta ni tampoco incapaz de emitir critica, para admitir los errores de nuestro sistema. No es un sistema perfecto, y a veces parece ser que es el sistema más injusto de la Tierra dentro del arranque de molestia y desazón.

---

Existe un conflicto continuo entre lo que la sociedad busca para su desarrollo, y lo que las regulaciones establecen, en cuanto a este caso refiere, pues siempre que ocurre lo mismo, siempre que un caso es lo suficientemente brutal para llamar la atención de la gente, esta se motiva a buscar restituir esta forma punitiva.

Pequeño ejercicio antes de continuar para todo aquel que sigue leyendo este articulo. Hágase la siguiente pregunta respecto a la restitución de la pena de muerte. No es una pregunta que busque juzgarlo ni mucho menos establecer su calidad como persona, pues cada quien tiene su creencia establecida en todo esto. Para esto también requiero que su respuesta se vea de forma en que el Estado lo ve, sin ningún valor religioso de por medio.

¿Usted cree que pueda tener, o cree que alguien puede tener la autoridad suficiente para poder quitar la vida a una persona que comete un delito grave?

Tenga en consideración su respuesta.

Primero que todo, la pena capital es una forma punitiva en que a la persona, tras cometer un crimen de consideración -sea un homicidio, una violación, o un crimen de lesa humanidad, por nombrar algunos- se le condena a morir. La muerte aquí puede ser brindada de diversas maneras, siendo la mas usada en la actualidad la inyección letal.

La idea de la Ley Sophia es castigar de esta manera a aquellos que han cometido un crimen similar al perpetrado contra la infante bajo la pena de muerte, para evitar que se sigan gestando a lo largo del tiempo, así como dar un supuesto castigo ejemplar a quienes han actuado así. En primer lugar, si la ley llegará a gestarse, aquellos que han sido responsables de la muerte de la bebé de un año y 11 meses, no serían castigados pues la ley no permite el uso de retroactividad a menos de que la legislación fuera más favorable para las penas del imputado. Esto quiere decir, que en una hipotética aprobación de la ley Sophia, no se podría usar la pena de muerte para castigar al padre, pues su crimen se da previo a la existencia de la regulación y al ser más reprehensiva, no aplicarán sino todas las otras formas de castigo, como el presidio perpetuo, lo que solemos llamar coloquialmente “cadena perpetua”.

Del mismo modo, surgen variados problemas a raíz de una posible reinstauración de la pena capital. En primera, el dinero que se invierte en todo lo necesario para ello. El pentobarital, medicamento usado para la inyección letal, cuesta en el mercado cerca de 1.200 dólares estadounidenses, unos 720 mil pesos chilenos. Un fusilamiento puede costar al Estado entre 5 a 10 millones de pesos. De la horca, de la silla eléctrica u otros métodos mas barbáricos de ejecución, podemos tener materiales más baratos, pero que necesitan de infraestructura nueva, por muy endeble que esta sea, lo cual ya agrega un costo asociado, tal como el de la infraestructura para los demás modos ya comentados de matar.

Sumado a esto, mantener a los reos que estarían en un hipotético “corredor de la muerte” -celdas de confinamiento para separar a los condenados a muerte del resto de los reos- alzaría de forma estratosférica el costo del sistema judicial al Estado. Hace poco presenciamos las críticas de la gente al costo de cada reo al Estado, en base a lo necesario para mantener las condiciones de infraestructura, seguridad, gendarmería, servicios básicos, etc. Me es extraño ver que esa misma gente hoy está de lado de validar un sistema que les va a costar millones de pesos en nueva infraestructura, compra de implementos y su traslado, empleados públicos que tengan la tarea de hacer cumplir la condena, equipos médicos, etc.

Mas encima, no se ha probado que esta forma de castigo sea del todo eficaz. No existe, pues, prueba fehaciente que determine que la pena de muerte ha logrado disuadir la realización de los crímenes que busca evitar, por lo que no se tiene certeza de si en Chile esto logre resultar. Puede ser tan probable que resulte como que no lo haga, o como que incluso derive en formas de cometer un accionar punible y no tener que pasar por la justicia, como suicidarse después de actuar.

Ni siquiera se está tocando el tema de fondo, que es evitar la generación de nuevos criminales. Estamos como siempre, buscando rendirnos antes de siquiera intentar hacer algo. No por nada tenemos un caso donde se vulneraron de forma gravísima los derechos humanos de cientos de niños. Se estaba alegando para que el SENAME mejore sus estándares y busque realmente que los jóvenes eviten volver a entrar en la puerta giratoria de la delincuencia. Pero ahora tenemos que al mismo tiempo, la gente quiere castigar con penas capitales a todo el grupo de delincuentes de alta complejidad, entre ellos jóvenes que pasaron por el vapuleado servicio, a los cuales su núcleo les falló, y el Estado, como ya bien sabemos, nunca les ayudó. Termina siendo una medida parche que busca remediar las cosas después de, y no antes de. Preferimos que las cosas sucedan y no buscamos evitarlas. El niño que crece en un ambiente de drogas seguirá formando su mente para ser narco, siendo inconsciente de ello a medida que crece. La mujer que vive atormentada en un ambiente de violencia intrafamiliar y ha denunciado sin respuesta, evitará ser matada y se convertirá en una homicida. Quien ve aproblemado a su familia, y ha buscado solución de forma infructuosa en los conductos debidos, mañana verá en el robo a mano armada la forma de sobresalir. De ninguna manera trato de justificar la realización de los crímenes en base a situaciones que van más allá, pero si, en muchas ocasiones, se ha podido evitar de que mucha gente llegue a cometer un crimen, y no hemos hecho nada.

Así mismo, tenemos las complejidades éticas y situaciones hipotéticas que esto implica. Recordemos que la ley, de ser hipotéticamente promulgada, valdría para todo aquel que a futuro sea condenado a un crimen. Entonces, por poner un ejemplo ¿que pasaría si se cometiera un error y se condenara a una persona inocente a morir, en vez de quien realmente es culpable? Ha pasado antes que en nuestro propio sistema se ha encarcelado a personas inocentes por error, por lo que aducir a una situación que es bastante común -no por ello menos bizarra- en países que tienen esta clase de penas, es válido para nuestro sistema. ¿O qué pasaría si surgen casos de personas que han aceptado su culpabilidad falsamente por alguna amenaza perpetrada por otra persona? Son casos ante los cuales no podemos tener la visión completa y podemos cometer errores irreparables, pues la muerte sería una medida de ultima ratio, que sería totalmente irreversible.

Volvamos a la pregunta hecha, en cuanto a la autoridad que una persona o ente puede tener para quitarle la vida a una persona. Su respuesta, sin importar si es si o no, se funda muy probablemente en sus concepciones morales, en lo que usted como persona, bajo sus valores y principios realmente cree sobre esta situación. Usted perfectamente puede creer que el Estado puede atribuirse esa figura y abogar en contra de la pena de muerte por falta de necesidad o por sus costos, o puede creer que nadie tiene esa autoridad, pero aún así debería existir esa pena debido a que usted ve en ella una solución que si bien no arreglará nada, si va a dar algo mas de tranquilidad.

Fuera de todas las miradas que he dado cuenta hace unos momentos, puede que usted siga creyendo que sea una vía posible y que se puede aguantar todos esos costos y problemáticas. Puede que haya cambiado de opinión, o simplemente ya tenga en cuenta todo esto. Es aquí donde encontramos el real problema. Existe un conflicto continuo entre lo que la sociedad busca para su desarrollo, y lo que las regulaciones establecen, en cuanto a este caso refiere, pues siempre que ocurre lo mismo, siempre que un caso es lo suficientemente brutal para llamar la atención de la gente, esta se motiva a buscar restituir esta forma punitiva. No existe ante esto una mirada general o “más acertada” ante esta situación, porque existe una discordancia entre lo que la sociedad opina y lo que las regulaciones recomiendan establecer.

Sin embargo, la gente se motiva a solicitar en un llamado general esta clase de regulaciones, y conforme pasa el tiempo esta se empieza a frenar. Esto, es porque justamente atiende a la inmediatez del caso y no se ocupa de hacer una investigación exhaustiva de los pros y contras que tiene el realizar una odisea legislativa de esta índole. La gente atiende a un llamado visceral, y no a uno que tenga la mirada total del asunto. Como dije, soy una persona con sentimientos y emociones, y entiendo las ganas de matar o mandar a matar a alguien que ha hecho un daño grave. Pero son sentimientos desbocados, que dan pie a un razonamiento demasiado inmediato. Nos hacen olvidar que existen factores de por medio, que existen situaciones, que este conflicto eterno se da porque la sociedad suele ser reaccionaria, prende como mechero ante un caso y después entra en razón y tranquilidad al darle una mirada mas detallada, más compleja.

Porque en general el Estado no tiene ningún impedimento gravitante para volver a establecer una pena capital, y estas concepciones morales son aspectos que cada uno debe de dirimir. Son sino otros elementos los que son decidores en cuanto a lo que puede resultar de restablecer la pena capital, y que ya referí previamente.

¿Pero es necesario tener una pena de muerte? ¿Vale arriesgarse a tener una ley de esa gravedad si es que existe la posibilidad de que sea inútil y costosa para todos? ¿Somos realmente capaces de caer en la misma calaña moral que aquellos a quienes acusamos de crímenes graves?

En cada uno cabe decidir, pues el conflicto en ninguna parte del mundo tiene aún por donde acabar. Yo en lo personal, lo encuentro una medida absurda. Gozar de la pena capital me parece una bajeza. Es dar pena de muerte al alma.