En 1961, Paul Schäfer llegó con un puñado de alemanes y se asentaron en las cercanías de Parral. La mayoría de esos primeros habitantes eran menores, parte de la red de pedofilia que a la llegada a nuestro país Schäfer ya había armado. Se constituyeron como la “Sociedad Educacional y Benéfica Colonia Dignidad” y de ahí en más fue el Estado de Chile el que continuamente colaboró con el accionar de la Colonia. Según las investigaciones posteriores apenas se instaló Schäfer en Chile existieron violaciones a los Derechos Humanos en las inmediaciones de la Colonia, primero abuso sistemático de menores y administración de estupefacientes a la totalidad de los colonos, para luego de 1973, ser epicentro de uno de los campos de concentración más sofisticados del terrorismo de Estado.
Su condición de secta se refuerza cuando conocemos los archivos retenidos por el Ministro Jorge Zepeda por cerca de nueve años, correspondientes a cerca de 40.000 fichas con información de inteligencia. Entre su incautación en 2005 y su entrega definitiva al Instituto de Derechos Humanos (INDH) en 2014, tuvieron que pasar muchos años, y ahora se encuentran en preparación para su publicación como archivos públicos. Ellos contienen una etapa dolorosa aún hoy, tanto para familiares como para sobrevivientes de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en la Colonia Dignidad.
En la Colonia Dignidad se fabricaron armamentos tanto de fuego como armas químicas, actividades respaldadas por la Dictadura Cívico-Militar. Durante los 17 años de Dictadura, Schäfer contó con el dictador como cómplice y con el aparato estatal como garantía de impunidad y complicidad con la actividad criminal desarrollada en el predio. Fueron fondos públicos y agentes de Estado los usados para torturar, ejecutar y desaparecer personas durante la totalidad de la duración de la Dictadura.
Los hallazgos en la investigación del Ministro Zepeda apuntan a una compleja red de información que incluso superó nuestras fronteras. El cableado que circunda la Colonia Dignidad tiene ciertas implicancias insospechadas a la fecha en la Operación Cóndor que también involucró un ejercicio de violación de DDHH en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile (Dingues; Kornbluh). Las indagatorias sobre la totalidad de lo que sucedió en Colonia Dignidad están lejos de poder dar cuenta de las complejas conexiones de poder que implicaron sufrimiento en miles de personas incluyendo víctimas de la dictadura, sus familiares, y, desde luego los menores que sufrieron vejaciones por espacio de 43 años, entre 1961 y 2004.
Se requiere que como Estado ejerzamos la recuperación de parte de dicho predio, toda vez que existe una función social que parte del lugar debe cumplir, la de colaborar a la reconstrucción de la memoria histórica de todo el país.
A modo de carta de navegación para avanzar, la Secretaría de Derechos Humanos del Partido por la Democracia, exige:
Es un imperativo para la sociedad chilena continuar la senda de Verdad, Justicia y Reparación en los casos de violaciones de Derechos Humanos. En la memoria de esos crímenes cometidos en contra de la sociedad chilena en su conjunto, en memoria de esas luchas de reivindicación de la vida, y en compañía de familiares y víctimas es que pedimos RECUPERAR LA COLONIA DIGNIDAD.
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