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La absolución de Enrique Orellana, ejecutivo del Banco Central, acusado de abusar de sus tres hijas luego de una condena inicial de 60 años, deja esparcidas, como esquirlas, interrogantes de distinto tipo.
A nivel individual, el desaliento emerge ante los embates mediáticos y emocionales experimentados por las niñas.
A nivel institucional, surgen inquietudes con relación al accionar de los tribunales de justicia. A nivel grupal, el caso pone de manifiesto la indefensión a la que está sometida nuestra infancia. Aparece con más urgencia que nunca la necesidad de impulsar la llamada Ley de Protección Integral de la Infancia que busca que todas las instituciones involucradas en la protección de los derechos del niño y adolescente tengan en consideración el interés superior de éstos. La iniciativa fue ingresada como proyecto de ley en diciembre del año 2012 por los senadores, Alvear, Escalona, Walker y Letelier, de la Comisión de Familia encontrándose en estado de tramitación en la Cámara Alta
Si se coloca el ojo crítico en los tribunales de justicia, parece evidente que hay un daño difícil de ignorar, relacionado con los procesos que se llevaron a cabo durante los juicios. Se han alzado voces cuestionando la idoneidad de las pruebas periciales que posibilitaron la credibilidad del testimonio de las niñas. Dicho cuestionamiento apunta a dos aspectos claves. En primer lugar, hace tambalear un procedimiento que está estandarizado y fuertemente reconocido a nivel internacional. Hay tal preocupación por su seriedad que, en nuestro país, la Fiscalía Nacional en el año 2008 publicó, como documento de trabajo interinstitucional, la llamada “Evaluación pericial psicológica de credibilidad del testimonio”. Dicho instrumento rige para las pericias que apunten a ese objetivo y fue producto de una mesa de trabajo de las distintas instituciones involucradas en la temática (SML, CAVAS, LABOCAR, LACRIM, SENAME). En dicha instancia se logró, a través de juicios de expertos tales como psicólogos, psiquiatras y abogados, reforzar la confiabilidad del “Análisis de validez del testimonio” el que, a su vez, tiene por objetivo validar el relato en cuanto a su estructura y contenido. Este es un medio de prueba más que utilizan los peritos psicólogos, que bajo ninguna circunstancia establece si la situación ha ocurrido en la realidad, sino que apoya la labor de los jueces.
En segundo lugar, y todavía más grave, es poner en duda la veracidad de las acusaciones de abuso sexual exponiendo cifras del número de casos en los cuales los imputados son declarados no culpables. Puede resultar tendencioso considerando que la interpretación de la estadística depende de cómo ésta se exhibe. Resulta, además, injusto para los niños que han sufrido o están sufriendo la condición de abuso sexual quienes deben luchar constantemente con la incredulidad del mundo adulto que tiende a protegerse por cuanto es más fácil creer que un niño miente o fantasea a que un adulto incurra en un delito de tal gravedad. Sin embargo, el que un niño esté siendo víctima de abuso sexual amerita que el caso de Orellana no sea considerado como aporte para la causa de desestimar los relatos de abuso sexual. No hay que olvidar que la mayoría de las agresiones sexuales son dentro del círculo familiar o cercano de la víctima, por lo tanto, la primera barrera que deben atravesar los niños es la de ser escuchados por su familia, con toda la carga emocional que la revelación tiene en su propio círculo. Añádase a ello el sometimiento a todos los procedimientos de los tribunales de justicia que buscan esclarecer los hechos. Si además eso se realiza en una atmósfera inclinada a suposiciones de invención por parte de los niños, lo único que se logra es enviar mensajes de desaliento para este tipo de denuncias.
Pareciera que es insuficiente la mera búsqueda de justicia o la creación de organismos que los protejan si no van acompañadas de la regulación de procesos y protocolos que hagan prevalecer siempre el interés superior de los niños.
Es de esperar que este impactante caso constituya un punto de inflexión en materia de conciencia pública ante el flagelo del abuso sexual infantil. Cada día se hacen más mediáticas las causas que involucran a menores tales como la del jardín infantil Hijitus o la sobreexposición a la que fue sometida Belén, la niña embarazada como consecuencia de la violación por parte de su padrastro. Pareciera que es insuficiente la mera búsqueda de justicia o la creación de organismos que los protejan si no van acompañadas de la regulación de procesos y protocolos que hagan prevalecer siempre el interés superior de los niños.
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Nicole Díaz
Buena columna, sobretodo en un caso tan mediático como este, en donde hubo una mirada más adulto céntrica de la versión de las menores, y donde los protagonistas fueron los adultos, dejando de lado a quienes merecían protección y cuidado, las tres menores. Que lástima que en Chile no se haya hecho una ley de protección al menor con más solidez, que evite este tipo de sucesos ya que acá se dejó en libertad a una persona, pero donde esta el sujeto entonces que agredió a las menores, que están haciendo los tribunales y encargados de estos temas para reparar el daño a estas menores?, ya que al parecer donde Orellana salió en libertad el caso se cerró, y ahora ¿ qué sucede con las niñas?
paula perez
leyó la sentencia? a las niñas nunca las abusaron, no hay culpable porque nunca hubo delito
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María Fernanda Guerra
Muy interesante la columna, llama a reflexionar nuevamernte en donde esta el foco de atención en materia de abuso, pero sobretodo, el tema de la credibilidad, donde claramente son los niños los que se ven perjudicados.