#Justicia

Compensaciones: ¿se puede poner precio a la vulneración de derechos?

5 |
COMPARTIR
EN WHATSAPP
COMPARTIR
EN WHATSAPP

Uno de los principales problemas de un modelo de sociedad intermediado esencialmente por la economía, es que a todo pone precio. Lo que antes habría sido imposible valorizar monetariamente hoy es parte de transacciones aceptadas como normales.  El caso más extremo es poder compensar por vulnerar derechos, símbolo del nivel de mercantilización al que puede llegar el mundo, un país, una comunidad.

Un claro ejemplo es el recurrido concepto “el que contamina paga”.  A pesar de la inocuidad de la sentencia, el principio detrás de la frase es que con dinero, igual que con Visa, todo se puede comprar.  Pero tal ilusión es sólo eso, un espejismo que choca con una realidad superior, la biofísica.  Sin dinero sí puede haber vida, pero sin vida no habrá compradores ni vendedores.  Por eso, más que “el que contamina paga” debiéramos propender a que “el que contamina deje de contaminar”.

Algo similar ocurre con los bonos de carbono, donde las grandes corporaciones compran una especie de “vales” globales para poder emitir gases de efecto invernadero.  Estas “licencias verdes” las emiten empresas y estados que hacen lo contrario, por ejemplo, invirtiendo en energías renovables no convencionales, mejorando la eficiencia energética de sus procesos, reforestando o preservando bosques y recuperando cuencas hídricas, junto a un largo etcétera.  En la práctica se utiliza el mercado para mitigar un problema que el propio sistema económico global, a través de la explotación ilimitada de los ecosistemas, generó.  La incongruencia de aquello ya la anunció alguna vez Albert Einstein: “No podemos solucionar problemas usando el mismo razonamiento que usamos cuando los creamos”.

Es parte de la filosofía de los estudios de impacto ambiental: “Arrasaremos con el ecosistema del cual depende su vida, pero le daremos un fondo concursable”, “ya no podrá caminar tranquilo en la calle por los miles de trabajadores arribados, pero  su quiosco venderá más”, “póngale precio a su parque nacional, que nosotros compraremos el doble de lo que haremos desaparecer”.  “Es el costo del progreso”, nos explican.

Igual que el proyecto de ley de compensaciones que el ex ministro de Energía, Marcelo Tokman, envió al Congreso en las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet.  Este pretendía destinar dineros fiscales (el cargo inicial sería a la empresa, que luego lo descontaría de sus impuestos) por megawatt instalado en comunidades que asumieran costos socioambientales de proyectos energéticos de alto y negativo impacto.  Aunque nada ha avanzado tal iniciativa, hace poco la diputada Clemira Pacheco arremetió con una idea similar: reducir las tarifas eléctricas para pobladores de comunas donde existan plantas generadoras altamente contaminantes. No pide que se retiren ni que mejoren sus procesos sino que paguen por vulnerar el derecho constitucional de sus vecinos a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

Pero esta conducta no es puramente ambiental. También la hemos visto en el ejercicio del derecho a manifestarse y a la movilización social, donde la Constitución protege la garantía a “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”.

Lo demuestra el acuerdo al que llegaron en mayo (pero recién conocido la semana pasada) el director del Servicio de Salud de Aysén, Roberto Sepúlveda, y la directiva regional de la Fenats, en el sentido de subir dos grados a los auxiliares y administrativos a contrata del organismo y del hospital regional, siempre y cuando cumplieran una serie de condiciones.  Entre ellas “mantener una conducta acorde a las reglas de la moral, las buenas costumbres y el orden público” y “abstenerse de participar en huelgas, movilizaciones o acciones que propendan a desacreditar o a menoscabar la imagen de sus superiores, del establecimiento de su dependencia o del Servicio de Salud de Aysén o de sus autoridades”.

Lo primero que como ciudadano uno puede preguntar (con el derecho que da tratarse de recursos públicos) es si tal aumento salarial es un derecho o, al contrario, un privilegio. Si es lo primero, es complicado sentar el precedente de poder ejercer determinadas garantías sujeto a condiciones.  Si es lo segundo, que una autoridad vaya por la vida regalando plata pública tampoco es muy correcto.

Como personalmente creo que la lucha que ha dado la Fenats por alcanzar mejoras salariales y laborales es justa y alude a derechos que debieran estar garantizados, ahondaré particularmente en lo primero.

Porque, al igual que la educación de calidad de acceso universal (no supeditada al poder adquisitivo) que reclaman los estudiantes, los derechos no pueden ser condicionados.  Y menos aún mediante la vulneración de otras garantías, en este caso de la libertad de expresión.  Mención aparte requiere eso de exigir un comportamiento ajustado a “la moral, las buenas costumbres y el orden público”.  ¿Qué es esto, quién lo mide, dónde están escritas tales normas?  Tan subjetivo es aquello que abre de par en par la puerta para que el superior del servicio ejerza, bajo la posibilidad de terminar con el beneficio, la aplicación de tal cláusula como mecanismo de control funcionario.

Probablemente si viviéramos en una sociedad global, nacional y regional justa las personas no debieran recurrir al remate de sus derechos para acceder a un mejor pasar, transacción que hace agua por todos lados al atentar contra derechos humanos de toda índole; la calidad de vida actual y futura, la dignidad, e incluso la preocupación por el otro (“si me pagan, no puedo andar pensando en el resto” se escucha por ahí). 

Mientras no avancemos de verdad en la equidad, más que responsabilidad estatal y empresarial seguiremos generando un clientelismo muy difícil de erradicar.  Clientelismo que a algunos, por cierto, les interesa mucho mantener.

****

Imagen: Businessman and dollar sign on scale (Leon Zernitsky – Stock Illustration Source)

TAGS:

Los contenidos publicados en elquintopoder.cl son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.
Te invitamos a conocer nuestras  Reglas de Comunidad

Comentarios

Quedan 1500 carácteres.

Ordenar comentarios por:

19 de Octubre

El fundamento que ha avalado el uso del dinero para estos fines es poder permitir la comparación para poder decidir. Los humanos no tenemos la capacidad de resolver en forma multivariada, por lo que buscamos poder llevar todo a una variable; en este caso el dinero. Pero podría ser una lógica de otro tipo: por ejemplo, cuando se hace un proyecto, cuantas personas son beneficiadas y cuantas pierden (solo hablando de número). Finalmente, es la búsqueda de un denominador común que permita tomar decisiones.
La lógica de que se trabaje con las restricciones nada mas, hace que la mayoría de los proyectos NO se puedan hacer nunca. Porque todos los proyectos tienen algún impacto en alguien o algo. Si pusiéramos la restricción de que nadie se puede ver afectado negativamente, por ejemplo, bastaría que cualquiera dijera que no le gusta el proyecto para detenerlo.
Si ponemos que no se puede contaminar NADA, no se pude hacer ninguna cosa, pues, por echar a andar una maquina se contamina, igualmente si se contruye algo, pues contamina el espacio visual. Por lo tanto, para que las restricciones funcionen, tienen que ser muy específicas y fácilmente interpretables.
Por todo esto, es que se ha optado por usar el dinero como ente simplificador.
Saludos

19 de Octubre

Hola Arturo. Compartiendo contigo que el dinero es sólo un mecanismo estándar de intercambio de servicios y bienes (y a veces, puros males), esta opción no justifica que se use para permitir que se vulneren derechos de las personas y las comunidades. Porque hay situaciones y situaciones. No es posible comparar a un padre que en un arrebato le grita a su hijo con un torturador. En ambos casos hay impacto hacia el otro, pero no son comparables. El decir “todo genera impacto” sin entender conceptos como resiliencia, por ejemplo, sirve a veces para justificar toda acción. Fumarse un pucho no es lo mismo que quemar neumáticos, y esto que instalar una termoeléctrica. El punto es que hemos mercantilizado todo, cuando el dinero y la noción de propiedad sobre los bienes son construcciones culturales (más allá que lo comparemos con la instintivo noción de territorialidades), en cambio sin biodiversidad o con bienes comunes inexistentes o contaminados, de plano no hay existencia.

No digo que no existan indemnizaciones (un mecanismo a la luz de hechos consumados) sino que se hagan “indemnizaciones ex ante”, que simplemente están orientadas a doblegar la voluntad humana de defender los propios derechos, lo cual es es además un atentado a la dignidad.

19 de Octubre

Patricio
Obviamente hay algunas cosas en las que el límite no se sobrepasa con plata (al menos institucionalmente….); por ejemplo el matar a alguien o robar.
El punto es que en temas como contaminar, al entender que la contaminación EXISTE, la provocan varios, ¿como haces que alguien nuevo no contamine?..sería dar un monopolio a los que si contaminan ya. Como ves, el problema radica mucho en cuando un derecho choca con otro. Porque los creadores de derechos no aseguran que no pasará eso, y menos aún cuando ese derecho no tiene parámetros duros para estandarizarlo.
Por ejemplo, si la educación es un derecho ¿ese derecho establece que sea gratis?..no, no ha sido así descrito. Solo en el caso de que no tenga como pagarlo (debe demostrarlo), tiene derecho a una educación gratis, que de facto es mediocre. Luego, ¿se asegura la gratuidad y la calidad?..¿como mides la calidad? ¿Como efectivamente compruebas que el derecho se cumple?..

Te lo refuerzo con algunos conceptos…¿sabes tu que el tiempo tiene un precio en Chile? Para evaluar proyectos. Consulta en google por el valor social del tiempo. Podrás ver, por ejemplo, que una hora es valorizada en $1056 para tiempos de viaje. Es decir, si presentas un proyecto que ahorra 1 hora de viaje a 1 persona, provocaste un beneficio de $1056, que puedes invocar para que el proyecto sea aprobado y financiado.

Y así. Repito, cuando los derechos no tienen límites super claros, suceden cosas como el que alguien los hipoteque para percibir una renta. Tiene que ver con una realidad humana, con nuestras necesidades y con nuestros valores.
Saludos

21 de Octubre

Hola Patricio: Me parece que estas en lo cierto , solo que hay que hacer ciertas precisiones para que Arturo entienda o reflexione . Vamos al fondo del tema.
1,.Arturo da muchas cosas por absolutas e inevitables:
-Cree que todo debe ser un negocio privado de lucro y que el Estado es ineficiente.
No es así. la producción de bienes de uso fundamental para las personas: educación, salud, previsión, energía, agua, gas etc, deben ser responsabilidad del Estado. Es la única forma de garantizar el precio justo y la calidad del servicio. Les recuerdo que el Estado Chileno creo y desarrollo las bases fundamentales de la producción chilena: ENDESA, CAP, ENTEL, CTC( Telefonos), Correos de Chile, AZUCAR , SNS (Salud), Educacion ( Ministerio de Educación), Soquimich, Soc Chilena del Litio, etc,etc…La mayoria tan “malas·, que fueron rápidamente “compradas ” por los ” empresarios” chilenos durante el gobierno de Pinochet.
2.-Si de regular se trata en el actual desastroso estado para los usuarios chilenos, hay que decir que el sistema regulatorio como muchos otros en la sociedad chilena, esta totalmente corrupto. No se puede dejar la supervision de las empresas privadas a cargo de entidades estatales, debiles ( p.ej. Mañalich dice que el Ministerio de Salud ” no tiene herramientas para actuar”( caso de Isapres y Clinicas con precios horrorosamente abusivos)) y que permiten pasar funcionarios de Ministerios a empresas privadas que deben supervisar, ah?. Por eso no funciona.
3.-CONTAMINACIÓN. Es lo mismo. Por supuesto que todo beneficio tiene un precio y que nadie esta planteando no hacer ningun proyecto. Solo que si los proyectos altamente contaminantes se dejan en las manos privadas, ocurrirá lo que ocurre; ellos llevaran la contaminacion hasta el limite de los limites, usando toda clase de susrterfigios, usando primero la mediocre legislacion ambiental, la debil y “conveniente” supervison de funcionarios que depues pasan a engrosar la planillas de esas mismas empresas., y finalmente pagando las ridiculas multas en relacion al beneficio que obtienen al cometer infracciones.
El Estado a cargo de estos proyectos pondrá los cuidados respectivos y se encargara de mitigar los daños a las personas sin presiones ni condiciones de ningún tipo. Aqui la supervisión la efectúa la ciudadanía organizada e informada( como afortunadamente ya esta ocurriendo)
Estimo que esto es ir al fondo claramente del tema para dejar de tratar confundir a las personas con términos y fundamentos ” técnicos” de supuestos expertos .
Reflexionemos amigos, por el bien de Chile y las chilenas y chilenos, Cordialmente

23 de Octubre

Me parece muy importante que Patricio exponga los puntos de vista de su artículo. Para los que nos dedicamos al tema ambiental ha sido muy trascendental que después de tantos años de esfuerzos la sociedad tenga claro que no se puede pagar por vivir en un medio ambiente contaminado.
No existe el derecho a contaminar, no hay ningún principio que lo avale, es inaceptable desde todo punto de vista. El principio de quien contamina paga, instaurado paulatinamente en el mundo entero recién a partir de los 70, ha sido una conquista muy importante para el medio ambiente pues lo que dice es que el que contamina paga para no contaminar, es decir: paga por las instalaciones o equipos o medidas que se requieren para no contaminar y que estas no tienen porqué ser asumidas por el conjunto de la población. No somos Patricio o yo los que tenemos que pagar los tratamientos que requiere hacer una planta de celulosa, carbón o cobre con sus emisiones o residuos para evitar la contaminación. Sí tenemos que pagar para que las aguas servidas que generamos sean tratadas como corresponde para devolverlas limpias a su cauce natural, o por los filtros catalíticos de los que tienen autos.
Otro tema distinto es de las responsabilidades que tienen que asumir los que contaminan y hasta donde efectivamente esto está ocurriendo. La nueva Ley de la institucionalidad ambiental debiera permitir avanzar en este sentido.

Ver todos
Ocultar

Nuevo

VER TODO

Error en la base de datos de WordPress: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DESC LIMIT 0,12' at line 4]
SELECT A.ID from wp_posts WHERE A.post_type IN ('post') AND A.post_status IN ('publish') DESC LIMIT 0,12;

Nuevo

Error en la base de datos de WordPress: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DESC LIMIT 0,12' at line 4]
SELECT A.ID from wp_posts WHERE A.post_type IN ('post') AND A.post_status IN ('publish') DESC LIMIT 0,12;

La minería es un sector de alto impacto ambiental y social, que en nuestra región ha dejado desperdigados diversos tranques de relave contaminantes, que es el Estado hoy el que a través de fondos públic ...
+VER MÁS
#Medio Ambiente

Las razonables dudas sobre los casos de cáncer infantil en Chile Chico

Después de la evaluación en Teletón, lloré casi un mes seguido, mi mente ahondaba noche y día en aquel día, sentía que todo había terminado, pero mi hija, seguía y sigue despertando todas las maña ...
+VER MÁS
#Salud

Teletón, el regalo de algunos, esperanza y rehabilitación para muchos

No sabemos si se han levantado los 75 guetos verticales que cuentan con permisos de edificación ilegales, pero como muchos de ellos ya cuentan con recepciones finales
+VER MÁS
#Ciudad

Guetos verticales ilegales : Urge una compensación