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La política pública de concesión de cárceles: una revisión necesaria

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No solo urge avanzar en diversos aspectos principalmente vinculados a los DD.HH. en el tema penitenciario, sino que además se debe comenzar a evaluar que tan eficiente está resultando la política de concesiones de cárceles de acuerdo a sus propias premisas base.

Hace unos días, el columnista José Henriquez Muñiz escribió lúcidamente sobre cómo el sobrepoblamiento existente en nuestros recintos penales y, producto de esto -en alguna medida-, las reprobables condiciones humanas conforme a los estándares internacionales de DD.HH., no encuentran solución incrementando el número de plazas disponibles, en concreto construyendo nuevos recintos penales. Detrás de esta premisa, que comparto con el columnista, existe una política pública que pretendió resolver el problema. Me refiero a la concesión de establecimientos penitenciarios, política que no ha sido cuestionada de manera enfática por parte de todos quienes componen de manera amplia el sistema penal. Tampoco ha habido autocrítica por parte de las autoridades que la impulsaron y ha pasado casi desapercibida para quienes han sucedido en tales investiduras.

La política de concesión de cárceles impulsada en el gobierno del Presidente Lagos a fines del año 2000, proponía un cambio bastante relevante en nuestro paradigma tradicional que concebía al castigo como una labor privativa del Estado. Desde la construcción de los establecimientos, pasando por la prestación de diversos servicios, hasta las labores propias de seguridad y reinserción, siempre fueron tareas exclusivas del Estado. El sistema mixto adoptado en Chile mantuvo en Gendarmería las labores de seguridad y dirección del recinto, al igual que la definición de las orientaciones técnicas para la reinserción, permitiendo el ingreso de los privados en las restantes áreas.

El motivo para tamaña ruptura en nuestra tradición decía relación con costos y gestión. Como indicaba el entonces Subsecretario de Justicia, Jaime Arellano, el Estado carece de recursos para crear y operar nuevos recintos penitenciarios -expresamente se dijo que emprender la creación de nuevos recintos por parte del Estado podría ser equivalente al presupuesto de la cartera de justicia de tres años-, además de que se ha evidenciado problemas en la gestión de los ya existentes por parte de Gendarmería. A la fecha de lanzamiento de esta política pública, principios de este milenio, todas las cárceles del país, salvo la de Rapa Nui, se encontraban sobrepobladas.

En el año 2005, Gendarmería atendía en el sistema cerrado a 38.092 personas, con una capacidad real de 22.000 plazas. Es decir, a solo 4 años del lanzamiento de la política de concesiones existía un déficit de 16.000 plazas. Sí los 10 nuevos recintos penitenciarios que debían licitarse en un total de dos años -sin que esto haya sucedido- hubiesen estado disponibles al año 2005, ni siquiera se hubiese resuelto el problema del sobrepoblamiento a solo unos años de anunciada esta política. La medida resulta insuficiente desde su gestación. Luego, diversos elementos que han incidido en la permanente tasa de personas privadas de libertad en nuestro país no hacen más que seguir graficando lo insuficiente de esta política para resolver el problema del hacinamiento carcelario. Esto, sin entrar a valorar otros elementos como los señalados por el citado columnista, que hacen necesario pensar en alternativas.

La concesión no sólo tuvo un mal diseño para enfrentar un problema especifico, sino que además su modelo justificatorio, el public sector comparator, cuyo principal propósito es comparar la eficiencia económica del sector público con la del sector privado, demostró arrojar resultados poco fidedignos. No sólo los porcentajes que se indicaron terminaría ahorrando el Estado, al concesionar la construcción y operación de determinados servicios, resultó siendo errada, sino que además no se cumplieron los estándares pretendidos. Público fue como el primer gran consorcio en adjudicarse el primer grupo de establecimientos, denunció esto.

Lo anterior, no resultaba extraño en la literatura sobre la materia. El modelo del public sector comparator ha recibido múltiples criticas desde los hidden costs hasta el problema de apples and oranges, que impiden formular una adecuada justificación técnica para sustentar esta política, al menos en lo que se refiere a costos y gestión.

No solo urge avanzar en diversos aspectos principalmente vinculados a los DD.HH. en el tema penitenciario, sino que además se debe comenzar a evaluar que tan eficiente está resultando la política de concesiones de cárceles de acuerdo a sus propias premisas base. Las propias dificultades que han existido para completar todos sus proyectos demuestran como intrínsecamente esta política tenía deficiencias. No ha resuelto problemas concretos como el hacinamiento carcelario ni mejorado sus estándares en cuanto a condiciones carcelarias, y lo que es igualmente preocupante, tampoco pareciera haber producido ningún ahorro al Estado en los términos que se prometió.

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Foto: El Rancagüino

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