La Constitución Política de la República, consagra en su artículo 19, n° 2, la garantía de la igualdad ante la ley, entendiendo por ésta la igual aplicación de la legalidad a las personas. Por su parte, el máximo tribunal del país -la Excelentísima Corte Suprema- ha señalado en un fallo de fecha 15 de junio de 1988 que, “La igualdad ante la ley es el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas” (ver Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 85, sección 5ª, página 97).
Desde el mes de julio de este año, la ciudad de Talca se ha visto conmocionada y sorprendida, una y otra vez, con las novedades del llamado “Caso Cohecho”, investigación penal a cargo de la Fiscal Paula Rojas Lardiez, y que está referida a las coimas presuntivamente recibidas por concejales de la comuna para aprobar la patente de un conocido pub. A la fecha, aparte de los empresarios que habrían pagado las coimas, son dos concejales quienes han sido detenidos y formalizados, ambos con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.Es lo mínimamente exigible para nuestra sociedad, es lo que esperamos como ciudadanos de Talca.
Frente a lo ocurrido con esta investigación, se han escuchado un sin número de voces que van desde la indignación de una ciudadanía que cada día desconfía más de sus autoridades y de la política, hasta quienes ven enquistarse una especie de mafia y manejos oscuros. Las reacciones del ciudadano de a pié, ese que cada día se levanta temprano para ganarse la vida y dar sustento a su familia, en una Región que durante largo tiempo ha sido golpeada por las peores cifras de cesantía, son del todo entendibles, y reflejan el sentir lógico frente a un ilícito que precisamente atenta contra la fe pública.
Lo que no resulta para nada entendible, ni razonable, son las defensas corporativas frente a hechos que están en plena investigación, más si éstas vienen de autoridades o medios de comunicación social. Es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas, primero, cuando se supo que el Consejo de Defensa del Estado se había querellado en contra de tres concejales -Albornoz (DC), Vielma (independiente, ex UDI) y Acevedo (PRI)- oportunidad en la cual, el alcalde de Talca, Juan Castro Prieto salió en defensa de los concejales cercanos a él –Vielma y Acevedo- querellados por el CDE. Otro tanto ocurrió la semana pasada, cuando el Concejal Vielma fue detenido y luego formalizado, oportunidad en que se pudo escuchar en Radio Fantástica de Talca, ente radial en donde labora el mencionado imputado, una defensa corporativa del locutor, inclusive criticando el trabajo de la Fiscalía, sin siquiera tener todos los elementos de juicio en la mesa, es decir, defendiendo sin saber bien qué es lo que se está defendiendo.
Resulta a lo menos increíble que el alcalde Castro y los personeros de Radio Fantástica, por sí y ante sí, se sientan en un estado por sobre la legalidad, que les lleve a criticar, vapulear y poner en entredicho el trabajo serio de la Fiscalía, exigiendo que no se persiga penalmente al señor Vielma por ser parte de sus cercanos y respecto de quien “ponen las manos al fuego”. Claramente, estas personas no entienden la igualdad ante la ley, que no es otra cosa que, el sometimiento de todas las personas al mismo estatuto jurídico; al Concejal Albornoz se le formalizó por los antecedentes que obran en la carpeta investigativa, al Concejal Vielma se le formalizó por los antecedentes de la misma carpeta investigativa, y ello no debe sorprendernos, ni menos indignarnos, ya que son las instituciones las que están funcionando.
Comentario aparte resultan los dichos del Concejal Luis Sebastián Vielma, que en la radio para la que trabaja se ufanó del trato recibido por el personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), quienes teniéndolo detenido en su cuartel, lo habrían mantenido en la guardia, sin medidas de seguridad, con acceso libre a las redes sociales hasta altas horas de la madrugada. Usted se preguntará, ¿a otro detenido le dan ese tipo de regalías? ¿A un ciudadano común lo mantienen en un calabozo o en la guardia? ¿A un detenido lo mantienen sin medidas de seguridad? ¿A un detenido se le permite usar Internet libremente? Resulta obvia la respuesta, y nuevamente nos encontramos con un conflicto respecto de la igualdad ante la ley, resultando a lo menos curioso que Vielma reclame por haber sido detenido y luego formalizado, pero asimismo, sea a quien se le trata con el pétalo de una rosa por parte de la PDI, a decir de él mismo.
El respeto de las garantías constitucionales es requisito sine qua none de un Estado de derecho, y resulta exigible que en aras, precisamente, de la igualdad ante la ley, se llegue al fondo de la verdad en el mencionado “Caso Cohecho”, caiga quien caiga, porque en definitiva la ley debe aplicarse haciendo abstracción del poder, condición social, dinero, influencias, etc. Es lo mínimamente exigible para nuestra sociedad, es lo que esperamos como ciudadanos de Talca.
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