Inocentes imputados: un comentario en época de crisis

Sin duda, nadie puede permanecer impávido ante la existencia de más de 77 mil personas^[1] que, habiendo sido imputadas por algún delito no se les probó su culpabilidad. Frente a lo anterior, lo primero es pensar que algo está fallando en el sistema y desde allí intentar al menos inferir algunas hipótesis, las que indefectiblemente seguirán reforzando ciertas líneas de pensamiento divergentes que hoy existen en nuestro medio.

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Nada justifica las políticas de mano dura que se promueven en el presente, ni el aumento de las facultades policíacas en pos de un mejor desempeño del sistema; lo prudente es volcar la mirada hacia la realidad y volver a impactarse con las atrocidades que estas medidas de emergencia producen en la democracia y en los derechos de las personas.

Algunos apuntarán los agudos dardos que proporciona el populismo penal hacia los jueces, diciendo que estos son blandos, excesivamente garantistas y difamándolos de continuar permanentemente aceitando la puerta giratoria que facilita la impunidad. Otros, tal vez, con igual grado de agudeza, la emprenderán contra la inoperancia de los fiscales y policías, achacándoles el yerro por la falta de preparación o de expertise para dirigir las investigaciones, porque en sus cabezas estos 77 mil imputados son igualmente culpables a pesar de lo dictaminado por los tribunales de justicia o lo resuelto por las Fiscalías. Y los menos, esos de siempre, los de la disidencia contramayoritaria, se horrorizarán por considerarlo una atrocidad. Dirán que es un hecho que denota la injusticia en la operatoria del sistema penal imperante y abogarán por modificarle.

No obstante estas discrepancias en torno a las causas probables, respecto de lo que no es posible disentir con igual liviandad es sobre los efectos que tales imputaciones provocan en la vida de las personas. Esto por cuanto en una sociedad como la nuestra, el estigma de “delincuente” se adquiere desde que se inicia la investigación y se confirma con la sentencia. Se presume culpable, para la opinión pública, hasta que no demuestre lo contrario. Cargar con el estigma social de haber sido imputado por un delito, cometido o no, trae consecuencias serias para la vida del sujeto, que van desde la difamación pública, hasta la pérdida del trabajo, los amigos e incluso la familia.

La experiencia nos dice, en algunos casos, aquellos que de vez en cuando logran llegar a la prensa, esa misma que antes los condenó públicamente, que se trata de efectos perecederos e imborrables y que estos son infinitamente más graves en las personas que durante la investigación han sido internadas en los recintos penales como presos preventivos. No sólo por el hecho de la privación de libertad que tal medida supone, sino también por las deplorables condiciones a las que fueron expuestos al interior de los recintos penitenciarios; generalmente hacinados y con deficientes estándares de gestión.^[2]

Gustavo Vitale en su libro Encarcelamiento de presuntos inocentes. Hacia la abolición de la barbarie se pregunta, “¿Cómo podemos soportar tanto sufrimiento humano como el que padecen los inocentes depositados en tenebrosos aposentos?, ¿Cómo discutir tranquilos estas temáticas mientras tantos semejantes reciben el tormento de la cárcel sin saber siquiera si cometieron delito alguno? E. R. Zaffaroni, al introducir el citado libro, agrega: “Hay atrocidades que forman parte de una supuesta normalidad hasta que algún perturbador las denuncia; generalmente comienzan por ahorcarlo, quemarlo o lincharlo, la prisión preventiva es una de esas atrocidades, maquillada, racionalizada, explicada de las formas más increíbles e imaginativas, pero atrocidad al fin”.^[3]

El análisis poco a poco nos lleva a profundizar la mirada en el fenómeno de los inocentes frente al proceso penal y se nos aparecen como de improviso esos otros que, habiendo sido imputados de un delito, fueron luego condenados por los tribunales de justicia y sólo en etapa posterior, de forma excepcional, han demostrado su inocencia valiéndose de la acción de Revisión. Sus pesares, sobre todo para los que estuvieron encarcelados como culpables sin serlo, son ya de una injusticia tal que abruman. En Chile el Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública^[4] intenta hacerse cargo del problema, que dista mucho de ser menor o marginal y se alza como una realidad que reclama la atención de todos para su mejoramiento.

El sistema de enjuiciamiento criminal instalado hace ya 15 años, como una solución más acorde a los postulados de un Estado de derecho, aún lo sentimos novedoso, sigue siendo de reforma. Los operadores institucionales han generado una gran cantidad de experiencia; sin embargo, no siempre han realizado todos los esfuerzos necesarios para sistematizarla de acuerdo a los verdaderos resultados y desde allí construir un aprendizaje orientado a dar solución a su operatoria. A pesar del tiempo se sigue trabajando  por darlo a conocer a la ciudadanía y se continúa lidiando con aquellos que pretenden hacerlos responsable de los índices de inseguridad ciudadana o de delincuencia.

Con mayor frecuencia de lo que quisiéramos también se escuchan las voces políticas de algunos militantes del populismo penal que vociferan modificarle, pidiendo más dureza a los jueces y alertando a los votantes de los peligros de las leyes “garantistas”, que supuestamente controlan en exceso a los policías y abusan al garantizar “los derechos de los delincuentes”. No arguyen mayores cuestiones de fondo, sino más bien exacerban algunos elementos para incidir en la opinión pública a través de la exposición morbosa, en el noticiero de turno, del sufrimiento de las víctimas reales hasta hacer del espectador una víctima potencial. Se genera de esta forma, irresponsablemente, una suerte de hastío ciudadano contra la delincuencia que justifica acciones de autodefensa bajo la prédica de la inacción estatal.

Los 77.519 imputados inocentes son el efecto de una especial forma de desarrollar la actividad persecutoria penal, que conjuntamente con las demás cifras -relativas al creciente uso de la prisión preventiva-, pobre desempeño de la actividad policíaca mas allá de la flagrancia, exceso de irreflexividad y automatismo en los operadores, además de un sistema de ejecución penal -sin ley ni juez que lo controle-, develan los reales problemas que hoy afectan al sistema penal.

Son estos los problemas que deben guiar los esfuerzos futuros para producir los ajustes, modificaciones y adecuaciones que sean necesarios, evitando caer en la trampa de las construcciones falaces que se intenta bajo el alero del punitivismo. Nada justifica las políticas de mano dura que se promueven en el presente, ni el aumento de las facultades policíacas en pos de un mejor desempeño del sistema; lo prudente es volcar la mirada hacia la realidad y volver a impactarse con las atrocidades que estas medidas de emergencia producen en la democracia y en los derechos de las personas.

^[1] Chile. 77 mil imputados en los últimos 20 meses resultaron inocentes. Noticia promovida por la Asociación de Pensamiento Penal http://www.pensamientopenal.org.ar/chile-77-mil-imputados-en-los-ultimos-20-meses-resultaron-inocentes/

^[2] Ver Estudio de Diego Piñol y Mauricio Sánchez.  Condiciones de vida en los centros de privación de libertad en Chile. Análisis de una encuesta a seis países de Latinoamérica. Disponible en la web del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile http://www.cesc.uchile.cl/docs/CESC_condiciones_centros_privacion.pdf

^[3] Vitale, Gustavo L. “Encarcelamiento de presuntos inocentes. Hacia a abolición de una barbarie. 1ra. ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2007.

^[4] Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública. http://www.proyectoinocentes.cl/