Las esquirlas lanzadas por la sentencia absolutoria del denominado caso “bombas” han dejado varios lesionados, algunos de los cuales esconden sus heridas para no reconocer su condición de damnificados.
Las diversas reacciones tienden a buscar responsabilidades por tan bochornoso acontecimiento, pero poco se ha profundizado en las causas que llevaron a este desenlace. Por cierto que no existe una sola y lo más probable que un concurso de acontecimientos y decisiones hayan influido en el fracaso. Es indiscutible que en los últimos seis años han explotado en la capital alrededor de cien bombas cuya potencia o capacidad destructiva pareciera ser relativa. Es probable, aunque no manejo estadísticas precisas, que en ese mismo período se haya producido un número similar de asaltos que buscaban apropiarse de cajeros automáticos, y quizás un número superior de asaltos violentos a mano armada a casas particulares. Tampoco hay dudas de que las motivaciones de la colocación de artefactos explosivos sean de índole política, mientras que detrás de los asaltos el motivo haya un desmedido afán de lucro.
Es un hecho de la causa que la delincuencia se ha transformado en un tema ineludible de la agenda nacional al punto que fue materia relevante de la última campaña presidencial cargada de promesas que no se han podido cumplir. Los mecanismos por medio de los cuales nuestra sociedad busca reprimir la actividad delincuencial se expresan, en el campo político, a través de la entrega al Ministerio del Interior de la responsabilidad de la mantención del orden público, para lo cual cuenta con la fuerza pública, representada por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Se suma a lo anterior un sistema de persecución criminal integrada por el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, una estructura carcelaria y un vasto ordenamiento jurídico regulatorio en la materia. Sin embargo, y a pesar de toda esa organización e institucionalidad, no se ha sido capaz de enfrentar el problema con algún grado de eficiencia.
En una primera aproximación, pareciera que va quedando en evidencia una severa falta de profesionalismo en los actores encargados del problema. Todo indica que además el fenómeno delictual se está enfrentando más con criterios que privilegian su aprovechamiento político por sobre un efectivo avance en la solución del problema. Por último, también hay indicios de que un proceso aún no muy visibilizado de corrupción esté permeando ciertas capas de los actores que intervienen más directamente en el tratamiento de la delincuencia.
Creo necesario poner el acento, por lo relevante y determinante que resulta en el combate contra la delincuencia, en el rol que juega la policía uniformada. Carabineros de Chile es una institución que no se cuestiona en nuestro país. El coro uniforme de alabanzas que se le dispensan por los más diversos actores políticos y sociales, sumado a una sistemática desinformación que a su respecto se lleva a cabo por relevantes medios de comunicación social y que dicen relación a problemas internos que trascienden, han situado a esta institución en la galería de los intocables. Nadie cuestiona ni pregunta cómo se forman sus integrantes o cuáles son sus planes de estudio; cómo es su vida interna; los principios formadores sobre los cuales se capacita su personal; el estado de su clima laboral interno; cuales son los mecanismos de selección de sus integrantes, su sistema de ascensos, la escala de remuneraciones de sus diversos estamentos, su presupuesto y como se gasta; y un largo etcétera. Al respecto, sólo recordemos la salida abrupta de su general director anterior, por un acto de corrupción -que ha quedado en las más profunda de las nebulosas-y la apasionada defensa que de él hizo el actual general director, para entender de qué estamos hablando. Si en su cúpula se detectan señales de graves irregularidades, es válido preguntarse cómo ello se irradia hacia abajo.
Desde hace ya varias décadas que algo huele mal en Carabineros de Chile sin que se la escrute y evalúe seriamente. Su progresivo deterioro pareciera que ha llevado a sus mandos a desarrollar una política institucional que consiste en mostrar resultados prefabricados que encubren esa realidad gris que persistentemente se viene asomando. Quizás el caso “bombas” sea un fiel reflejo de aquello. La creación de un escenario sin base efectiva que lo sustente, en el cual se gastaron cuantiosísimos recursos, apoyado por una autoridad política y un fiscal con apetitos extra funcionarios, que asumieron acríticamente el caso y llevaron adelante una denuncia apoyada por medios de comunicación obsecuentes, generó una falsa sensación de eficacia, que, sin embargo, sometida a un escrutinio serio, se derrumbó estrepitosamente, dejando al desnudo una incompetencia brutal. Lo grave de todo aquello es que los verdaderos responsables de esos delitos no fueron identificados y que un grupo de jóvenes, que resultaron ser inocentes, sufrieron todo el rigor de una maquinaria represiva ineficiente, afectándose severamente sus derechos fundamentales.
En suma, una doble pérdida para el país. ¿Seguiremos haciendo como el avestruz?
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Foto: Gobierno de Chile
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