#Justicia

Ley Juan Barrios, la porfía y la sordera de la clase política

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A estas alturas del acontecer legislativo, poco nos debiese sorprender que el parlamento continúe aprobando leyes populistas en lo penal, es decir, que hagan leyes para regular lo que ya está regulado, que aumenten penas en delitos cuando afecten a la infraestructura o personal policial, todo lo que resulta en una persistencia, que raya en la porfía insensata, para criminalizar a la ciudadanía.


La mentada ley “crea” un “nuevo delito”, el robo con intimidación de autos y camiones, figura que, por cierto, ya está cubierta por el delito de robo con violencia e intimidación actualmente vigentes

Sin embargo, aunque nuestra capacidad de asombro ya parecía colmada, hoy nos encontramos con el proyecto de la ley bautizada como “Juan Barrios”, que penaliza (o debiera decir vuelve a penalizar”) el robo e incendio de camiones y, de contrabando, aumenta penas para quienes cometan delitos contra carabineros, alterando una vez más, el principio de proporcionalidad que debe existir en la legislación penal y la aplicación de penas.

Con esta ley, ya aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados, la clase política nos vuelve a mostrar su desconexión total con el mundo ciudadano y su errada creencia en que, subir las penas prevendrá delitos y el pueblo votará por ellos por solucionar un problema delincuencial: Crasso error.

En efecto, lo que persigue esta ley es dar una falsa sensación de seguridad a un grupo determinado de la población (los camioneros) lo que se hace con esta ley es sólo engañar a la ciudadanía y, de paso, dar otro espaldarazo a una institución desprestigiada ante el pueblo por el constante abuso de poder que ha ejercido en su contra. Así, la mentada ley “crea” un “nuevo delito”, el robo con intimidación de autos y camiones, figura que, por cierto, ya está cubierta por el delito de robo con violencia e intimidación actualmente vigentes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Además, eleva las penas en forma totalmente desproporcionada a quienes incendien vehículos policiales con ocupantes en su interior, y sin resultado de muerte, imponiendo las penas de pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, siendo que si se incendia un vehículo cualquiera en iguales condiciones, la pena es de presidio mayor en su grado mínimo, y si a consecuencias del incendio, fallece algún funcionario policial, la pena es de presidio perpetuo o perpetuo calificado, pero si la víctima fuese civil la pena sería de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo.

Sabemos que el subir las penas no soluciona el problema de la delincuencia. Así lo han mostrado leyes como la Ley Emilia, la ley de violencia intrafamiliar, la ley de drogas, entre muchas otras, pero lo que resulta aún más increíble en el caso de la ley comentada no es solo que se siga insistiendo en elevar penas sino que, en una más de las incontables señales en su favor, esto se haga para seguir respaldando a una policía que se encuentra totalmente desprestigiada.

Después de los abusos contra la ciudadanía, de parte de la policía uniformada, hoy debemos ser muy cuidadosos como sociedad, en no seguir alimentando en los miembros de dicha institución la sensación de que, no importa cual sea el acto de corrupción o contra los derechos humanos que cometan, siempre contarán con el respaldo de la autoridad política. Además, tampoco resulta muy atinado desviar esfuerzos legislativos ni recursos para legislar sobre temas absolutamente superfluos, cuando las necesidades urgentes de Chile aún esperan alguna solución desde el poder.

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