Por estos días, la justicia parece estar cada vez más cerca de los ciudadanos, especialmente para quienes sufrieron vejámenes en épocas de dictadura en nuestro país. Fin a los pactos de silencio y resoluciones que nos dan una luz de esperanza para sanar heridas que nos permitan recomponer el alma.
Con profunda satisfacción, hemos recibido los luchadores de los derechos humanos la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que durante estos días ha condenado a quince años de cárcel al ex comisario Fernando Pinares, quien junto al capitán Sergio Arévalo, eran los máximos jefes policiales, de quienes dependían los efectivos que llevaron a cabo el crimen de los jóvenes estudiantes Freddy Torres y Felipe Campos, asesinados en septiembre de 1973.Desde ese momento los sometió a crueles torturas, hasta finalmente acribillarlos en las orillas del río Bio Bio, donde aparecieron muertos el 20 de septiembre de 1973.
Los alegatos de la causa fueron llevados a cabo por la abogada Patricia Parra, quién logró que la Corte de Apelaciones acogiera la tesis de la “responsabilidad de mando”, ya que el condenado ex comisario Fernando Pinares era el máximo jefe policial a la época del crimen. Los dos jóvenes ecuatorianos asesinados, habían ganado en aquellos años una beca para estudiar sin costos en la Universidad de Concepción, beca que les fue otorgada por el Gobierno de Salvador Allende para los mejores estudiantes latinoamericanos. Ambos cursaban la carrera de Kinesiología y eran activos miembros de una iglesia evangélica.
La patrulla policial que los detuvo, lo hizo en pleno golpe de estado, mientras viajaban hacia la localidad de Quillón a visitar a la novia de uno de ellos. Desde ese momento los sometió a crueles torturas, hasta finalmente acribillarlos en las orillas del río Bio Bio, donde aparecieron muertos el 20 de septiembre de 1973.
Ni perdón ni olvido. tan crueles fueron en aquella época los asesinos y sus encubridores que a sus familiares, que viajaron desde Ecuador, solo les fueron entregadas dos pequeñas urnas selladas, conteniendo las supuestas cenizas de los jóvenes asesinados. El crimen de Freddy Torres y Felipe Campos forma parte de la querella por los asesinatos de 75 latinoamericanos no chilenos, que la ALDHU presentó contra Augusto Pinochet, ante el juez español Baltazar Garzón.
Aún está pendiente el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre este caso. Sin embargo, mantenemos la esperanza de que el trabajo llevado a cabo por los abogados del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior logre confirmar esta sentencia, abriendo el camino para reclamar las indemnizaciones civiles que corresponda por este crimen terrible.
Confiamos en que la Cancillería Ecuatoriana instruirá al embajador Homero Arellano, para interiorizarse en este caso y así poder prestar toda la colaboración necesaria con la búsqueda de la justicia, que hoy aparece mucho más cercana.
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