El derecho al acceso a la justicia, confianza y equidad social

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Desde hace años se han hecho grandes reformas para modernizar el sistema normativo y el poder judicial, mientras las  necesidades de las personas que están excluidas del acceso a la justicia debido a la carencia de recursos sociales y económicos para proteger sus derechos, han visto postergada una reforma global que permita brindar una solución institucional propia de un país moderno y equitativo a aquellos problemas.

Durante las pasadas décadas, el sistema jurídico chileno ha experimentado históricas transformaciones, como la introducción de la reforma procesal penal, la reforma laboral, la creación de los tribunales de familia, entre otras.

Sin embargo, durante ese tiempo no ha sido abordada una solución a los problemas del acceso a la justicia. Desde hace años se han hecho grandes reformas para modernizar el sistema normativo y el poder judicial, mientras las  necesidades de las personas que están excluidas del acceso a la justicia debido a la carencia de recursos sociales y económicos para proteger sus derechos, han visto postergada una reforma global que permita brindar una solución institucional propia de un país moderno y equitativo a aquellos problemas.

El último informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Gabriela Knaul, ante el Consejo de Derechos Humanos, plantea que el desarrollo y soporte efectivo de un sistema de apoyo del acceso a la justicia es un elemento esencial de un sistema de justicia humano, eficiente y equitativo basado en el estado de derecho. Este es un derecho que constituye el fundamento y condición previa para el disfrute de otros derechos, como el derecho a un juicio imparcial y el derecho a un recurso judicial efectivo, y una salvaguardia importante que asegura la equidad fundamental y la confianza pública en la administración de justicia.

El acceso a la justicia supone la eliminación de obstáculos y barreras que impiden o lo restringen, lo que se logra a través de la prestación de servicios de asistencia a las personas que no pueden sufragar, los gastos de asesoramiento jurídico, representación y acceso al sistema judicial de otro modo. Lo anterior debe incluir la prestación de una asistencia jurídica eficaz en cualquier procedimiento judicial o extrajudicial, así como también debe abarcar la formación jurídica, el acceso a la información jurídica y otros servicios prestados a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

La confianza es uno de los principales indicadores de resultado sobre el funcionamiento de una institución pública. De acuerdo a los estudios del Latinobarómetro, en el promedio de las encuestas entre 1985 y 2010, sólo el 27,4 % confía algo en el poder judicial, el 5,4 % confía mucho, mientras que la gran mayoría de la población chilena confía poco (41,1 %) o nada (26,2 %) en la justicia. Esto convierte al poder judicial en una de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía. Llama mucho la atención que esta situación no mejoró con la introducción de las reformas a la justicia penal, laboral o de familia.

La falta de confianza en la justicia depende en gran parte de la lejanía que tiene la ciudadanía respecto del poder judicial debido a lo costos de acceso y la carencia de información para la defensa de sus derechos.

La instalación de procedimientos orales y el establecimiento de sistemas profesionales especializados de defensa, como en los casos de la Defensoría Penal Pública y la Defensoría Laboral, han contribuido a instalar un modelo de acceso público para los sectores que no pueden costearlo, con servicios de calidad; pero la ausencia de una gran reforma a la justicia civil que, mediante la oralidad y un servicio de defensa legal especializado, reduzca los costos de acceso y permita a sectores excluidos de la ciudadanía hacer valer sus derechos, mantiene una grave brecha de desigualdad en nuestro país. Esto impide que se desarrolle un enfoque integral y coordinado para satisfacer el amplio abanico de las necesidades legales de los ciudadanos.

El anquilosado sistema de las corporaciones de asistencia judicial que entrega la eficacia del acceso a la justicia a jóvenes recién egresados e inexpertos, es un modelo ineficaz e inequitativo, y requiere su pronto reemplazo por un servicio público especializado y moderno, cuestión que se ha venido dilatando desde hace mucho tiempo.

Esto debe ser acompañado por un rediseño mayor de la distribución geográfica de los tribunales y de todos los servicios de justicia del país, para evitar la persistencia de desigualdades locales y sociales.

Por otra parte, no han existido programas sistemáticos y de alcance nacional para revertir las asimetrías de información entre los ciudadanos sobre los derechos que los asisten. Las desigualdades de capital social y cultural marcan fuertes exclusiones, que son incrementadas por la desigualdad del sistema educativo y el escaso rol que la educación legal y cívica juega dentro de él. No existen esfuerzos coordinados para proporcionar información a los ciudadanos sobre sus derechos, especialmente para quienes son más vulnerables frente a su denegación o limitación arbitraria.

El programa de Unidades de Justicia Vecinal, el cual ha sido mostrado por el gobierno como un gran éxito, ha perseguido dos objetivos contradictorios: dar acceso a la justicia y desjudicializar conflictos. Si bien los mecanismos alternativos permiten resolver conflictos, gran parte de los sectores desventajados requieren también de una protección judicial efectiva. Por otro lado, dicho programa no ha logrado revitalizar los sistemas normativos comunitarios.

En este último aspecto, sectores tradicionalmente excluidos de la protección jurídica, cuales son los pueblos indígenas, se beneficiarían del reconocimiento de sus propias autoridades y normas para resolver los conflictos que surjan entre sus miembros.

El acceso al poder judicial también puede ser facilitado mediante la expansión de las acciones colectivas, así como por la necesaria y aún pendiente creación de un defensor del pueblo que pueda impulsar dichas acciones.

La confianza pública en las instituciones de justicia puede encontrar un sólido soporte en la equidad del acceso a la justicia, mediante la eficaz garantía legal y administrativa de este derecho. Sin ello, las grandes reformas en el sector justicia irán inexorablemente en beneficio de unos pocos y no del conjunto de los ciudadanos.

*Entrada escrita en conjunto con Salvador Millaleo Hernández, Ph.D., Abogado y Sociólogo, Profesor  U. de Chile.

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Foto: Wikimedia  Commons