Resulta difícil escribir sobre la realidad penitenciaria de nuestro país, sin comentar lo ocurrido en el Penal de San Miguel en diciembre pasado.
Esa tragedia nos hizo abrir los ojos ante la situación insostenible de nuestras cárceles, con niveles de habitabilidad indignos para cualquier ser humano y de hacinamiento que superan largamente la media de nuestra región, situaciones que convierten al cumplimiento de una sanción penal, en una verdadera privación de derechos fundamentales.
Quizás una de las causas mediatas de lo sucedido, ha sido el discurso falaz de “la puerta giratoria” y el “combate a la delincuencia”, conceptos que a fin de conseguir réditos políticos, han logrado instalar en Chile, ese “clamor popular” por un mayor número de cárceles para los infractores, el aumento desproporcionado de las penas y la proliferación indiscriminada de tipos penales.
No es ninguna novedad decir que la privación de libertad, no es la solución a todos los problemas de una sociedad, y menos que dicha privación tenga algún efecto positivo en la socialización de los internos, bien lo dice el profesor Zaffaroni, “enseñar a vivir en libertad mediante el encierro, es como enseñar a jugar fútbol dentro de un ascensor.” Lamentablemente, todavía creemos en esa falsa sensación de seguridad que nos da que “ellos” estén tras las rejas, situación que esperemos que pueda ir desapareciendo, cuando como nación nos demos cuenta de que esos “otros” pudimos haber sido “nosotros”, sino hubiésemos tenido las oportunidades que la vida nos entregó.
Hace unos pocos días, se ha presentado al país un Proyecto de Ley de indulto. Dicha medida me parece correcta en cuanto ataca una parte de la problemática que afecta a nuestro sistema carcelario, específicamente los grados de hacinamiento en los que “sobrevive” la población penal.
Sin embargo el paso adelante que debemos dar como sociedad, debe ir acompañado de una revisión completa de nuestro sistema de penas, hacia una racionalización de las mismas, y a la aplicación restringida de la privación de libertad, sumado a lo anterior, urge contar con una legislación que se ocupe de la ejecución penal, un país que aspira al desarrollo no puede permitir que un ámbito tan importante del derecho, que regula la privación de un derecho fundamental como es la libertad, este reglado por normativas de carácter reglamentario.
Dentro del ámbito de la ejecución penal, la Defensoría Penal Pública ha realizado un significativo aporte, a través de la creación de una Defensoría Penitenciaria, que partió como proyecto piloto en la Región de Coquimbo, y que en la actualidad se encuentra en proceso de licitación para expandirse a otra regiones de nuestro país, quizás la contribución mas importante no dice relación con la sola prestación de defensa jurídica a personas privadas de libertad, sino que con el respeto a su dignidad como personas.
Patricio Tello Pizarro
Defensor Penitenciario IV Región
DPP Región de Coquimbo
Columna publicada en la Revista 93 de la Defensoría Pública (Año 2 Nº 5, Mayo de 2011)
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