#Justicia

Ley antiterrorista y pueblo mapuche

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El Estado de Chile se enfrenta en territorio mapuche a una potencial escalada de violencia, atendido la situación política, económica, y social de dicho pueblo y la forma en que sus órganos y agentes interactúan con él.

La política debiera ser el arte de medir las consecuencias. Si es así, la evaluación internacional de la manera en que el Estado de Chile, miembro de la OCDE, un país ad portas del desarrollo, ha administrado el conflicto que mantiene con el pueblo mapuche será mala.

La declaración de Ben Emmerson, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, quien visitó Chile del 17 al 30 de julio 2013, no debería sorprender a nadie que haya seguido el conflicto por interés académico social, político o étnico.

Como antesala del que será de su informe en éste caso, que será anexado a su informe anual ante el Consejo General de la ONU en marzo de 2014, su declaración deja en evidencia las falencias de Chile para estar a la altura de un conflicto y darle una solución adecuada conforme a estándares aceptables.

La larga evaluación preliminar podría ser sintetizada como sigue:

– La aplicación de la ley antiterrorista resulta inadecuada, ineficaz, y violatoria de derecho humanos y garantías constitucionales. En palabras del relator, “esta legislación se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución”.

– Inadecuada por la desproporción entre el grado de violencia desplegado y la amenaza que representarían las acciones de violencia proveniente de autores mapuches, tanto que a su juicio es suficiente la legislación penal ordinaria para sancionarla. Ineficaz, ya que su aplicación claramente discriminatoria y ambigua, que significa un estigma sobre el propio pueblo mapuche, genera una percepción generalizada de injusticia potencialmente explosiva. Violatoria de los derechos humanos, salvo en la particular percepción de los fiscales del Ministerio  Publico en la Araucanía, y de Carabineros por supuesto, aunque esta institución ha hecho algunos “gestos” ultimo tiempo para enmendar, gestos que casi no se notan agreguemos nosotros.

– Prolongados tiempos de detención y prisión preventiva, denuncias de apremios ilegítimos y torturas, uso de testigos protegidos, vulneración del derecho a la defensa, aplicación de penas maximizadas por la calificación de terrorista del delito en cuestión, y sobre todo la mano blanda -escandalosamente blanda- para los funcionarios del Estado responsable del uso indiscriminado de la fuerza incluso fuerza letal contra mapuches. Se menciona especialmente el caso del homicidio de Mendoza Collío y como su autor continuó en funciones incluso después de su condena.

– El Estado de Chile se enfrenta en territorio mapuche a una potencial escalada de violencia, atendido la situación política, económica, y social de dicho pueblo y la forma en que sus órganos y agentes interactúan con él. De hecho califica la situación como “extremadamente volátil”, y no duda cuando señala que su solución no pasa por la aplicación de una ley antiterrorista ambigua, sin criterios claros para su aplicación, y que ampara la violación de derechos humanos y garantías constitucionales, sino que por una Estrategia Nacional cuya piedra angular debería ser «el reconocimiento Constitucional del derecho Mapuche de existir como pueblo indígena dentro del Estado de Chile junto con la creación por el gobierno entrante de un Ministerio de Asuntos Indígenas dotado adecuadamente de personal y financiamiento.”

– La solución de este conflicto es vista como prioridad política para el próximo Gobierno y Emmerson hace presente que dicha solución “requerirá de un enfoque multifactorial y un gasto considerable en capital político y económico. Pero en ausencia de una estrategia nacional, es probable que la situación en las regiones de Araucanía y Biobío se deteriore aún más, y esto podría suceder sin previo aviso.”

En conclusión, esta evaluación preliminar debe ser medida como una advertencia de que la política que niega al otro como legítimo otro -parafraseando a Humberto Maturana-, que atiende a esquemas autoritarios y se centra en la criminalización, es una no-política, ya que no mide consecuencias, sea por autoengaño de sus actores, o por la simple ceguera ante una realidad que se les opone, o derechamente quiere esas consecuencias.

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Foto: Felipe Durán, tomada desde la página Facebook de Azkintuwe

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