Cada cierto tiempo en Chile nos vemos conmocionados con alguna tragedia que tiene como víctima a un niño, niña o adolescente que estaba bajo la protección de alguna institución del Estado. A pocos días de morir una niña en dependencias del CREAD Galvarino, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por la crisis evidente del modelo de atención a la infancia y adolescencia que vive situaciones especialmente difíciles para su desarrollo.
Somos una organización formada por profesionales y académicos de la Psicología Comunitaria, un área de la Psicología que promueve el desarrollo humano desde una perspectiva integral destacando el rol de las personas y sus comunidades en la tarea de mejorar las condiciones de vida. Entendemos que las dificultades que pueden presentarse en las personas que viven condiciones adversas, deben ser abordadas integrando a las personas afectadas así como a su entorno más próximo y a las organizaciones e instituciones responsables de proveer oportunidades para superarlas.Como miembros de una sociedad científica y profesional, nos alarma ver cómo se vulneran resguardos éticos básicos, contraviniendo una serie de normativas que forman parte de las regulaciones existentes en la actuación profesional en los distintos ámbitos de la intervención social.
La evidencia es contundente para demostrar que la actuación de los programas así como de las instituciones que los ejecutan, tiene efectos sobre el desarrollo de niños, niñas y adolescentes (NNA) que presentan dificultades por vivir en contextos de desventaja social. Estos programas e instituciones pueden tener efectos negativos en sus trayectorias de vidas, así como también en sus familias, sino se garantiza la protección de derechos y no se generan condiciones que satisfagan las necesidades propias del desarrollo evolutivo así como las particularidades de los problemas que se atienden.
El sistema residencial se entiende como una alternativa extrema cuando no es posible contar con un sistema de cuidados que resguarde la integridad de los NNA, pero se sabe que impacta el desarrollo con consecuencias en diversos planos, particularmente en el psicológico. Se sabe también que este impacto puede variar considerando un conjunto de condiciones tales como la calidad relacional, especialización del personal, vínculo con el entorno, fortalecimiento de redes de apoyo, entre otros aspectos.
A propósito de la muerte de una niña en una residencia de protección estatal, es que consideramos que la crisis existente en el ámbito residencial advertida y documentada ampliamente hace algunos años a través del denominado “Informe Jeldres”, nos obliga a pensar en las concepciones de infancia a la base y consecuentemente, en las prácticas de intervención que se despliegan a la base de estos programas. ¿Es posible seguir interviniendo de este modo a niños y niñas que han sido separados de sus familias y aislados de sus contextos familiares y comunitarios?
En nuestro país es urgente fortalecer modelos de cuidado alternativo, que eviten la separación de los niños de sus contextos de vida, recomendación que sistemáticamente le han formulado a Chile los organismos internacionales que monitorean el cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales en materia de Niñez y Adolescencia. Dichas recomendaciones recogen una serie de contribuciones provenientes de aprendizajes y experiencias de intervención evaluadas por expertos a lo largo de todo el mundo, que proponen abordajes más integrales, consistentes con el enfoque comunitario, donde los sujetos sean vistos como parte de un contexto que puede ser transformado, en la medida que se generen procesos de participación donde los profesionales sean facilitadores de una intervención construida a partir de un diálogo que integre distintos recursos disponibles en los contextos comunitarios.
Es necesario avanzar en la integralidad en la intervención, la que supone que los NNA en dificultades dispongan de servicios que apoyen directamente el despliegue de habilidades, destrezas y competencias, en todas las áreas de su desarrollo, en tanto la familia debiera contar con apoyo para adquirir herramientas que faciliten el cumplimiento de su rol. Así también, la comunidad requiere de apoyo para la generación de condiciones favorables al desarrollo de niños, niñas y sus familias.
Creemos que en Chile, el abordaje presente en la política pública de infancia y en la política social en general carece de ciertos elementos, que es necesario tener presente. La psicóloga comunitaria Alicia Rodríguez propone algunas características que deberían existir cuando se proponen modelos de trabajo que se fundamentan en el enfoque comunitario:
- Situar las intervenciones en el entorno inmediato de los sujetos, incluyendo la problematización de los factores macroestructurales, de la exclusión y de la naturalización de los problemas.
- Tener en cuenta que los equipos asumen y enfrentan los aspectos estructurales como contexto y también como texto de las intervenciones, incluyendo sus efectos en la subjetividad de los participantes.
- Entender la idea de fortalecimiento en términos individuales y colectivos, integrando en ella la idea de poder, autodeterminación y la búsqueda de igualdad social.
- Considerar las redes como una forma de relación entre actores colectivos, trascendiendo la mera coordinación de recursos, impulsando una conciencia crítica y el ejercicio de los derechos frente a los organismos e instituciones participantes de las intervenciones.
- Postular la participación como un derecho y considerar la toma de decisiones como algo compartido, donde los sujetos sean asumidos como actores y las relaciones entre ellos y el equipo profesional se inspiren en el diálogo. Este último deberá analizar permanentemente su lugar en la comunidad y el tipo de vínculo que establece con ella, ubicándose en una posición no neutral, de intencionalidad y vigilancia ética respecto de sus propias acciones.
Junto con reforzar estas contribuciones y ponernos a disposición de colaborar en la tarea de mejorar el diseño e implementación de la política pública de infancia, nos gustaría sostener que hubiésemos esperado una respuesta más responsable de parte de la autoridad, que resguardara la historia de la niña fallecida y de su familia, tratando confidencialmente el caso y cuidando no exponer en los medios de comunicación, antecedentes que agudizan el sufrimiento y dolor de la familia. Como miembros de una sociedad científica y profesional, nos alarma ver como se vulneran resguardos éticos básicos, contraviniendo una serie de normativas que forman parte de las regulaciones existentes en la actuación profesional en los distintos ámbitos de la intervención social.
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